La eficiencia privada hace mala pareja con la equidad y la calidad pública
Autor: Santiago Porras Carrasco. Médico Inspector de la Consejería de Sanidad. Comunidad de Madrid. Master en Dirección y Organización de Hospitales y Servicios de Salud (U.P.Valencia). Experto Europeo en Gestión de la Calidad en el Sector Sanitario (AEC)
El conflicto entre intereses públicos y privados es tan antiguo como la humanidad, Platón (nació según las Crónicas de Apolodoro, en el primer año de la olimpiada 88, séptimo del Targelion. Murió, según Hermipo, el primer año de la olimpiada 108 a la edad de 81 años) ya defendía que “el interés privado cede siempre ante el interés público”. 24 siglos después, a pesar de evidencias y experiencias de todo tipo este debate sigue abierto. La codicia y maldad de unos pocos y a la ignorancia y egoísmo de unos muchos hace que se siga imponiendo el interés de aquellos pocos al interés de todos con los argumentos más peregrinos. Hace pocos días en la prensa se podía leer que debido a la climatología la recuperación de la crisis económica sería más lenta, como aquel dictador fascista que se escondía tras la “pertinaz sequía” para explicar todo tipo de calamidades.
Evidentemente en este debate todo está dicho y escrito ya. Poco más se puede añadir que los efectos concretos que produce esa avaricia. Como el caso siguiente, totalmente real y, seguramente mucho más frecuente de lo que se puede detectar:
El niño ABC, nace en 2008, en el hospital Infanta Elena de Valdemoro, que es un centro privado de "Capio Valdemoro, Sociedad Anónima" al que la Consejería de Sanidad de Madrid adjudicó en 2005 la "Gestión de servicios públicos de la Asistencia Sanitaria Especializada del Hospital de Valdemoro", por un plazo de treinta años. (Resolución de 2 de diciembre de 2005, de la Directora General del Servicio Madrileño de Salud). La Consejería paga a Capio un canon anual de 25.242.360 euros, y una prima per cápita: 330 euros persona/año. La empresa propietaria del hospital de Valdemoro, Capio, además de cobrar, como mínimo, esa cantidad fija por cada habitante adscrito, podrá facturar también a cuenta de pacientes desviados desde otros hospitales de la red pública a su hospital o a pacientes privados.
Al niño ABC, con 1 mes de edad, le diagnostican Foramen oval permeable (malformación de pronóstico muy benigno, que se puede encontrar en cerca de un 30% de adultos asintomáticos).
En los tres primeros meses de edad acude en tres ocasiones al servicio de urgencias del hospital donde nació, la última permanece ingresado tres días. En estas consultas no se hace una simple radiografía de tórax, aunque fue diagnosticado de diversos procesos respiratorios. Con 5 meses acude otra vez a urgencias, permaneciendo ingresado cinco días, y se le da el alta para control con neumólogo al día siguiente. Con 7 meses de edad, vuelve a urgencias con dificultad respiratoria quedando ingresado. Ya se aprecia claramente la existencia de cardiopatía compleja con hipertensión pulmonar, manifestación clínica de gravedad. A pesar de todo y sin haber llegado a un diagnóstico, “ante la evolución clínica favorable se decide el alta hospitalaria”.
Al día siguiente del alta acude a urgencias del Hospital Infantil Niño Jesús, siendo correctamente diagnosticado de una malformación congénita, con un simple ECO-Doppler. Esta malformación evoluciona a una insuficiencia respiratoria y cardiaca irreversible por lo que debe operarse antes de los 6 meses. El mismo día ingresó en el Hospital La Paz donde le operan con casi 9 meses de edad. Pudo y debió haberse diagnosticado y tratado antes.
El hospital Infanta Elena de Valdemoro es un hospital privado, por tanto, de gestión eficiente según la doctrina revelada aunque alguna prensa lo critique (Tres proveedores se niegan a servir al hospital de Valdemoro por impago. El centro ha rebajado más del 10% el salario base de las enfermeras. Oriol Güell. El País.- Madrid - 14/03/2008). Se puede dudar, o no, de las buenas intenciones de la Consejería de Sanidad, según cómo definamos “buenas intenciones”; pero no se puede dudar que el objetivo de Capio son los beneficios económicos.
El hospital de Capio-Valdemoro, como lo presentó el propio consejero de sanidad, está “dotado de los medios diagnósticos y terapéuticos más modernos y avanzados”. Si todo esto es así, ante la asistencia prestada al niño ABC, ¿cómo es posible que después de acudir tres veces a urgencias y estar tres días hospitalizado por una sintomatología respiratoria no se haya hecho una simple radiografía? Las respuestas no pueden ser más sencillas. Capio cobra una prima fija por habitante, es decir, cobra lo mismo por hacer una radiografía o ninguna.
¿Cómo es posible que con una sintomatología grave, hipertensión pulmonar, y sin un diagnóstico claro se dé el alta por mejoría?, ¿mejoría de qué? Las respuestas es la misma. Capio cobra lo mismo por ingresarlo tres días o treinta, es más, cobra lo mismo por atenderlo que por no atenderlo. El resultado no puede ser otro, el ahorro en costes es igual al aumento de beneficios. Esto se llama eficiencia, para Capio claro. La salud del niño ABC no sale en su cuenta de resultados pero el número de radiografías sí.
El hospital Capio-Valdemoro, además de prestar asistencia a cargo de la Seguridad Social, como hospital privado puede atender pacientes privados que factura aparte. ¿Si el niño ABC hubiese acudido como privado, el trato habría sido igual? probablemente no. ¿Por qué? por la misma sencilla razón. Si hace tres radiografías cobra más que si hace sólo una. Si está ingresado tres días cobra menos que si está treinta.
Volviendo a la eficiencia de la sanidad privada o de cualquier negocio cuyo objetivo final es el lucro. Las radiografías (o las intervenciones o lo que sea) se hacen a quien las paga, tanto da si hacen falta como si no. Esto supone un riesgo igual de grave para el que paga que para el que no; al primero le pueden someter a pruebas y operaciones innecesarias, mientras que al segundo le pueden negar las pruebas necesarias. Es un mito eso que tanto gusta a algunos ignorantes con dinero: “el que paga manda” o “la soberanía del consumidor” o como se vende ahora “libertad de elección”. Al que no paga le atienden poco y mal; pero al que paga le atienden igual de mal, le cobran demás o le prestan servicios innecesarios.
Al día siguiente de que el hospital de Capio-Valdemoro da el alta “por mejoría” en otro hospital público fue correctamente diagnosticado y quedó ingresado para su tratamiento quirúrgico.·¿Cómo es posible que un hospital público, de dudosa capacidad de gestión, según la doctrina revelada, diagnostique correctamente la patología? La respuesta sigue siendo sencilla: “porque no existe el mismo incentivo económico ni ánimo de lucro”. No hay cuenta de resultados, al menos con la misma finalidad y prioridad que en un centro privado. No hay beneficios a repartir. Lo que sí sale en sus balances es la salud del niño ABC. Esto permite una asistencia con calidad y equidad. El niño ABC fue finalmente intervenido en el hospital La Paz, con evolución muy favorable.
Resultado final: el hospital Capio-Valdemoro cobra su tarifa sin hacer su trabajo y el hospital La Paz hace el trabajo sin cobrar, puesto que no ha presentado ninguna factura al anterior. Pero esto no importa a los expertos contables-económicos, para ellos Capio-Valdemoro es eficiente, porque cobra y no gasta, y La Paz sería ineficiente porque gasta sin cobrar.
Esto se llama “selección de riesgos”. Es una herramienta fundamental en cualquier compañía de seguros, se buscan pólizas con el mínimo riesgo de causar siniestros protegidos. Ahí está el negocio: cobrar y no pagar. Las compañías de seguros sanitarios privados tratan de seleccionar a los que pagan, preferiblemente sanos; los enfermos crónicos o con patologías de tratamiento costoso son rechazados.
¿Qué pasa cuando se les cuela alguno, cuando se produce el siniestro, cuando tienen un paciente complicado?, la “selección de riesgos” también funciona, con más discreción, se va mareando al cliente hasta que se aburre y se va a otro sitio. Este proceso es más o menos largo, según la paciencia del cliente. En el caso del niño ABC, felizmente la paciencia fue poca, puesto que la demora en la intervención quirúrgica suponía un riesgo creciente de haber padecido un fallo cardiaco o haber quedado con una severa incapacidad cardiorespiratoria permanente.
Éste es el mecanismo que permite subsistir a las mutualidades de funcionarios, las mutuas patronales de accidentes de trabajo y a los seguros sanitarios privados. Sin el colchón de la sanidad pública irían a la ruina o acabarían con el problema de las pensiones.
La tan publicada reforma Obama de la sanidad en EEUU pretende, entre otras cosas, limitar la capacidad de las compañías de seleccionar clientes, que es absoluta. Está por ver su resultado.
No acaban aquí los perjuicios para la sanidad pública. La familia del niño ABC lógicamente ha presentado una reclamación que previsiblemente obligará a la administración pública a pagar una indemnización económica si se reconoce la mala asistencia prestada por Capio-Valdemoro. El riesgo al que fue sometido el niño y el sufrimiento de su familia ya es agua pasada. En resumen, la eficiencia privada hace mala pareja con la equidad y la calidad pública. No es nada conveniente para los enfermos, tanto si pagan como si no, que anden juntas.
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