El Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla-La Mancha se ha anticipado a un posible ataque de triunfalismo por parte del Gobierno de Cospedal, tan dado a hacer de la necesidad virtud, y ha informado que si bien nuestra Comunidad es donde menos ha aumentado la demanda de servicios sociales en el último año, con un 59,3 %, ello se explica porque "la ciudadanía más vulnerable, excluida y dependiente ya no acude o va menos a los servicios sociales porque el sistema se ha recortado tanto en los dos últimos años que poco puede ofrecerles ya".
Y ponen el ejemplo sangrante de 31 zonas rurales de Servicios Sociales, que comprende a casi 200 municipios, donde "no se puede acceder a ningún servicio social del sistema porque ya no cuentan con trabajador social", debido a que se han amortizado sus plazas o "se fueron en el último concurso por sobrecarga de trabajo y falta de respuesta de la Junta a las necesidades sociales de la ciudadanía". La Junta, de quien dependen directamente los trabajadores sociales de los municipios de menos de 3.500 habitantes, todavía sigue sin cubrir estas plazas, que la ley regional de Servicios Sociales establece que no pueden quedar descubiertas, pues sin estos profesionales no se puede acceder a prestaciones y recursos sociales.
El Colegio denuncia que "en los dos últimos años se han suprimido casi un centenar de prestaciones, programas o dispositivos de Servicios Sociales y se han recortado casi todas las partidas presupuestarias del sector y no se han pagado buena parte de los servicios sociales que prestan los ayuntamientos y las entidades sociales".
En cuanto a la atención a la dependencia o mayores y pobreza o exclusión social, el Colegio informa que los mayores han pasado de disfrutar de programas de envejecimiento activo en 2011 a ayudar a hijos y nietos "a llegar a final de mes, en el mejor de los casos, y a llevárselos a vivir con ellos cuando no pueden pagar hipoteca, alquiler de vivienda o gastos de suministros, en el peor de los supuestos".
Según los trabajadores sociales los presupuestos de la Junta de 2011, 2012 y 2013 y el proyecto de ley para 2014 recogen un recorte global en sus ocho programas de gasto de Servicios Sociales de un 30,54 %, pero creen que este porcentaje es "muy superior" porque "en 2011 "no se presupuestaron y sí se gastaron algo más de 115 millones de euros en prestaciones económicas para personas en situación de dependencia" y porque en los últimos dos años "no se ha ejecutado aproximadamente el 12 % del presupuesto consignado en Servicios Sociales".
Ello conlleva, según el Colegio que "se dejen de atender a cientos de miles de personas y familias de la región, pues se ha despedido en los dos últimos años a más de 20.000 profesionales del sector, de los que 693 son trabajadores sociales".
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