Fuente: www.dclm.es, 12 de diciembre
El Gobierno fijará el salario de los alcaldes en función de la población del municipio que gobiernan y estará en relación con lo que cobran los altos cargos del Estado. De acuerdo con esta homologación salarial, ningún regidor cobrará más que un secretario de Estado, cuya retribución en los actuales Presupuestos Generales del Estado ronda los 68.000 euros, según fuentes de la negociación. Esta retribución será para los alcaldes de las grandes ciudades, el resto cobrará por debajo de ese tope, modulado según el número de habitantes.
AYUNTAMIENTO DE SOCUÉLLAMOS.
El establecimiento de ese tope salarial implicará una rebaja
sustancial en la remuneración que reciben muchos regidores, especialmente los de
grandes ciudades como Madrid y Barcelona, ya que Ana Botella y Xavier Trias
superan los 100.000 euros anuales.
El Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas está trabajando en unas tablas salariales en las que
se homologarán los sueldos municipales a los de los altos cargos de la
Administración del Estado y se tendrá en cuenta el número de habitantes de la
corporación local.
A la espera de concretar los tramos, los regidores de
los grandes municipios con más de un millón o millón y medio de habitantes
--como Madrid o Barcelona-- tendrán una retribución similar a la de un
secretario de Estado (68.365 euros).
En el segundo escalafón, aunque está
por definir la horquilla de población, cobrarán como un subsecretario de Estado
(59.451 euros) y en el tercero, el sueldo será como el de un director general
(50.832 euros), un tramo en el que previsiblemente se situarán la mayoría de los
alcaldes de las capitales de provincia. Eso sí, habrá más tramos para los
regidores de municipios más pequeños, a los que se les pagará como a un director
general menos un determinado porcentaje en función de la población del
consistorio.
Las retribuciones de los concejales también se ajustarán a
estos baremos, de forma que si el alcalde de un municipio cobra como un
secretario de Estado sus concejales percibirán un sueldo un poco menor, que se
fijará restando un determinado porcentaje al sueldo del
regidor.
REDUCCIÓN DE CONCEJALES
El Ejecutivo también trabaja en
una reducción del número de concejales, que no será una disminución generalizada
del 30 por ciento como se dijo el pasado verano sino que se modulará en función
de las circunstancias del consistorio.
Las fuentes consultadas barajan
que esa reducción pueda oscilar entre el 20 y el 30 por ciento y para ello se
tendrán en cuenta algunas variables como la población del municipio o los
presupuestos del mismo.
Paralelamente, el Gobierno quiere aprovechar
estos cambios para rebajar el número de ediles con dedicación exclusiva, de tal
manera que sólo cobrarían un suelo los liberados, mientras que el resto
percibiría dietas por asistencia a los Plenos.
DEFINIR LAS COMPETENCIAS
DE LOS AYUNTAMIENTOS
Aparte de los sueldos municipales, uno de los
principales asuntos en los que está volcado el Gobierno es la clarificación de
competencias, ya que evitar duplicidades y solapamientos constituye la principal
fuente de ahorro de la reforma local.
Así, la reforma de la Ley de Bases
de Régimen Local delimitará "en positivo" cuáles son las competencias de los
ayuntamientos, con el fin de corregir las llamadas competencias impropias que
asumen la mayoría de los consistorios en este momento.
Junto a esas
competencias exclusivas, los ayuntamientos podrán ejercer otras contando con
financiación suficiente y teniendo previamente resuelta la financiación de las
suyas propias. Además, las comunidades autónomas podrán cederles alguna
competencia siempre que vaya acompaña de la financiación necesaria y de un
convenio que fije el número de años que la ejercerá, explican las fuentes
consultadas.
NEGOCIACIONES CON EL PSOE
El Ministerio de Hacienda,
el PP y el PSOE está perfilando aún cuáles serían esas competencias municipales,
uno de los aspectos de la reforma local en los que el Partido Popular espera que
haya consenso, según fuentes 'populares'.
En principio, el borrador que
se presentó este verano --sobre el que se está trabajando-- propone que los
ayuntamientos dejen de tener competencias en materia educativa y sanitaria y se
centren en el resto de las que ya realizan, como el urbanismo, la asistencia
social primaria o el abastecimiento de agua.
La reforma local eliminará
buena parte de las mancomunidades, que deberán presentar sus cuentas en tiempo y
forma, es decir, cumplir la ley y reunir unos estándares de calidad para no
desaparecer. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio
Beteta, ha explicado en diversas ocasiones que las diputaciones son la
"mancomunidad natural", según la Constitución, entidades que prestan servicios
agrupados a distintos ayuntamientos y reducen así los costes.
En España
existen 1.432 mancomunidades y el 71,3 por ciento no cumple su obligación de
presentar cuentas anuales según el informe de Hacienda y Administraciones
Públicas sobre el anteproyecto de reforma de esta ley. El cálculo del
departamento es que el ahorro por la supresión de estas entidades puede ascender
a 700 millones de euros.
EL CONSEJO DE MINISTROS APROBARÁ LA REFORMA EN
ENERO
Las fuentes consultadas consideran que el Consejo de Ministros
aprobará esta reforma de la Ley de gobierno local en la primera quincena de
enero, dejando estas semanas de Navidad para lograr el máximo consenso con los
socialistas.
Si la reforma de la Administración Local entra en vigor el
próximo verano, como calculan las fuentes consultadas, los consistorios
dispondrán de cierto respiro económico con el ahorro que implica la
clarificación de competencias.
El Ejecutivo no tiene previsto aprobar por
el momento una reforma de la Ley de Haciendas Locales, un tema que se pondrá
encima de la mesa cuando se revise la financiación autonómica, algo que empezará
a abordar a partir de 2013.
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