miércoles, 18 de junio de 2014

Una treintena de entidades dan "vida" a la Plataforma contra la nueva Ley de Caza

Fuente: www.elporvenirclm.com, 17 de junio

Un total de 32 entidades han constituido de manera oficial la Plataforma contra el anteproyecto de Ley de Caza de Castilla-La Mancha que ha elaborado el Gobierno de Cospedal.
Estas entidades han aprobado un manifiesto en el cual hacen una defensa del uso público del medio natural, el bienestar animal y la protección de la Naturaleza en Castilla-La Mancha.
También están llevando una recogida de firmas en internet pidiendo a la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, que retire este anteproyecto de ley, como ha informado El Porvenir. Ya son más de 2.000 firmas las recogidas al mediodía de este martes.


Desde la Plataforma se denuncia que que esta nueva norma que pretende aprobar el Gobierno regional del PP apuesta por el modelo más intensivo y agresivo de la caza comercial, atendiendo a intereses muy particulares y ofreciendo privilegios "descarados" a terratenientes y gestores cinegéticos.

Explican que el anteproyecto en tramitación se justifica por el Gobierno de Cospedal en el interés de potenciar los aspectos puramente comerciales de la caza.

Para ello se da un giro radical al enfoque normativo existente hasta la fecha y se ofrecen todo tipo de facilidades para cazar más y más intensivamente.

"Se hace sin reparar en los impactos negativos que ello pueda tener en el resto de usos y aprovechamientos del medio natural, sean públicos o privados, en el Patrimonio Natural, en los propios recursos cinegéticos o en el erario público", se resalta en el manifiesto.

Desde nuevo movimiento ecológico y ciudadano se indica que se da prioridad a la caza "hasta extremos insospechados, prohibiendo las actividades que puedan molestarla, incrementando los vallados, permitiendo abatir animales domésticos, aceptando métodos crueles y agresivos de caza, permitiendo que cacen menores, poniendo en riesgo la seguridad de las personas, rebajando la cuantía de las sanciones más graves a la mitad, reduciendo los controles administrativos y ofreciendo ayudas públicas a un sector que no se encuentra precisamente entre los más necesitados".

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