El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha dado la razón a los sindicatos contra la decisión de la Junta de suprimir unas 700 plazas de empleados públicos, de las que unas 400 estaban cubiertas por interinos, y ordena que vuelvan a su puesto de trabajo y que se les abone el dinero dejado de percibir.
La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal obliga a que los interinos despedidos vuelvan a sus plazas y, además, vean reconocidas las retribuciones que hubiesen cobrado de no haber sido despedidos.
Los sindicatos recurrieron alegando que se había vulnerado el principio de negociación colectiva, con lo que se había violado el derecho a la libertad sindical, al no existir una negociación real y convocarse la Mesa Sectorial como un "trámite".
En su fundamento de derecho noveno, la sentencia recoge textualmente: "Siendo exigible la negociación colectiva... el derecho de los sindicatos a la negociación no se satisface sin más con la apertura del proceso negociador y con la celebración de reuniones carentes de contenido real, ni se puede negar, obstaculizar o desvirtuar el ejercicio de dicha facultad negociadora, según palabras del Tribunal Constitucional".
LA JUSTICIA, LA ÚNICA VÍA
Para la secretaria general de FSP UGT Castilla-La Mancha, Carmen Campoy, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha "vuelve a dar la razón a la Federación de Servicios Públicos UGT Castilla-La Mancha en un proceso en el que el Gobierno del PP pretendía imponer medidas lesivas contra los derechos de los empleados públicos".
Campoy aseguraba a Encastillalamancha que "es triste" que sean los jueces los que tengan que dar la razón a los sindicatos, pero "es la única vía" que les queda.
A partir de ahora, la Junta tiene de plazo 10 días para recurrir la sentencia que además condena a la Junta a pagar las costas procesales.
Desde UGT, Campoy asegura que quedan aún más recursos por conocer la sentencia, porque no les ha dado alternativa de negociación el Gobierno. De hecho, en opinión de la secretaria general de FSP UGT, se pone en evidencia "la falta de respeto de los gobernantes del Partido Popular hacia los representantes legales de los servicios públicos, elegidos democráticamente en las elecciones sindicales".
COSTARÁ UNOS 13 MILLONES A LA JUNTA
Esta medida podría tener un impacto de unos 13 ó 14 millones de euros en las arcas públicas, según ha indicado a EFE Gustavo Fabra, responsable de funcionariado del STAS.
En la sentencia, se estiman los recursos de UGT y STAS contra las órdenes de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha de agosto de 2012 por las que se modificaron la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Funcionario de la Junta y la Relación de Puestos de Trabajo en la Escala de Sanitarios Locales en las especialidades de Farmacia y de Veterinaria.
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