Esta Comisión Negociadora que prometía ser la última del periodo de consultas ya nació viciada por la actitud de la Administración. La administración no quería otra movilización contundente como la del 15 de Mayo, no quería soportar el grito de auxilio de los trabajadores, por eso convocaron la Mesa de Negociación en la Escuela de caza, por eso cambiaron el lugar, la noche anterior, a Función Pública, sin margen de maniobra, por eso cercenaron el derecho de Reunión y el derecho de Huelga sin que les temblara el pulso.
CCOO puso todos estos hechos encima de la mesa antes de comenzar porque era importante recalcar las condiciones en las que la administración llevaba a cabo la “negociación”.
Comienza la Administración exponiendo una propuesta de reasignación que nada parece tener que ver con la que había recibido la parte social en la convocatoria formal, lo cual nos llama poderosamente la atención por su incongruencia, la única mejora estrella que propone la administración es reducir el número de afectados de 76 a 70 por las jubilaciones que se han de producir este año o el próximo y que por lo tanto no responde a ninguna mejora real del Plan de Recursos.
CCOO manifiesta:
- Que “La reasignación de efectivos como consecuencia de un plan de recursos humanos se efectuará aplicando criterios objetivos relacionados con las aptitudes, formación y experiencia” los cuales se obtienen en centros educativos donde imparten enseñanzas regladas, en cambio la administración oferta plazas con titulación específica, y pretende aplicar el Convenio de forma torticera interpretándolo “a cachos” incumpliendo la naturaleza del mismo, definida en su artículo 5 como “un todo orgánico e indivisible y, a efectos de su aplicación, será considerado globalmente”. Así mismo, el artículo 43 del presente Convenio deja bien claro que las movilidades se realizarán de acuerdo a los requisitos de titulación, regulados en los Decretos 227/2008, 198/2010 y 230/2008. La administración no puede obviar todos estos requisitos y saltárselos sin atender a la normativa laboral, además sería muy irresponsable por la parte sindical quedarse “de perfil” ante estas propuestas.
- Que el artículo 48.f sobre modificación sustancial de las condiciones de trabajo requiere para cambios de grupo que “existan probadas razones económicas, técnicas u organizativas”, causas bien definidas para las administraciones públicas en la Ley 3/2012 y en el RD 1483/2012 y que esta administración no ha probado, ni siquiera lo ha intentado, por lo que ninguna de las causas concurre para llevar a cabo el Plan de Recursos Humanos y por tanto no están habilitados para hacer uso de esta medida. Pero es que además la administración utiliza el artículo 48.f. para incumplir el VII Convenio Colectivo, ya que si bien se pueden llevar a cabo movilidades funcionales por encima de los 8 o 12 meses en casos excepcionales, han de ser siempre temporales, nunca definitivas, ya que en este caso estaríamos hablando de reclasificaciones, reclasificaciones que no se pueden llevar a cabo sino es mediante acuerdo.
- Que nos parece aberrante el tratamiento que se da al personal interino, cuando dicen que hay que “evitar la excepcionalidad legal de toda situación de temporalidad y poner fin a dicha situación mediante la reestructuración de efectivos”. Que desde CCOO manifestamos que los interinos han accedido a sus puestos de trabajo igualmente por los criterios de igualdad, mérito y capacidad después de un proceso selectivo, por lo que no podemos asumir que la prioridad para este gobierno sea destruir empleo público.
- Que con esta propuesta la administración incumple también el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 4 y la Constitución Española en su artículo 35 que recogen como derechos básicos la “libre elección de profesión u oficio, promoción y formación profesional”.
Por todo ello Comisiones Obreras mantiene la posición que mantuvo siempre, sin ambages, sin dobles lecturas, sin posicionarnos de perfil, sin cobardía sindical:
- En este Plan de Recursos Humanos no concurren ni causas económicas, ni organizativas, ni técnicas.
- La reasignación de efectivos que se realiza no es ajustada a norma, tanto por los cambios de grupo como por la oferta de plazas con titulación específica.
- Incumple el VII Convenio Colectivo del Personal Laboral, el Estatuto de los Trabajadores, la ley de Función Pública, el Estatuto Básico del Empleado Público y la propia ley de leyes, la Constitución Española.
Exigimos la retirada del Plan, o como último recurso una reasignación de efectivos basada únicamente en la voluntariedad de los trabajadores y con plazas de conductor como único destino posible porque otra opción podría tener graves consecuencias tanto para los conductores como para todo el personal laboral. Desde Comisiones Obreras hacemos igualmente un llamamiento a las organizaciones sindicales en la Comisión Negociadora a reflexionar sobre determinadas posturas que pueden suponer un agravio de incalculables consecuencias para el personal laboral en la Junta de Comunidades. No podemos comprender como se puede pedir en una mesa de negociación por la parte social que se incumpla el Convenio Colectivo para ofertar “todas las plazas”, aún a costa de incumplir normativa básica, de perjudicar directamente a interinos con titulación que perderían su puesto de trabajo sin motivo, a condenar al personal laboral a olvidarse de ofertas de empleo público, de promoción interna, de concursos de traslados…..etc, en definitiva a instalarse en el “todo vale”.
Tras el debate de fondo, la administración pasa a detallar las condiciones de trabajo de las nuevas plazas de conductor creadas, con la poca precisión de “se ajustarán a las actuales condiciones de los conductores de la modalidad IV”, sabiendo la administración que los horarios de esta modalidad están en proceso de judicialización y por tanto no es precisamente clara la interpretación de estos horarios por parte de la administración. A la junio en el que se ordena a un trabajador del Parque Móvil recoger al Director General de Agricultura y Ganadería “Tirso Juste” en su domicilio particular en Talavera de la Reina y dejarle al final de la jornada nuevamente en su domicilio particular, con un servicio de 15 horas de duración, preguntamos directamente al Secretario General de Hacienda y a su segundo de a bordo si estos servicios hay que hacerlos, recogiendo al personal directivo en su domicilio particular y el Secretario General de Hacienda, sin ruborizarse indica que “si” que “tienen que hacerlo” es decir, que hay que destinar recursos públicos para que un “señorito” no coja su vehículo particular para acudir a su puesto de trabajo que se encuentra en la Consejería de Agricultura, en Toledo.
Cuando la Mesa de Negociación estaba al borde de terminar, la administración propuso un “acuerdillo” a la parte social para permitir la movilidad dentro del grupo, por concurso de traslados, al que fueran a parar los conductores reasignados, desde Comisiones Obreras ya teníamos conocimiento previo de los contactos entre otras organizaciones sindicales y la administración en este aspecto, y desde el primer momento identificamos la “trampa” que suponía, en definitiva se trataba de incumplir el art. 24 sobre concurso de traslados del VII Convenio Colectivo, es una irresponsabilidad muy grave acordar o proponer un incumplimiento del Convenio cuando llevamos defendiendo desde el principio de este conflicto que se cumpla el convenio que para eso está, la Administración sabe que en caso de salir algo parecido adelante les beneficiaria a ellos en el proceso judicial, si desde Comisiones Obreras hubiéramos “pasado por el aro de la firma parcial” hubiéramos condenado definitivamente a los conductores a no tener ninguna posibilidad de volver a su puesto de trabajo . Comisiones Obreras indicó que no íbamos a firmar ningún acuerdo aunque fuera parcial, que si el resto de la parte social (con mayoría suficiente) quería hacerlo era libre de hacerlo, pero que Comisiones Obreras va a llevar este Plan de Recursos Humanos a los tribunales y no va a cercenar esta vía, mas con una propuesta de la administración que ya nace viciada y que es una trampa en toda regla.
Somos representantes legales de 6700 laborales de la Junta de Comunidades y con responsabilidad y criterio tenemos que defender lo mejor para todos y lo mejor para todos es exigir el cumplimiento de la
normativa laboral.
El próximo lunes se tratará en paritaria de este plan de recursos y se informará de las conclusiones de este proceso de “negociación”, así mismo, puntualmente iremos informando de todas las acciones judiciales que entablemos contra este despropósito de la administración.
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