lunes, 27 de octubre de 2014

Piden la dimisión del consejero Leandro Esteban por "robar" a los interinos sus puestos de trabajo

Fuente: www.elporvenirclm.com, 27 de octubre

Los sindicatos UGT y STAS se han mostrado este lunes entre satisfechos e indignados por la decisión del Gobierno de Cospedal de retirar el recurso de casación que interpuso ante el Supremo para no ejecutar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha que le condeaba al reingreso de casi 400 interinos despedidos indebidamente en agosto de 2012 por vulneración del derecho constitucional de la negociación colectiva y conducta antisindical.

Satisfacción porque por los interinos afectados que se encontraban en una situación económica muy complicada, ya que muchos se les ha acabado la prestación de desempleo, ya que podrán volver a sus puestos y recibir el pago retroactivo de sus salarios desde esa fecha.

Indignación porque el Gobierno regional ha alargado de manera innecesaria la ejecución de la sentencia del TSJ de enero de 2014, a sabiendas que tenía pocas posibilidades de prosperar, y tras "mentir" la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, quien aseguró en una entrevista en un medio televisivo el pasado mes de marzo que iba a readmitir a los interinos pese a que interpusiera el recurso de casación, cosa que no hizo.

Tanto el portavoz de STAS de Castilla-La Mancha, Gustavo Fabra, como la secretaria del Sector Autonómico de FSP-UGT, Beatriz Tormo, han pedido la dimisión inmediata del portavoz de Cospedal y consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, Leandro Esteban, y del director general de la Función Pública, Juan Manuel de la Fuente.

Para Beatriz Torno, son los máximos responsables del alto coste que supondrá para el erario público la ejecución tardía de la sentencia, "por haber actuado de forma despotica y hacer un daño irreparable a todos estos trabajadores, a los que se les robó literalmente sus puestos de trabajo en agosto de 2012, y se encuentran en una situacion precaria, por lo que nos parece increible y lamentable que digan que quieren acabar esta icetidumubre,  cuando son los que la han generado, y encima por una cuestión electoralista".

Recuerdan que con la retirada del recurso la sentencia del TSJ es firme y el Gobierno de Cospedal ha sido condenado por vulnerar la Constitución. "Es el mayor escándalo de la Función Pública de Castilla-La Mancha y no pueden seguir ni minuto más estos dos señores tras todo lo que ha ocurrido con los interinos, y nos vamos a movilizar para que esto no quede como una tomadura de pelo de este Gobierno", ha señalado Fabra.

Evitar un titular

Los sindicatos creen que la decisión ha sido adoptada para evitar que el Supremo dictase una sentencia que echase para atrás su recurso, ya  política y electoralmente hubiera sido muy perjudicial para Cospedal y el PP a ocho meses de las elecciones autonómicas de mayo de 2015.

"Una sentencia de febrero de 2014, que les fue trasladada por el Supremo a la Junta, como a los sindicatos y fiscal, oficialmente en mayo, sentaba jurisprudencia en el sentido de que las modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo eran actos reglamentarios que no tenían cabida en el Supremo por lo que el recurso del Gobierno regional no tenía sentido", ha declarado la responsable de UGT.

También se han preguntado los sindicatos en qué partida van a incluir los entre 24 y 30 millones de euros que deberán abonar a los interinos por los salarios atrasados desde agosto de 2012. "Solo por dilatar de manera innecesaria la ejecución de la sentencia del TSJ, desde enero a octubre, han sido 7,2 millones más que deberá pagar todos los castellano-manchegos por su incompetencia, despilfarro y depotismo", ha indicado el portavoz de STAS.

Los sindicatos han sido convocados hoy por teléfono por el director general de la Función Pública y en ese encuentro pedirán su dimisión y que convoque la Mesa Sectorial.

El jueves mantendrán un encuentro con los interinos afectados para explicarles la situación y los pasos que puede dar el Gobierno regional, que tiene dos meses para ejecutar la sentencia una vez que el TSJ confirme la retirada del recurso en el Supremo. Es decir, el límite será finales de año o principios de 2015. También a partir de este martes se reunirá con los empleados de la Junta.

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