jueves, 3 de octubre de 2013

El nuevo “Complejo Hospitalario” de Toledo: una estafa sin precedentes

Fuente: Diariodetoledo, 2 de octubre

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) de la Junta de Comunidades ha sometido al trámite de información pública el Anteproyecto del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo (CHUT) junto con su Estudio de Viabilidad Económico-Financiera. Se trata de una condición exigida en la normativa de contratación pública antes de licitar la obra de finalización del nuevo Hospital del Polígono su dotación de equipamiento y la gestión de sus servicios, junto con los de los Hospitales de Parapléjicos, Provincial y Virgen del Valle. Diario de Toledo ha elaborado un ESPECIAL analizando ambos documentos. Pasamos a resumir las principales conclusiones.

El Anteproyecto del CHUT parte de unas premisas que carecen de justificación suficiente:


1.- Se recorta sustancialmente el proyecto de Hospital Universitario de Toledo, tras la paralización de obra cuando estaba ejecutada en un 30 % y extinción de contrato, alegando supuestas necesidades asistenciales (pg.17) que no se argumentan, pero que supuestamente exigen replantear el proyecto. Se dejan sin concluir 99.820 m2, de ellos la tercera parte corresponde al edificio F de Hospitalización del que se prescinde de dos alas completas (el Hospital tendrá 678 camas frente a las actuales 619 del Virgen de la Salud, que desaparecen). Otros 4.174 m2 no se construirán y 16.742 m2 correspondientes al edificio A, cuyo destino era administrativo, quedará concluido pero sin un fin definido todavía y sin concretar siquiera quién lo explotará o utilizará. En definitiva un recorte de UNA TERCERA PARTE del proyecto original que no queda suficientemente justificado.

2.- El Hospital Universitario, una vez redimensionado, se concluirá acudiendo a una fórmula de colaboración público-privada tanto en la obra y equipamiento del Hospital, argumentando la necesidad de financiación privada adicional a la ya disponible y evitar un mayor déficit público, como en los servicios "no clínicos" que se entregan al mismo gestor, unos para ser prestados previo pago por parte de la Administración y otros para su explotación comercial por el gestor sin que la Administración participe de sus ingresos. En ningún momento se justifica la conveniencia de entregar a un mismo adjudicatario la obra y el equipamiento junto con la prestación de servicios.

3.- Para "compensar" el recorte del proyecto inicial del Hospital Universitario se incorporan "sinergias", creando un Complejo Hospitalario Universitario de Toledo (CHUT) agrupando junto a él a los hospitales existentes, con la excepción del Virgen de la Salud, es decir Parapléjicos, Provincial y Virgen del Valle. Se consolida así un modelo asistencial disperso que antepone criterios de pretendida eficiencia a las necesidades de los usuarios y que en la práctica puede suponer que lo que se "ahorre" la Administración sanitaria lo paguen los usuarios en forma de costes de desplazamiento, lo cual es especialmente grave en el caso de la población envejecida que, según las previsiones del propio Anteproyecto, se duplicará durante el periodo concesional.

4.- Una vez creado el nuevo ente que integra un edificio de obra nueva y varios ya construidos se toman dos decisiones, nuevamente sin justificación: que la mayoría de los servicios "no clínicos" de todos ellos (limpieza, lavandería, seguridad, gestión de historias clínicas, alimentación...) se entreguen a un gestor privado, sin valorar sus implicaciones, y que éste sea el mismo para todos, es decir el que se encargue de la obra y el equipamiento del Hospital Universitario y de la totalidad de sus servicios, será el gestor de buena parte de los de Parapléjicos, Provincial y Virgen del Valle.

El modelo, claramente preconcebido, anticipa la entrega futura también de los servicios asistenciales, o "clínicos", a un gestor privado, como de hecho se reconoce sin rubor en el propio Anteproyecto cuando en su página 6 textualmente se señala que "las obligaciones del concesionario en relación con la explotación de la obra pública del CHUT se mantendrán inalteradas aun cuando parte de los servicios asistenciales no sean prestados directamente por el SESCAM cualquiera que fuera la causa".

En el Estudio económico-financiero se recoge que la inversión ya realizada en el Hospital Universitario de Toledo se cuantifica en 122.897.711 euros de los que el concesionario responderá nominalmente de los costes financieros (en realidad serán sostenidos con fondos públicos, como veremos).

Se cuantifica la inversión pendiente en 176.172.967 euros (Presupuesto de Ejecución por Contrata sin IVA) de obra y otros 37.323.141,57 euros (sin IVA) en equipamiento, mobiliario, subestación eléctrica, etc. Es decir la inversión pendiente se valora en 213.496.109,17 euros.

La Administración regional pone a disposición del adjudicatario de la concesión los contratos de financiación suscritos por su empresa pública GICAMAN con entidades financieras por importe de 170.563.513 euros, siendo a partir de ese momento responsabilidad nominal del concesionario el servicio de la deuda, aunque lo hará con los recursos que reciba de la propia Administración a través del Canon Anual que percibirá.

Dicho canon supondrá, según el "caso base" utilizado en el Estudio, 58.425.489 euros anuales descompuesto en un canon variable de 42 millones (71 % de los ingresos) para retribuir el coste de los servicios prestados en todos los hospitales del Complejo que se calcula en unos 27 millones, y el resto para el servicio de la deuda y la retribución al concesionario. El canon fijo, de unos 16 millones (21 % de los ingresos) retribuirá la inversión realizada en obra y equipamiento y el coste de reposición. Además el concesionario obtendrá un 8 % de sus ingresos de la explotación comercial de algunos servicios, tales como aparcamiento, expendedoras, uso de TV, cafetería, guardería, locales y "otros", sin concretar.

Para facilitar el abono de intereses se autoriza expresamente al concesionario a pignorar a favor de las entidades financieras la parte del canon variable anual destinada a ese fin. Incluso se llega a garantizar que, en caso de que el canon anual abonado al concesionario por la Administración experimentase mermas como consecuencia de deducciones debidas a ineficiencias (penalizaciones por mala gestión), ello no impedirá nunca que se haga frente al servicio de la deuda pues esa parte del canon se le abonará siempre. Primero los bancos.

Además del servicio de la deuda (que, insistimos, se atiende con recursos de la Administración) el concesionario debe hacer frente a los gastos por la prestación de servicios, que se le remuneran con el canon variable, y a los de reposición, que se le remuneran con el canon fijo. Del control de esos gastos depende en buena medida que el concesionario alcance una mayor rentabilidad.

Es decir que el concesionario tiene unas retribuciones garantizadas tanto para remunerar con beneficio sus inversiones (mayoritariamente realizadas con financiación ajena y con garantía pública) como los servicios que preste, incluso con equipamiento cedido por la Administración. Además tiene margen para una mayor rentabilidad con la explotación comercial y si reduce sus gastos en prestación de servicios y reposición.

La justificación de la entrega a un mismo concesionario de la obra, el equipamiento y los servicios, si bien no se argumenta ni técnica ni económicamente, parece que pretende hacer más atractiva a los inversores la concesión en su conjunto. Visto que los servicios y el mantenimiento y reposición de todo el Complejo serán sufragados por la Administración vía canon (con un coste presumiblemente superior a su gestión directa o incluso si se optase por un modelo de gestión indirecta pero con distintos concesionarios) y por lo tanto no existe riesgo para el inversor, lo que cabe preguntarse es si la necesidad de financiación adicional de la obra del Hospital Universitario, que se calcula en unos 73 millones de euros, justifica realmente este mega-contrato.

La duda es pertinente si advertimos que el cálculo de necesidad de financiación se hace en el caso de la obra del nuevo Hospital con un Presupuesto de Ejecución por Contrata, es decir incorporando gastos generales y beneficio industrial del contratista (19 % del total) y sin prever que si esa obra se licitase por la Administración se obtendrían ofertas con bajas a buen seguro comprendidas entre el 20 y el 30 % (la reciente licitación del Remonte de Safont, readjudicado tras su paralización y extinción contractual, como en el caso que nos ocupa, se resolvió previo recorte del proyecto con un 37 % de baja sobre el PEC). Es decir que las necesidades reales de financiación (una vez que GICAMAN garantiza más de 170 millones concertados con entidades) pueden ser mucho menores que las señaladas, pudiendo darse el caso de que el adjudicatario de la concesión finalmente aporte una cantidad muy inferior a la que se baraja como justificación de la participación privada.

De hecho al adjudicatario de la concesión tan sólo se le exige constituir una sociedad anónima con un capital social equivalente al 10 % de las necesidades de financiación, es decir unos 7 millones de euros con el actual cálculo del Estudio de Viabilidad, y los accionistas deberán aportar la quinta parte.

En definitiva la opción de financiación privada por la que se apuesta no está justificada en cuanto a la obra y equipamiento del Hospital Universitario, no sale más barata a la Administración en el medio plazo, aunque pueda servir para maquillar el déficit público transfiriendo nominalmente el riesgo financiero, y desde luego no puede servir de coartada para entregar a un gestor único los servicios de todos los hospitales del supuesto Complejo, sin prever sus consecuencias o si es o no una opción eficiente.

Ya se hacen quinielas sobre los posibles "agraciados" con el nuevo negocio. Se apunta a una de las constructoras que participaron ya en las obras del Hospital, que fue expulsada pero no pleiteó y facilitó así esta nueva solución, en unión de otra gran empresa constructora cuyo máximo responsable ejecutivo es un ex ministro popular. Irían acompañados lógicamente de alguna empresa de gestión de servicios hospitalarios que pueda optar más adelante a una gestión íntegra del CHUT. El tiempo nos dirá si detrás de tan "elaborados" Estudio y Anteproyecto lo que se esconde es proporcionar negocio a los amigos. A (costa de) nuestra salud.

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