¿Se hace realmente justicia contra la corrupción en España?

El Mono Político, 5 de mayo

Desde hace algún tiempo, casi no pasa semana sin que salte una noticia sobre corrupción en España. Los jueces llevan a cabo instrucciones interminables, anuncian centenares de imputaciones, citan legiones de testigos y, en ocasiones, hasta dictan sentencias, pero entre los ciudadanos crece la percepción de que, al final, todos se van “de rositas”, que nadie paga por su culpa y que, incluso en los casos en que se hace justicia, esta llega tan tarde que pierde todo su sentido de ejemplaridad. Eso en el mejor de los casos. En el peor, la lentitud del proceso permite que prescriban delitos o que cambien las circunstancias de los acusados de modo que ya no se les puedan exigir responsabilidades.

En estos momentos están en marcha 1.661 investigaciones de corrupción en 798 juzgados, de las cuales 302 son “macroprocesos”. El CGPJ ha pedido 64 jueces, 18 secretarios judiciales y 150 funcionarios de apoyo para dar un impulso a esas causas. Hasta el momento no se conoce la respuesta del Ministerio de Justicia, al que parece procupar mucho más la reforma de la ley del aborto.

Veamos algunos de los casos más sonados de los últimos tiempos, que, vistos en conjunto, pueden dar una imagen más integral del problema.

1. Caso Gürtel. Comenzó a instruirse hace ya cinco años. Su primer juez instructor, Baltasar Garzón, fue apartado de la carrera judicial. Hay más de un centenar de imputados en numerosas piezas separadas. En una de ellas, la de los trajes, el expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps resultó absuelto por un jurado popular. El cabecilla de la red, Francisco Correa, estuvo tres años en prisión preventiva y quedó en libertad en junio de 2012 tras pagar una fianza de 200.000 euros. En Valencia, seis imputados son en este momento parlamentarios autonómicos. Milagrosa Martínez, para quien la fiscalía pide 10 años de prisión, es alcaldesa de Novelda. Una de la ramificaciones del caso Gürtel era Fundescam, fundación del PP madrileño que financió las campañas de 2003 que llevaron a Esperanza Aguirre a la presidencia de la comunidad de Madrid. Esta causa se archivó, pues el delito de financiación ilegal prescribe a los cuatro años.

El caso Gürtel está ligado al caso de los papeles de Bárcenas, en el cual el juez Ruz acaba de citar como imputados a ocho empresarios por presuntos donativos ilegales al PP. Dos jueces se disputaron este último caso, en vez de que se decidiera que uniesen esfuerzos. Y la instrucción sigue y sigue, como el dickensiano proceso de Casa Desolada.

2. Caso Pallerols. Escándalo de financiación ilegal de Unió Democràtica, mediante el desvío, a las arcas del partido, de subvenciones públicas a la formación profesional. Pasaron 14 años desde que comenzó la instrucción hasta la sentencia. Los acusados -un empresario andorrano y dos excargos de Unió- alcanzaron un pacto con el fiscal para declararse culpables a cambio de devolver el dinero desviado y recibir unas penas inferiores a los dos años para eludir la cárcel, pues carecían de antecedentes penales. En enero pasado, la Audiencia de Barcelona los condenó a las penas pactadas, pero decidió que fueran a prisión, por considerar que era necesario enviar un mensaje de “ejemplaridad” a la sociedad. Pero la supuesta ejemplaridad ha quedado aplazada. El 29 de abril pasado, la Audiencia suspendió el ingreso en prisión hasta que el Gobierno central se pronuncie sobre el indulto a los tres condenados que han solicitado sus abogados.

3. Caso Palma Arena. La instrucción, que partió de una denuncia por el sobrecoste de un velódromo en Palma de Mallorca, se prolonga ya cinco años. El caso es una telaraña judicial con más de 25 piezas separadas. El expresidente de Baleares y exministro de Aznar Jaume Matas fue condenado en marzo de 2012 por apenas la primera de las causas -beneficiar a un periodista que le escribía discursos- a seis años de prisión. El 2 de abril pasado, elconfidencial.es publicó un artículo con el siguiente titular: ”El condenado Jaume Matas cena a la luz de la luna sin pasar por prisión“. Una de las piezas separadas de esta macrocausa es el caso Nóos, en el que están imputados Iñaki Urdangarín y (por ahora) la infanta Cristina.

4. Caso Fabra. En 2004, hace más de nueve años, el juzgado número 1 de Nules comenzó a investigar una denuncia contra el todopoderoso presidente de la diputación de Castellón, Carlos Fabra. El caso acabó abarcando supuestos delitos de tráfico de influencias, cohecho y delitos fiscales. Fabra se sentía tan impune que proclamaba que su dinero opaco lo había ganado con la lotería. El presiente del PP, Mariano Rajoy, lo calificó de “ciudadano ejemplar”. Ocho jueces desfilaron por el juzgado de Nules hasta que el noveno ha decidido abrir, el próximo otoño, el juicio oral. “Ya era hora”, exclamó con cinismo Fabra. Este, pese a los escándalos judiciales en que está envuelto, revalidó su mayoría en la diputación de Castellón en 2011 -”las urnas me han absuelto”, proclamó-, aunque después abandonó el cargo. No obstante, siguió hasta marzo pasado como presidente de la sociedad pública Aerocas, que gestiona el costoso aeropuerto sin aviones que construyó bajo su mandato.

5. Caso Sáenz. En marzo de 2011, 17 años después de inicada la investigación judicial, el Tribunal Supremo condenó al consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, a tres meses de prisión por un caso de acusación falsa para cobrar una deuda millonaria que se remonta a cuando presidía Banesto. Los cuatro empresarios a los que denunció falsamente estuvieron presos durante un tiempo. La condena del Supremo implicaba para Sáenz la pérdida de “honorabilidad” y la obligación de abandonar para siempre el ejercicio bancario. Pero Sáenz seguía en el cargo dos años después de la sentencia del Supremo, hasta que lo abandonó de manera “voluntaria” el 29 de abril pasado sin pasar por el trago de ser destituido por el Banco de España. Entre medias, el Gobierno de Zapatero, en noviembre de 2011, intentó salvar al banquero mediante un indulto, y el Gobierno de Rajoy aprobó una reforma de la normativa que le abrió la posibilidad de seguir en el cargo si el Banco de España daba su beneplácito.

¿En qué quedará toda esta hojarasca judicial?