El presidente de la Diputación de Toledo, Arturo García-Tizón, y la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal (imagen de archivo). Al juez de Toledo se le acabó la paciencia ante la total desidia del Gobierno regional, presidido por María Dolores Cospedal, y el de la Diputación Provincial, presidido por Arturo García-Tizón, para llevar a cabo la ejecución provisional de su sentencia dictada en mayo de 2013 en la que declaraba nulo el despido de 23 trabajadores del Hospital Provincial de Toledo en agosto de 2012 e instaba a su readmisión en las plazas que ocupaban en ese momento, con el pago de los salarios pendientes que les correspondieran.
En un auto del pasado mes de abril, el magistrado requería tanto al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha como a la Diputación de Toledo a que se dejarán de zarandajas legales, aunque dicho de un modo y un tono más jurídico, y ejecutasen en un plazo de 10 días la sentencia dictada hace un año.
Y conminaba a hacerlo de manera inmediata tras haber esperado en vano seis meses para que llevasen a cabo esa ejecución provisional de la sentencia, como ya se les instó mediante un mandato judicial en diciembre de 2013.
"Pues bien, seis meses después ninguna de las administraciones condenadas ha procedido a su obligación de readmitir a los trabajadores o, en su caso, en abonarles los salarios en tanto se tramite el recurso de suplicación, en flagrante incumplimiento de una resolución judicial", se relata en los fundamentos del fallo.
Líneas más abajo, se advierte de que si no se ejecuta en el plazo dado se pedirá la identidad del funcionario o la autoridad encargado de llevar a cabo ese trámite, "al objeto de individualizar oportunamente las responsabilidades derivadas, incluidas las responsabilidades patrimoniales a que hubiere lugar". Todo un aviso para navegantes con sello judicial.
Un aviso que no ha caído en saco roto, ya que los trabajadores, tras tener en su mano desde hace un año la sentencia que declaraba nulos sus despidos en agosto de 2012, han empezado a recibir este mes las cartas para su readmisión en sus antiguos puestos de trabajo, en las mismas condiciones laborales, como se señala la sentencia,
El Gobierno de Tizón ha decidido presentar un recurso de reposición ante este mismo juzgado contra la sentencia.
De esa manera, se confirma lo ya denunciado por el PSOE y la Junta de Personal de la Diputación en agosto de 2012 de que se había llevado a cabo un despido colectivo de manera irregular y contraviniendo el convenio colectivo.
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