Así se desprende del listado de las plazas que ofrece la Junta como asignación forzosa a los 87 conductores que se verán afectados por el plan del Gobierno de Castilla-La Mancha de reducir a la mitad la plantilla de los parques móviles y privatizar parte de los servicios que prestan en la actualidad.
Según ese listado, de las 87 plazas ofrecidas, algo más de la mitad (46) son de personal de limpieza en centros escolares o dependencias públicas de la Administración regional.
Solo una de cada diez plazas ofertadas son de conductores. En total, 9 plazas creadas por la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales para el traslado en centros de menores, ocupacionales y de discapacidad.
El resto se reparten en ordenanzas (7), Peón Especialista (7), Auxiliar de Laboratorio (5), Ayudante de Cocina (4), Oficial Segundo de Mantenimiento (3), Operador de Maquinaria Pesada (3), Encargado de Obras Públicas (2), Cocinero (1).
El Gobierno de Cospedal ha retirado de la oferta inicial las 28 plazas de auxiliares sanitarios, que provocaron una fuerte oposición no solo de los conductores sino de las trabajadoras afectadas y del sector sanitario, al entender que era una barbaridad que puestos que requieren una titulación y formación específica para el cuidado de personas mayores pudieran dárselo a trabajadores que carecen de esos conocimientos.
Este plan de recursos humanos tiene además un perverso "efecto dominó", ya que al reubicar al personal afectado a otros puestos de trabajo de similar categoría aunque no tengan nada que ver con su profesión supondrá el despido inmediato de decenas de interinos que en la actualidad ocupan esos empleos públicos.
Miedo a las concentraciones
El Gobierno de Cospedal, en la que puede ser la última reunión de la mesa negociadora para "liquidar" a la mitad de la plantilla de los parques móviles, ha hilado fino al decidir que se celebre en la Escuela de Caza, a las afueras de Toledo, y no en la Consejería de Administraciones Públicas.
El objetivo indisimulado es evitar concentraciones del personal afectado, como ha venido ocurriendo en los anteriores encuentros, con la presencia de los medios de comunicación.
Eso se debe, a que la Escuela de Caza, además de estar ubicada a las afueras de Toledo, su entrada está controlada por una barrera móvil y personal de seguridad que impedirá la entrada de los manifestaciones al interior del complejo, quedándose a la puerta a la vera de una carretera de servicio donde transitan vehículos con asiduidad.
Fuentes sindicales temen que este hecho sea la excusa perfecta para que la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha, cuyo titular actúa más como alto cargo del PP que como representante del Ejecutivo de España en la región, no autorice una concentración para ese día y en ese lugar, aduciendo que peligra la integridad física de los manifestantes.
Los sindicatos ya habían anunciado con anterioridad que el día de la mesa negociadora se convocará una huelga general de los conductores de los parques móviles de la Junta.
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