martes, 19 de noviembre de 2013

Las conclusiones del fiscal enfrían las expectativas sindicales de lograr la readmisión de 500 interinos de la Junta despedidos en 2012

Fuente: El Porvenir de Castilla-La Mancha, 18 de noviembre

En los corrillos de los funcionarios de la Junta hay una creciente expectación ante la decisión que adopte posiblemente antes de acabar el año o a principios de 2014 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha sobre sendas demandas por vulneración de derechos fundamentales presentadas por UGT y STAS contra el acuerdo adoptado en la Mesa Sectorial de la Función Pública del 20 de agosto de 2012.
Un acuerdo que posibilitó a la Administración autonómica suprimir 700 puestos de funcionarios interinos de la Administración autonómica y despedir a 500 trabajadores que ocupaban esas plazas amortizadas.
Los sindicatos recurrieron a la vía judicial y reclaman ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior que se anule la orden de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la cual se aprueba la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de personal funcionario y escala superior de sanitarios locales en las especialidades de Farmacia y Veterinaria.

En juego no solo está la readmisión de los 500 trabajadores interinos despedidos por la amortización de sus plazas sino también el abono de los salarios atrasados, que le puede suponer unos 15 millones de euros a las arcas públicas castellano-manchegas.

Sin embargo, según han confirmado desde UGT a El Porvenir, las buenas expectativas que desde el pasado mes de abril existían entre las organizaciones sindicales por la posición favorable de la Fiscalía a los argumentos presentados por los representantes de los trabajadores se han trastocado desde el pasado mes de octubre en cierto pesimismo, debido a que la Fiscalía se ha mostrado ahora, en su escrito de conclusiones, más proclive a la posición de la Administración autonómica, que siempre ha mantenido que tuvo una clara predisposición a negociar la amortización de esas plazas con los sindicatos.
Por su parte, UGT y STAS recuerdan que durante el proceso de negociación la Administración no admitió ninguna de las propuestas de la parte social, retirando la palabra en repetidas ocasiones a los representantes de los trabajadores.
Las organizaciones sindicales siguen manteniéndose cautas, aunque la posición del fiscal siempre es tenida en cuenta por los magistrados.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia puede ser recurrida al Tribunal Supremo y es muy posible que esa sea la vía que recurra tanto el Gobierno de Cospedal como lo sindicatos si es desfavorable a sus intereses.
Además de las demandas de UGT y STAS, unificadas en una sola en el proceso abierto en el Tribunal Superior de Justicia, también se han presentado demandas indiviuales por la vía contencioso-administrativo.

1 comentario:

  1. hay demandas individuales que indudablemente señalan a esa gente que se quedó utilizando malas artes, (asi ocurrio en agricultura con 4) precisamente todos cojos de una pata porque la que no se presenta a oposiciones porque se pimpla la noche de antes, otra que supuestamente va a poner un mercadillo de folios y otros que se venden por tres duros.

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