Los recortes en dependencia en Castilla-La Mancha ha provocado protestas en la calle. Aunque no hay una cifra oficial, se puede estimar que unas 3.500 personas que tenían reconocida la situación de dependencia han podido fallecer en los dos úlltimos años mientras esperaban recibir una prestación o servicio, según las estimaciones del Observatorio Nacional de Dependencia a raíz de los datos publicados a 31 de diciembre por Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad.
Según una de las conclusiones del duodécimo y último dictamen publicado por el Observatorio Nacional de Dependencia, se estima que 70.000 personas que tenían reconocidas su situación de dependencia han podido fallecer en los dos úlltimos años sin recibir atención alguna.
Y si Castilla-La Mancha tiene el 4,98 % del total de personas reconocidas con derecho (47.060 sobre un total de 944.345), según los últimos datos publicados por el Imserso, aplicando ese porcentaje al número de fallecidos que no han recibido ninguna prestación o servicio pese a tener reconocido el grado de dependencia, arroja una cifra estimativa de 3.500 casos de este tipo en la comunidad autónoma.
En ese sentido, la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha ha exigido al Gobierno de Cospedal que haga pública la estadística de todos los dependientes fallecidos antes de haber empezado a recibir de forma efectiva el servicio o prestación que por ley tenían ya reconocida.
Por su parte, la Asociación de Gerentes y Directoras de Servicios Sociales ya denunció en diciembre de 2012 que esta situación podría producirse y que podrían morir en España 120.0000 personas en situación de dependencia, antes de recibir la prestación o el servicio necesario, de las cuales unas 6.000 serían de Castilla-La Mancha.
Según esta asociación, un 80% de las personas dependientes son mayores de 65 años y un 54%, mayores de 80 años, con una esperanza de vida que no supera los cuatro o cinco años a partir de esa edad, lo que significa que, más de la mitad de los 231.000 dependientes que había en ese momento, morirían sin haber recibido ninguna atención. A fecha de hoy esa cifra ya podría rondar los 70.000.
La dependencia, de capa caída en la región
Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a 31 de diciembre de 2013, Castilla-La Mancha se sitúa cada vez mas cerca del furgón de cola de la dependencia con el Gobierno de Cospedal, cuando antes estaba a la cabeza.
Por su parte, el Observatorio Nacional de la Dependencia, en su Dictamen de enero de 2014, señala que en Castilla-La Mancha se contabilizan menos solicitudes, menos personas valoradas, menos dependientes reconocidos con derecho, y atiende a menos personas que hace un año.
A ello, se añade una reducción del gasto público por habitante, y por persona dependiente.
Una consecuencia de esta desatención es que la lista de espera para ser valorado se ha incrementado en este último año en más de mil personas, siendo más de 5.100 las que están en lista de espera.
Un dato que se une a las más de 3.000 familias que a lo largo del año 2013 han perdido la prestación económica (de cuidados en el entorno familiar o vinculada a un servicio) para ser atendidos, como le ha ocurrido a Daniela, la niña de 9 años con Síndrome de Ondine.
Recortes presupuestarios
En Castilla-La Mancha, además de los recortes presupuestarios del Gobierno de Rajoy en dependencia, la supresión de la cotización a la seguridad social de los cuidadores, la eliminación de la financiación del nivel acordado o la reducción un 15% en la cuantía de las prestaciones económicas, se unen las nuevas tasas, incremento de copagos, reducciones en el personal valorador, e importantes bajadas presupuestarias aprobadas por el Ejecutivo de Cospedal.
Una consecuencia directa de estos tijeretazos es que dos terceras partes del recorte en el presupuesto de 2014 de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, lo pagará el sistema de dependencia que absorbe 16 de los 25 millones que desciende su consignación.
En solo dos ejercicios se ha bajado el presupuesto de prestaciones de dependencia de 142 a 96 millones de euros. Uno de cada tres euros presupuestados por el actual Gobierno para las personas dependientes, ya se ha esfumado.
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