Hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que declara que los procedimientos de ejecución hipotecaria en España no se ajustan a la legalidad europea, están fuera de la ley, son ilegales. Y eso significa que en nuestro país se han realizado procedimientos de ejecución hipotecaria en contra de la ley, lo que supone una violación sistemática de Derechos Humanos contra la población más vulnerable.
Los que intentan relacionar a LA PAH con ETA y amenazan a mi compañera Ada Colau, han perdido la batalla de las ideas y han iniciado la guerra de las mentiras. La PAH tiene sobradamente demostrado ser un movimiento pacífico en defensa de los DDHH.
La sentencia del TJUE pone de manifiesto que se ha ejercido la violencia institucional contra sectores vulnerables violando la legalidad, y eso es muy grave. Es muy grave porque la persona que hace esas declaraciones Cristina Cifuentes, debería aclarar primero, puesto que ella es la responsable de la fuerza pública en la Comunidad de Madrid:
1. Si ha leído la sentencia y la entiende.
2. Si acata la sentencia, y en concreto su párrafo 63 donde dice que la normativa española en materia de procedimientos de ejecución hipotecaria no se ajusta con la normativa europea. Es decir, que es ilegal.
3. Si ha dado órdenes precisas a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en el ámbito de su competencia, para que no tomen parte en actuaciones ordenadas por jueces en el marco de aplicación de una norma declarada ilegal.
4. Si va a pedir perdón a las víctimas de ejecuciones hipotecarias masivas declaradas ilegales, a las víctimas de actuaciones de las fuerzas públicas bajo su mando, que han roto la puerta de su casa y que han empleado la violencia para poner a familias en la calle en aplicación de una normativa ilegal.
Cristina Cifuentes lo que tiene que hacer cuanto antes es dejar de menospreciar a las víctimas. Lo que está haciendo es menospreciar a las víctimas de una violación sistemática de DDHH cometida mediante la aplicación de una normativa que ha sido declarada abiertamente ilegal por un tribunal, que es además de obligado cumplimiento para los tribunales españoles, y para todas las administraciones públicas.
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