Fuente: Diario El Pais, 5 de octubre
La criminalización del parado como sospechoso de holgazanería cala en el discurso político
Con ese relato, los poderes buscan justificar el abandono a su
suerte del más desfavorecido y neutralizar cualquier resistencia a las medidas
de ajuste
Si es pobre, por algo será. Si le van mal las cosas, es que no se ha
esforzado suficiente. Como una lluvia fina, el pensamiento que culpabiliza al
pobre por ser pobre y al
parado por no encontrar trabajo va calando en el discurso político. Es en
realidad el reverso del ideario del liberalismo económico, que entroniza la
figura del emprendedor como modelo social y sitúa la competitividad como motor
de cualquier progreso. En fase de bonanza económica, especialmente si está
basada en dinámicas especulativas, este ideario tiene una gran aceptación
social porque siempre hay historias de éxito fulgurante que mostrar. Pero en
tiempos de crisis, puede volverse fácilmente contra los pobres y los parados, a
los que se presenta como sospechosos de holgazanería y culpables de haber
malbaratado sus oportunidades.
Aunque
pocas veces se expresa abiertamente, el desprecio por quienes necesitan ayudas
públicas acaba aflorando. A veces de forma inoportuna, como le ha ocurrido al
candidato republicano Mitt
Romney. Sugerir que casi la mitad de los norteamericanos son parásitos
sociales ha arruinado su carrera a la presidencia de Estados Unidos. Otras,
de forma estridente, como cuando la diputada Andrea Fabra lanzó en el Congreso
de los Diputados aquel burdo “que
se jodan” en el momento en que se debatía recortar prestaciones a los
parados. Y a veces sibilinamente, como cuando el diputado Josep Antoni Duran i
Lleida afirmó que mientras los payeses catalanes lo pasan mal, en otras partes
de España “hay campesinos que
pueden quedarse en el bar de la plaza y continúan cobrando”.
Estas
palabras no son inocentes. “El relato que se hace de lo que ocurre es
determinante porque contribuye a construir el marco conceptual que servirá de
referencia a la hora de valorar lo que ocurre”, explica Montserrat Ribas,
profesora de la Universidad
Pompeu Fabra y coordinadora del grupo de investigación sobre Estudios del
Discurso. Si en ese relato se introduce la idea de que los parados y los
pobres son parásitos, es presumible que cuando se decidan recortes en las
prestaciones, estos no encuentren resistencia entre quienes no sufren esa
situación.
El
sociolingüista George Lakoff, autor del libro No pienses en un elefante, ha definido el papel de
estos marcos conceptuales en la conformación de la opinión pública. Cuando la
ideología conservadora, afirma Lakoff, utiliza por ejemplo la expresión “hay
que aliviar la carga impositiva”, el marco conceptual en el que se inscribe
implica una visión de los impuestos como algo que aprieta, que oprime a la
sociedad. Del mismo modo, cuando Mitt Romney se refiere a “ese 47% de la
población norteamericana que no paga impuestos y depende de las Ayudas del
Estado”, que se siente “víctima” y se “cree con derecho a recibir atención
médica, comida o vivienda”, está diciendo que ni es víctima ni tiene derecho a
esas ayudas. Esa idea forma parte de un marco ideológico según el cual, cada
uno ha de espabilarse y si alguien es pobre o fracasa, es por su culpa. Algo
habrá hecho mal. En este marco conceptual, los poderes se sienten legitimados
para abandonar a su suerte a los desfavorecidos.
Todo
discurso político tiene un marco conceptual de referencia. También el de la
crisis. Montserrat Ribas ha observado que el relato que se hace de la crisis
está orientado a neutralizar cualquier resistencia a las medidas que se
aplican. “El relato hegemónico presenta la crisis como una catástrofe natural,
que ha ocurrido por una serie de fuerzas que no podemos controlar y que tiene
consecuencias graves para todos. Como en las catástrofes, hay que resignarse,
aceptar los sacrificios y colaborar para salir de ella”.
Con
este enfoque, la crisis no tiene responsables, ni se considera importante
determinar cómo se reparten sus cargas. Una vez instaurado este discurso,
quienes cuestionan las políticas de ajuste y se resisten a los sacrificios son
malos ciudadanos, como sugirió Rajoy en Nueva York al ensalzar “a
la mayoría de españoles que no se manifiesta, que no sale en las portadas
de prensa”, en referencia a las protestas de la plaza de Neptuno de Madrid.
Montserrat
Ribas invita a imaginar qué ocurriría si en lugar del “relato de la catástrofe”
se impusiera “el relato de la estafa”. Estaríamos buscando a los responsables
de lo ocurrido, les estaríamos exigiendo responsabilidades políticas y penales,
y exigiríamos cambios radicales en la regulación del sistema financiero para
evitar que vuelva a repetirse. “En este relato, el papel del ciudadano es
totalmente diferente. No es de pasividad y resignación, sino de exigencia y
reforma”, señala.
Y
aún hay un tercer relato posible: el de la crisis como “golpe de Estado del
capitalismo”. En este relato, la recesión es utilizada para limitar la
democracia e imponer un sistema autoritario que permita someter a toda la
población a los dictados del poder económico, en beneficio de este.
De
momento, el relato de la crisis como estafa pugna por abrirse paso desde la
plaza de Neptuno de Madrid y desde los foros sociales abiertos al calor del
movimiento del 15-M. Pero en el discurso oficial el que predomina es el de la
crisis como catástrofe.
La
culpabilización de las víctimas aparece, en este contexto, como un mecanismo de
legitimación de los recortes sociales. En la presentación del plan Prepara, la
ministra de Trabajo, Fátima Báñez, insistió en que se iban a aplicar medidas
contra los parados que no quisieran aceptar un trabajo, como si los parados
españoles recibieran muchas ofertas de empleo. Báñez justificó los nuevos
criterios de concesión de la ayuda de 430 euros en la necesidad de hacerla más
equitativa y evitar abusos. Para justificarlo, declaró sentirse “insultada” al
saber que había “hogares que ingresan 8.000 euros, en los que un niñato recibe
una paga de 400 por no hacer nada”. De entrada, hogares en los que entran 8.000
euros al mes no hay tantos como para ponerlos como paradigma, pero lo que en
realidad la ministra encubría con esta retórica era un drástico recorte en las
ayudas, que a partir de ahora solo podrán cobrar quienes estén prácticamente al
borde de la indigencia.
La
vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría anunció también que los parados que
reciben una prestación podrán ser requeridos para realizar trabajos
comunitarios, como limpiar bosques, y que si se niegan, se les podrá
retirar el subsidio. “En realidad, anunciaba algo que ya existe. Los trabajos
de colaboración social están regulados desde 1994. Entre 4.000 y 6.000 parados
realizan este tipo de colaboraciones y si no hay más es porque las
Administraciones deben aportar la diferencia hasta el salario mínimo
interprofesional, y no tienen dinero”, explica Paloma López, secretaria de
Empleo de CC OO. “Es curioso
que cuando la pobreza ha escalado dos puntos en un año y hay 1.737.000 hogares
en los que todos sus miembros están en el paro, se insista tanto en la idea de
que los desempleados no hacen suficiente esfuerzo para poder trabajar”, añade.
“Con este discurso, las víctimas de la crisis se encuentran doblemente penalizadas:
además de perder su empleo, son sospechosos de querer vivir a costa de los
demás”.
Ignasi
Carreras, director del Instituto de Innovación Social de Esade, subraya que la crisis
ha aumentado la pobreza, pero muchos de los actuales pobres ya estaban en
situación de exclusión social antes de que estallara. En la fase de máximo
crecimiento España seguía teniendo un paro estructural del 8%. “En 2007, el 18%
de la población se encontraba bajo el umbral de la pobreza. Ahora ese
porcentaje es del 22% y lo que ha ocurrido es que quienes ya eran pobres, están
mucho peor”. Durante la crisis han aumentado las diferencias sociales. “En
2007, la diferencia del PIB per cápita medio del 20% de los más ricos era 5,3
veces mayor que el del 20% más pobre; ahora es 6,9 veces mayor”, señala
Carreras.
Hay
pues más pobres que además están peor y tienen menos posibilidades de salir del
agujero. Porque justo cuando más se necesitan, la crisis está erosionando
también las políticas de inserción social. Así lo confirma Nacho Sequeira,
director de la Fundación
Exit, una entidad creada en Barcelona para facilitar la inserción laboral
de jóvenes de 16 a
21 años con un perfil de fracaso escolar. “Los alumnos con mayores dificultades
pueden salir adelante si tienen un acompañamiento adecuado. Pero en un momento
en que hay índices de paro tan alto, las empresas demandan un tipo de
trabajador que coincide con el perfil considerado de éxito. Los jóvenes menos
formados o que necesitan un proceso de preparación más largo, tienen ahora
menos posibilidades”, señala. “Se está desmontando el discurso de la promoción
social”, corrobora Isidro Rodríguez, director de la Fundación
Secretariado Gitano. “Ver que hay gente de clase media que tiene
que acudir a Cáritas o a los comedores sociales causa mucha alarma. Todo
el mundo teme encontrarse en esa situación y acepta con naturalidad que se
destinen los recursos a los casos extremos. Se está instaurando un discurso de
la urgencia en el que, como todo está muy mal y hay que atender lo más urgente,
los programas de inserción social quedan relegados”.
La
consecuencia es bastante previsible: quienes están en esos programas pasarán a
engrosar en poco tiempo las listas de quienes tienen necesidades perentorias y
han de acudir a Cáritas. “La crisis puede suponer una marcha atrás de varias
décadas en las políticas de inserción social”, advierte Isidro Rodríguez.
Esas
políticas no solo son necesarias, también son económicamente rentables. Cuando
en Francia se produjo la crisis de los campamentos gitanos, toda Europa miró
hacia España. En los últimos 30 años, las condiciones de vida de los gitanos
españoles han mejorado de forma espectacular. “El éxito se debe a dos factores:
nuestro tardío Estado de bienestar ha sido inclusivo con los gitanos; han
podido beneficiarse de políticas de acceso a la vivienda, la educación y la
salud. Pero además se han aplicado programas específicos de acompañamiento
educativo, de realojamiento o de integración en el mercado laboral”, señala
Isidro Rodríguez. El resultado es que ahora todos los niños gitanos acaban al
menos la enseñanza primaria, y el objetivo ahora es que también terminen la
secundaria. Y si en 1978, el 75% de las familias gitanas estaban instaladas en
infraviviendas, en 2007 ese porcentaje se había reducido al 12%. Y las que
viven en chabolas, hasta el 4%. Estas cifras muestran que la inserción es
posible. Que ir al colegio y vivir en barrios normalizados abre oportunidades y
no solo ellos, sino todo el país sale beneficiado. Los programas de
acompañamiento permiten que el horizonte de un joven gitano no sea ya la
chatarra o el mercado ambulante.
Pero
el presupuesto de la fundación Secretariado Gitano para 2013, de 17 millones de
euros, es un 20% inferior al de este año y se mantiene gracias a que el 60% de
sus fondos proceden de la
Unión Europea. “Se está aprovechando la crisis para
deslegitimar este tipo de programas”, dice su director.
Pero
la pobreza no solo se nutre de colectivos en riesgo de exclusión. Hay también
nuevos perfiles de pobres que viven su situación de precariedad con una gran
angustia pues son personas preparadas que forjaron sus expectativas en los años
de bonanza. ¿Quiénes son esos nuevos pobres? Son aquellos para los que el
ascensor social, en lugar de subir, está bajando. El discurso oficial no los
trata como tales, pero Montserrat Ribas señala dos ejemplos: “Esos jóvenes
profesores asociados de la universidad que se han quedado sin trabajo por los
recortes, o aquellos que se han quedado cobrando 500 euros al mes. También
podría incluirse a muchos de los investigadores que trabajan en una plaza Ramón
y Cajal”. Estamos hablando de jóvenes científicos que han hecho una tesis
doctoral en el extranjero y hacen investigación de primera línea. No es que
fueran unos potentados de la ciencia, pero si a un sueldo de 1.100 euros al mes
se le recorta el 25%, lo que queda fácilmente cae por debajo de los índices de
pobreza. Estos talentos empobrecidos ven con estupor que no hay dinero para la
investigación, pero sí lo hay para rescatar a la banca.
Se
ha repetido que para triunfar en la vida se ha de ser emprendedor, estar muy
preparado y ser competitivo. Pero, como apunta Ignasi Carreras, no todo el
mundo tiene un perfil emprendedor, no todo el mundo ha de hacer un negocio y
por muy activo que alguien sea, si cierran las empresas y se destruye empleo,
es muy difícil encontrar trabajo. En este contexto, la idea de que solo los
mejores saldrán adelante y de que quienes quedan relegados es porque no valen o
no se esfuerzan está teniendo efectos psicológicos devastadores en los muchos
jóvenes que se estrellan una y otra vez contra la realidad de un mercado
laboral en caída libre.
El
mismo marco conceptual que permite culpabilizar a los pobres y a los parados es
el que opera en los países del norte contra los del sur. El discurso
culpabilizador genera angustia, pero también insolidaridad. Y abre la puerta a
una nueva ignominia: la competencia feroz entre los mismos pobres por los
escasos recursos disponibles. “No quiero ser apocalíptico, pero lo peor que nos
puede ocurrir es que después de la crisis económica venga la crisis social”,
afirma Isidro Rodríguez. “Los países que mejor resisten la crisis son aquellos
que tienen un Estado de bienestar más sólido y una sociedad civil fuerte y
cohesionada. No podemos pasar del Estado de bienestar al Estado de
beneficencia”, concluye Carreras.
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