Nota Informativa de la Asamblea de Docentes de Talavera de la Reina

5 de marzo

Desde la Asamblea de Docentes de Talavera de la Reina, queremos denunciar los abusos que se siguen cometiendo contra la educación pública de esta comunidad por parte de la actual Administración. Abusos muy en concordancia con las intenciones explicitadas por nuestra presidenta, Mª Dolores de Cospedal y nuestro consejero de educación, Marcial Marín, que han declarado en varias ocasiones que su intención es aumentar la presencia de la educación privada concertada en nuestra comunidad (hasta en un 31%), lo cual, inevitablemente, va en detrimento de la educación pública.

Cuanto más dinero público va a parar a los negocios privados, menos dinero reciben los centros públicos. Centros, cuyos trabajadores ( a excepción de los profesores de Religión) son seleccionados mediante criterios objetivos entre los que no se cuentan ni las afinidades de ningún tipo, ni la cuenta bancaria. Centros que no dependen de los vaivenes del mercado educativo y cuya prioridad es la formación por encima de la supervivencia. No olvidemos que, la gran mayoría de esos jóvenes profesionales que ahora son contratados por empresas de otros países para desempeñar puestos de trabajo que en este país ya no existen, fueron formados con éxito y rigor en nuestras escuelas y universidades públicas, independientemente de su origen social y económico. Tenemos la obligación de mantener una educación pública de calidad y democrática, así como de proporcionar un entramado socioeconómico que permita que nuestra sociedad se beneficie de los profesionales que forma. Por tanto, la resignación debe ser nuestra enemiga.

Algunas de las medidas tomadas por la Administración actual, nos han llevado a los siguientes escenarios:

1. Existencia de Zona Única, medida con la que se dice otorgar a los padres la libertad absoluta en la elección de centro para sus hijos.

La realidad demuestra que por ejemplo, en la zona de Talavera de la Reina, solo tienen esa libertad los habitantes de la ciudad, no los de su comarca, a los que, no sólo dejan sin colegios rurales sino que no tienen derecho a transporte escolar gratuito si eligen un centro fuera de su zona de adscripción tradicional. Por tanto, la zona única no tiene validez para la comarca de Talavera, que ha sido tan importante para su desarrollo.

Además, existe una absoluta falta de transparencia en el proceso de admisión a los distintos centros, en los que incluso se desconocen las solicitudes reales para el próximo curso. Tampoco se ha convocado a la Comisión Local de Garantías de Admisión, que permite que toda la Comunidad Escolar vele por el adecuado transcurso del proceso.

La consecuencia de esta medida tan populista será la desaparición de centros de primaria y secundaria y con ellos, más puestos de trabajo y la posibilidad de tener una mayor oferta educativa y de mejor calidad. Veremos cómo los centros que tengan mejores instalaciones, gracias a la inyección de dinero público y/o a las aportaciones particulares de los padres, los centros con más prestigio (fundado o no) o simplemente aquellos con mejor situación geográfica, serán centros que aumentarán su alumnado de forma poco sostenible y eso dificultará su funcionamiento. El resto irán perdiendo matrícula hasta convertirse en guetos y desaparecer. Si no hay dónde elegir, ¿para qué nos sirve la libertad de elección?

2. Deterioro de los Centros Públicos.

El aumento de alumnos por clase, y de carga lectiva de los docentes, está llevando a la supresión de muchos puestos de trabajo, pero no porque no se necesiten esos docentes, sino porque se hace a costa de empeorar las condiciones educativas de un alumnado al que la administración ningunea constantemente. Para el curso 2013-2014, en Toledo se suprimirán 135 maestros y 252 profesores de enseñanzas medias. En la región, un total de 1497 docentes, que sumados a los puestos desaparecidos en estos dos últimos cursos, han llevado a la desaparición de cerca de 7000 docentes. En Talavera, perderemos 12 maestros de infantil y primaria ( por ejemplo, en el CP Antonio Machado o en el CP Bartolomé Nicolau), numerosas plazas en las escuelas rurales de la comarca (tan solo en el CRA Río Tajo desaparecen 6). En enseñanzas medias, perderemos 30 profesores sólo en Talavera, decenas también en el resto de la comarca (6 en Oropesa, 4 en Cebolla, etc). Y todas estas supresiones, vienen acompañadas de un desprecio absoluto por el trabajador, al que no se le informa de la evolución de su situación y que por tanto un día se enterará, por ejemplo, de que al día siguiente deberá trasladar su vida a algún lugar a 300 kilómetros de su lugar de trabajo habitual.

No se cubren adecuadamente las bajas de los docentes. Por ejemplo, en Talavera y comarca, los hijos de los ciudadanos han llegado a perder más de un mes de clase en diversas asignaturas. No solo se han dejado de crear puestos de trabajo sino que el gobierno ha demostrado un nulo interés por el derecho del alumnado a recibir una educación digna.

A diferencia de otras comunidades, en CLM los docentes no perciben retribución alguna hasta el 4º día de baja y muchos sufren presiones, que llegan al acoso laboral, por parte de la Administración cada vez que se ven obligados a faltar a su trabajo por cuestiones de fuerza mayor. Esto conduce y conducirá a situaciones de riesgo tanto para los trabajadores como para el alumnado e incluso para el resto de ciudadanos.

El desvío de dinero público a centros privados concertados supone un grave perjuicio para el adecuado funcionamiento de los centros públicos: recortes en el uso de la calefacción, no se puede realizar un correcto mantenimiento de instalaciones, desaparecen becas, ayudas, comedores escolares, gratuidad en el transporte, en los libros de texto,. Algunos centros, incluso, tienen orden de no proporcionar folios a los alumnos.

La Comunidad Educativa NO SE RESIGNA a seguir pagando las deudas de otros y a seguir subvencionando lo que no es de todos. La educación es un derecho de todos, no el privilegio de unos pocos.

Por último queremos hacer llegar nuestra solidaridad a las personas afectadas y denunciar la política de criminalización de la protesta social que lleva a cabo de la subdelegación del gobierno, encabezada por José Julián Gregorio, así como recordar a la portavoz del gobierno municipal, la Sra. Rodríguez, tras su desafortunada intervención en el pleno del ayuntamiento del jueves 28 de febrero, que la inmensa mayoría de las personas sancionadas por ejercer sus derechos constitucionales de reunión y de manifestación pacífica no pertenecen a partido político alguno y que su único delito ha sido el hacer frente a la destrucción masiva de servicios públicos y al retroceso histórico en derechos sociales que venimos sufriendo, con particular vehemencia en Talavera de la Reina y comarca, en los últimos dos años.