Fuente: www.publico.es, 22 de septiembre
El primer ministro Pedro Passos Coelho admite que "estudiará alternativas" a su propuesta de incrementar la carga fiscal a los trabajadores
El Gobierno de Portugal ha acabado por ceder a la presión de la calle. Tras dos semanas sometido a una intensa presión social
ha aceptado echar marcha atrás en su última propuesta de ajustes,
dirigida a aumentar la carga fiscal de los trabajadores y reducir la de
las empresas.
En un comunicado divulgado por la Jefatura del
Estado, el Ejecutivo luso del primer ministro Pedro Passos Coelho admite
"estar disponible para, en el marco de la concertación social, estudiar alternativas" a esta medida, fuertemente criticada por patronal, sindicatos, oposición y grupos civiles.
Esta
fue la principal conclusión de la reunión del Consejo de Estado, órgano
consultivo convocado ayer por el jefe del Estado, Aníbal Cavaco Silva, y
que acabó esta madrugada tras ocho horas de deliberaciones.
Prueba de la contestación social que había generado la propuesta del Gobierno fue la protesta celebrada frente al Palacio lisboeta de Belem, donde tuvo lugar la reunión, y en la que participaron miles de personas para pedir la suspensión de las últimas medidas de austeridad anunciadas por el Ejecutivo.
"Cavaco,
escucha, el pueblo está en lucha" o "FMI fuera de aquí" fueron algunas
de las consignas más coreadas por los manifestantes. La protesta discurrió sin apenas incidentes, aunque fueron detenidas cuatro personas acusadas de lanzar petardos y una más por resistencia a la autoridad.
La
propuesta del Gobierno luso de subir en 2013 las contribuciones que
pagan a la Seguridad Social los trabajadores y bajar la que abonan las
empresas por cada empleado fue anunciada por el propio Passos Coelho el
viernes 7 de septiembre, con el objetivo de "crear empleo" y frenar así
el continuo aumento del paro.
La medida, sin embargo, fue
contestada por la oposición, los sindicatos e incluso la patronal, por
considerar que podía hundir todavía más el ya de por sí debilitado consumo interno.
Este nuevo incremento de la carga fiscal a los trabajadores también
causó divergencias entre los dos partidos que conforman el Gobierno
conserador, los socialdemócratas del PSD y los democratacristianos del
CDS-PP, que juntos permiten a Passos Coelho gozar de mayoría absoluta.
Estas
diferencias de criterio entre ambos grupos parlamentarios quedaron
finalmente resueltas, según el comunicado hecho público este sábado tras
la reunión del Consejo de Estado, que da por "superadas las
dificultades que podían afectar a la solidez" de esta alianza y descarta
así la posibilidad de una crisis política.
El órgano consultivo,
que últimamente sólo ha sido convocado por el jefe del Estado en
situaciones de crisis, también incidió en la necesidad de "preservar la cohesión nacional" en un momento en que Portugal se encuentra intervenido por las instituciones internacionales.
El país vive bajo la asistencia financiera de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional desde mayo de 2011, que acordaron prestarle 78.000 millones de euros a lo largo de tres años para evitar la bancarrota, a cambio de un severo programa de ajustes y reformas aplicado a rajatabla por el Gobierno conservador luso.
Los recortes, sin embargo, no han evitado que Portugal afronte dificulades para cumplir con algunos de los compromisos adquiridos con la troika, como el de la reducción del déficit público, lo que obligará a la adopción de nuevas medidas de austeridad.
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