La propuesta de la Izquierda Plural de realizar una auditoría de la deuda pública ha sido rechazada

Fuente: Tercera Información, 13 de marzo

La propuesta de la Izquierda Plural de realizar una auditoría de la deuda pública del 12 de marzo de 2013 ha sido rechazada por los votos en contra de El PP, el PSOE, UPyD y CIU. El PNV se ha abstenido. ERC, Amaiur, BNG y NaBai han sumado sus votos a favor a los de IU-ICV-CHA.

El portavoz económico de IU-ICV-CHA (La Izquierda Plual), Alberto Garzón, ha defendido en el Pleno del Congreso su iniciativa, que aboga por constituir una comisión de expertos de diferentes ámbitos de la vida social y económica que precise la definición de ’deuda ilegítima’ y estudie los diferentes créditos del Tesoro para identificar las razones por las que se contrataron, con quién y por qué cantidades, y poder así declarar "ilegítima esa parte de la deuda y no pagarla", añadiendo que es una iniciativa que ya "ha empezado a ponerse en marcha en otros países de forma histórica".

El razonamiento de Garzón ha denunciado la "arquitectura de la UE": “la UE ha permitido que las empresas financieras privadas pudieran acudir al Banco Central Europeo (BCE) en condiciones ventajosas y obtener dinero por millones de euros al 1% y, en cambio, ha negado esa posibilidad a los Estados, que han tenido que acudir a los mercados pagando intereses entre el 7 y el 9%”. Esto, además de “una estafa” es “un absurdo".

"Dadas las políticas de austeridad del Gobierno, que han empeorado las condiciones de financiación del Estado y los ingresos públicos, la deuda se hará absolutamente insoportable e impagable", afirma el diputado, que aboga por "determinar, a partir de un criterio establecido democráticamente, qué contratos deben ser reformulados y cuáles no pagar". "Es necesario, entendiendo que el lastre de la deuda pública es suficientemente importante para destruir el Estado del Bienestar", ha dicho el portavoz económico de IU.

Entre las experiencias históricas de auditoría, Alberto Garzón señala a "EEUU cuando invadió Cuba o Irak", también las de "Argentina" tras el corralito o "en 2007 Ecuador". Estos "manifiestan a partir de un criterio establecido democráticamente que se pueden ir compartimentando los contratos para saber realmente cuáles son legítimos y cuales no. Es decir, saber cuáles se van a pagar y cuáles no, o si se van a pagar pero en condiciones totalmente diferentes (...) Si no se hace esta medida -que debe ir acompañada de otras medidas (una política monetaria expansiva por parte del banco central europeo)- estamos avocados a seguir destruyendo todos los servicios públicos".