Spain...quién sabe

Blog El Señor Gordo, 18 de enero

  Yo era de los que no me lo creía. Yo era de los que pensaba que el lema "lo llaman democracia y no lo es" era exagerado. Era consciente, como todos, que existía corrupción política en España. Sabía que gran parte de los políticos no era trigo limpio y que un puñado de grandes empresas gozaban del favor de los poderes públicos. Pensaba que después de todo, las leyes se hacían cumplir (con más dificultad en aquellos que tienen poder que en los que no lo tenemos).

  Conforme avanzaba la crisis, pensaba que el peligro que existía era el del recorte de los derechos sociales y civiles con el pretexto de las dificultades económicas. Yo pensaba eso, y estoy seguro que no era el único. Esta visión que en apariencia era sombría, en realidad no era más que un cuento de hadas. La realidad es otra.

  La realidad, sabemos ahora, no es que en España existan casos de corrupción, sino que todo el sistema político está corrompido. La corrupción no es la excepción sino la regla. Ahora sabemos que España está gobernada, como otros muchos países del mundo, por una oligarquía político-empresarial corrupta, que utiliza los resortes del Estado —y por supuesto de las Comunidades Autónomas— para defender sus intereses. Como en otros tantos países, opera el sistema en varios niveles. Por un lado, como instrumento para favorecer a determinadas empresas que son las que aportan el flujo financiero de la corrupción. Por otro, utilizan el aparato administrativo como oficina de empleo, para situar a sus afines en los puestos clave de la administración. Como tercera pata está el saqueo de los fondos públicos y su apropiación. La corrupción se da a todos  los niveles, estatal, autonómico y local. Como sucede en ciertos países degradados, el gobierno español hace dejación de  la defensa de los intereses nacionales en los foros internacionales, así como en sus relaciones bilaterales y los supedita a los intereses de determinados agentes, para los que nada más salir de su actividad pública pasan a trabajar oficialmente.

  Por supuesto, todo aquel que se opone a sus espúrios intereses es convenientemente apartado. En este aspecto sobran  ejemplos recientes. Jueces  que tratan de investigar son apartados de la carrera o amedrentados. Funcionarios que persiguen el fraude financiero son trasladados. Policías que investigan los asuntos de corrupción son destituidos o sustituidos. Por si eso no fuera necesario.

  Las leyes son convenientemente reformadas en función de los intereses de los corruptos, como la reciente normativa de amnistía fiscal o la reforma del Código Penal. Si pese a todo este aparato, alguno de ellos consigue ser enjuiciado y condenado, el sistema se reserva el último cartucho: el indulto. De esta manera la impunidad de los delincuentes en el poder, de sus amigos, familiares y clientes queda garantizada.

  Cómo hemos llegado a esta situación es algo que escapa a mi capacidad. Gran parte de la ciudadanía ha permanecido voluntariamente ciega, mientras tenía el bolsillo medianamente lleno y podía pagar la hipoteca. La falta de ética se traslada como una filtración de arriba abajo. Esta misma semana una madre se negaba a reconocer lo que cinco testigos y un juez habían presenciado: que su hija había pegado e insultado a una compañera de instituto. Unos medios de comunicación vulgares y serviles, junto con la demolición de la escuela pública ha conseguido por fin la creación de una población con bajos niveles de instrucción, bajos niveles de civismo (por poner un ejemplo España es el país de Europa donde más ciclistas son atropellados por vehículos a motor), y que adoptan como propia una vaga cultura popular pseudo-norteamericana, con desconocimiento absoluto de la propia cultura, cuando no, con una interpretación perversa de la misma, como hacen los nacionalistas periféricos locales.

  Desde una perspectiva histórica, quizá podría señalarse que la pretensión de la transición española de iniciar un régimen democrático sin querer exigir responsabilidades a los que durante años se beneficiaron de un régimen dictatorial,  ni reclamar justicia para aquellos que sufrieron los atropellos del franquismo, fue ingenua.

 Como suele suceder en estos casos, la mayor amenaza para los oligarcas, como para los gangsters, son otros oligarcas u otros delincuentes.

 Pero... quién sabe.