¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN EL SESCAM?

Jesús García Chumillas
Y Jesús Neira Guzmán

En nuestra condición de funcionarios públicos de carrera, con más de 25 años de servicio en Insalud-Sescam, más de 15 años en puestos de responsabilidad funcionarial obtenidos por concurso de méritos, sin pedir favores ni rendir servidumbres. Hemos desempeñado nuestra responsabilidad con gobiernos tanto del PP como del PSOE. Nuestra hoja de servicios está inmaculada e incluye reconocimientos expresos a nuestra labor.

Ante la gravedad de lo que está ocurriendo en el SESCAM, nos vemos obligados a manifestar públicamente nuestro más absoluto rechazo en los siguientes términos.

La desaparición de las Oficinas Provinciales de Prestaciones del Sescam supuso la creación de la Gerencia de Coordinación e Inspección. Una estructura ésta que reproduce en la actual administración regional un organismo similar creado por el gobierno anterior y que la entonces diputada regional, Carmen Casero, actual consejera de Empleo y Economía, calificó como “un chiringuito”, en la sesión de las cortes regionales de fecha 27 de mayo de 2010.

En nuestra condición de máximos responsables de la Oficina Provincial de Prestaciones del Sescam en Cuenca, hemos denunciado por los cauces reglamentarios múltiples irregularidades que afectaban al orden interno de la Oficina y, lo que es más importante, al servicio debido a los ciudadanos. Seguramente lo más grave tiene que ver con la forma en que se está gestionando la Ley de Garantías en los tiempos de respuesta en Atención Especializada.

Como única respuesta hemos recibido una campaña de acoso que finalmente nos hemos visto obligados a denunciar con fecha 25 de enero de 2013, como forma de protección frente a los continuos ataques que, al violentar nuestra integridad emocional y moral, perturbaban gravemente el ejercicio imparcial de las responsabilidades públicas a las que nos debemos. Acoso que también hemos denunciado para proteger al personal a nuestro cargo que se ha sentido también amedrentado. Quizá sea ésta, y sería lo más grave, una política decidida al más alto nivel, una forma institucionalizada en el Sescam que pretende someter mediante el miedo, la voluntad de funcionarios públicos imparciales y garantes de la legalidad.

El Sescam se ha instalado, además de en el miedo y la mordaza, además de en la sistemática depuración de funcionarios para sustituirlos por puestos de confianza política cuando no de servidumbre a intereses empresariales, se ha instalado también en la mentira como norma y en la conculcación de la norma a sabiendas de que la reparación judicial llegará tarde si es que llega. Se ha instalado en la inseguridad jurídica como sistema y en la indefensión como forma de gestión de personal. Se ha instaurado una auténtica dictadura democrática.

En diferentes reuniones con los responsables del Sescam, dentro del proceso de desaparición de las Oficinas Provinciales de Prestaciones, manifestamos reiteradamente, que el proceso a llevar a cabo no podía convertir a las Oficinas Provinciales en un problema para el ciudadano, cuando han sido durante años una solución.  También que el proceso en lo relativo al personal afectado debía regirse por el principio de voluntariedad y méritos objetivos en la reasignación de efectivos, salvaguardando en cualquier caso las retribuciones. El único compromiso que asumieron desde el primer momento los responsables del Sescam fue el de no verse afectadas las retribuciones, como así quedó refrendado en la Resolución de 5 de diciembre de 2012, del secretario general del Sescam (Fernando Sanz).

En el mismo sentido se manifestó el delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Cuenca (Rogelio Pardo), en reunión mantenida el pasado 30 de enero de 2013. En este escenario nos hemos encontrado hace una semana con la supresión de nuestros puestos de trabajo obtenidos por concurso de méritos. Esta circunstancia es la primera vez que ocurre en la administración pública española, y supone la pérdida de puesto y destino definitivo, así como un grave quebranto económico.

Ingresamos por oposición en la administración hace más de 25 años y ahora, una vez expulsados, nos vemos obligados a reingresar. De no conseguirlo en dos años, nos vamos a la calle (excedencia forzosa). Nos preguntamos si ha habido premeditación en la supresión de nuestro puesto que acabamos de conocer. Nos preguntamos también si no seremos incómodos para el Sescam, por defender siempre la actuación conforme a norma y los intereses de los ciudadanos. Lo que sí tenemos claro es que los puestos que nos han quitado se los van a quedar o políticos o empresas privadas. El pasado 14 de febrero este periódico publicó un artículo titulado “Stas-CLM denuncia la existencia de una Dirección paralela en el SESCAM”.

El mismo día, en medio digital se publicó un artículo titulado “La Junta admite la desaparición de las oficinas de prestaciones del Sescam”. En este artículo se manifiesta literalmente: “…Además, han indicado (Fuentes del Sescam sin identificarse) que esta reubicación no va a provocar un perjuicio para el trabajador pues su sueldo no se va a ver afectado…”.

El Sescam miente, al decir que … “no va a provocar un perjuicio para el trabajador…”. Los aquí firmantes vamos a sufrir un atraco a nuestras retribuciones por la supresión del puesto de trabajo. Siendo esto grave, lo es más que vamos a ser desprovistos, sin seguir los cauces legales, del cargo que ocupamos, insistimos por concurso de méritos. El cargo en los funcionarios públicos es un derecho fundamental protegido por nuestra Constitución (Art. 23.2) ¿Por qué nuestra Constitución, así como la de todos los países democráticos, da esta protección especial?. Es común escuchar que los funcionarios públicos somos unos privilegiados porque tenemos nuestro puesto fijo y no nos pueden despedir. Pues bien, últimamente y debido a los continuos casos de corrupción, destapados en muchas ocasiones por actuaciones de funcionarios, parece que la sociedad se va dando cuenta que éstos, además de servir a los ciudadanos, son garantes de la legalidad que nos protege a todos de los caprichos de los políticos de turno. Por eso el cargo no es un derecho en exclusiva del funcionario, sino una garantía de los ciudadanos frente a la intromisión de políticos. Lo contrario serían los políticos apropiándose de lo público que es de todos.

Los aquí firmantes hemos tenido el dudoso honor de ser los primeros de toda España, en ser “despedidos”, es decir, ser desposeídos del cargo ganado honrada y libremente, en condiciones de igualdad con el resto de nuestros compañeros. Una vez abierta esta puerta, ¿qué freno hay para que se generalice y se produzca el desembarco a lo salvaje de los políticos, sus amigos y familiares, en lo que es de todos?. 

Desde estas páginas con todo el respeto que sus cargos merecen, acusamos públicamente a los responsables del Sescam de haber perpetrado el mayor atentado a la Función Pública española en la historia de la democracia. A pesar de que nos expulsan del Sescam, nos preocupa y nos seguirá preocupando el servicio a los ciudadanos de Cuenca en cuestiones tan importantes como la Ley de Garantías en la Atención Sanitaria Especializada, la derivación de pacientes a centros de referencia regional o nacional, la prestación ortoprotésica, el abono de los gastos por desplazamientos, el copago farmacéutico, reintegro de gastos (por urgencia vital, atención bucodental, interrupción voluntaria de embarazo), segunda opinión médica, régimen disciplinario, …