Según diversos documentos a los que ha tenido acceso esta organización sindical, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha estaría dando los primeros pasos de cara a que en un futuro próximo haya una gestión privada de todos los servicios informáticos de la Junta, sector estratégico y de gran relevancia para el funcionamiento de la Administración de la Junta de Comunidades. Esto conllevaría graves perjuicios para las personas de la región, además del mayor gasto económico que supondría.
Por de pronto, la gestión final de muchas ayudas, subvenciones, prestaciones, licitaciones o contratos públicos quedaría en manos de una empresa privada, la cual, en función de criterios propios de beneficio, podría realizar modificaciones contrarias al interés público en la convocatoria, tramitación o concesión de todos ellos, así como retrasar o mermar la eficiencia de dicha gestión, con los consiguientes perjuicios para las personas de la región, que no podrían estar igual de seguros que ahora en cuanto a la prestación de las ayudas y servicios públicos que les conciernen día a día. Pues la gestión privada de un sector estratégico como es la informática no puede garantizar el interés público que debería prevalecer en toda Administración pública, pagada por los contribuyentes.
También es muy a tener en cuenta que múltiples datos privados de muchas personas de la región quedarían en manos de una empresa privada, que podría hacer uso de ellos a su antojo. La gestión privada conllevaría además un mayor gasto público, pues se contratarían personas para tareas que ya están realizando satisfactoriamente y con plena dedicación los aproximadamente 400 funcionarios públicos de los Cuerpos y Escalas Informáticos. Personas que se verían obligadas a traspasar todo el conocimiento ya adquirido en su trabajo, conocimiento esencial para un buen funcionamiento de la Administración, a las personas de la empresa privada a la que fuese adjudicada la gestión, pudiendo luego, en una gran mayoría, verse relegados de sus funciones, lo que supondría para ellos un grave agravio personal y para la Junta un gasto añadido permanente que, en la situación actual, resulta muy inconveniente y poco ético.
En resumen, si estas sospechas se confirman, consideramos que la Junta de Comunidades habría emprendido un camino nefasto y muy gravemente perjudicial, que supondría la práctica privatización de una parte esencial para el funcionamiento de la Administración, que muy probablemente conllevaría un perjuicio notable y permanente para el interés general de las personas de la región, además de un grave agravio y menosprecio laboral y personal de los aproximadamente 400 funcionarios informáticos que ya existen en la Junta y que llevan ya bastantes años ejerciendo admirablemente su labor.
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