La Junta ha reculado en la Mesa de Negociación que ha debatido este jueves por la mañana el Plan de Recursos Humanos de Conductores del Parque Móvil regional y ha retirado todas las plazas sanitarias que requieren titulación específica, como de auxiliares sanitarios o monitor jefe de taller", ha declarado la Secretaria del Sector Autonómico de FSP UGT CLM, Beatriz Tormo, a la salida de la reunión.
En la mesa, la representante de FSP UGT CLM ha presentado la propuesta de que la "asimilación" de conductores por oposición a sus nuevos destinos sea "únicamente voluntaria", es decir "que afecte sólo a quienes deseen cambiar de plaza por propia voluntad, así como quien haya llegado a la edad de jubilación o desee jubilarse anticipadamente".
La Junta ha dado por concluida la Mesa de Negociación, en la que participaba el Secretario General de Hacienda, Eliseo Gómez Velasco, ya que los parques móviles dependen directamente de esa consejería, con la intención de convocar otra mesa la semana próxima, con el compromiso de aportar nueva información sobre plazas ofertadas y condiciones de aplicación del Plan de RRHH de Conductores.
Previamente a la celebración de la mesa, Beatriz Tormo participaba en la concentración de empleados públicos, ante la Consejería de Presidencia y AAPP, en la que exigía la retirada del Plan de RRHH de Conductores y expresaba que la Junta había "traspasado las líneas rojas al ofertar las plazas de auxiliares de residencias, que requieren una titulación profesional específica, a los conductores por oposición del parque móvil regional".
"Llevamos seis meses aguantando un fraude irracional –ha recalcado la responsable de FSP UGT CLM-, porque han estado jugando al billar con los conductores, hemos ido rebatiendo cada cosa de la memoria técnica del Plan de Recursos Humanos, pero lo más grave, que viene a rizar el rizo, es que quieren meter a los conductores a ocupar plazas de auxiliares sanitarios de residencias, lo que significa cruzar todas las líneas rojas".
Tormo recordaba los argumentos que viene esgrimiendo, que demuestran que es "inviable e imposible" aplicar el Plan de Recursos Humanos de Conductores, porque supone "cargarse los servicios públicos y el empleo público y como novedad ahora los servicios sociales, que es la novedad que tenemos en esta mesa y que es muy a tener en cuenta".
Beatriz Tormo ha señalado que las plazas ofertadas a los conductores eran en un 80% de los casos de auxiliares sanitarios de residencias en cuatro de las cinco provincias, mientras el 20% restante eran de terapeutas, personal de limpieza, ordenanzas o ayudantes de cocina.
Los responsables sindicales que han participado en la concentración han recordado que el Gobierno regional está condenado por vulneración del art 28.1 de derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos y han pedido que se retire el Plan y su memoria "enrevesada", porque castiga a los conductores por llevar meses de lucha por sus derechos.
Igualmente han subrayado la "falta de respeto al personal laboral que supone ofertarles plazas de auxiliares sanitarios, para las que no han aprobado esa oposición", ya que lo que quieren es denigrar unos servicios públicos fundamentales, abrir el melón para privatizar residencias públicas".
Con su concentración, los empleados públicos han querido apoyar el paro número trece que llevan a cabo durante 24 horas y que ha sido secundado por la práctica totalidad de conductores, a los que se han sumando en la concentración empleados de Correos, de la Administración General del Estado, de los ayuntamientos próximos a la capital, de las secciones sindicales de ICSA, Indas, Samar, Rtve, así como de otras empresas y Administraciones Públicas.
Los representantes sindicales de FSP UGT, CCOO, STAS y CSIF han plantado cara a los representantes de la Administración regional y han dicho no al Plan de RRHH porque incumple la normativa, al tiempo que han recordado que ya han presentado un conflicto colectivo en el juzgado, además de una demanda contra los conductores asesores que reemplazan a los conductores por oposición, que han recogido unas 2.000 firmas de funcionarios que se niegan a conducir coches oficiales en su trabajo porque no les han informado de los riesgos de conducir un vehículo público, al tiempo que anuncian que presentarán un recurso por vulneración de derechos fundamentales si sigue adelante este plan.
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