El Partido Popular ha comenzado la tramitación parlamentaria de una nueva ley electoral para Castilla-La Mancha, justo un año después de que ya realizase otra reforma para "adecuar" la ley anterior, procedente de la etapa de gobierno del PSOE. La nueva ley persigue reducir el número de diputados en las Cortes y por lo tanto el número de los que se elijen por cada provincia. Detrás de un objetivo aparentemente inocente hay quien denuncia un fraude electoral.
La iniciativa, que se pretende blindar con una modificación del Estatuto de Autonomía, se justifica en el ahorro de gastos en un contexto de austeridad y ciertamente consigue atraer simpatía de una población que rechaza a los políticos. La maniobra de Cospedal, tal como se viene denunciando desde distintos ámbitos, no persigue el ahorro y mucho menos tras suprimir los sueldos fijos a los diputados, sino que pretende consolidar su preeminencia electoral en Castilla-La Mancha, aún dando por hecho una cierta bajada en la intención de voto al PP.
Ello se logra acentuando la injusta distribución actual de diputados regionales por cada circunscripción electoral, que hace que el voto de un conquense "valga más" que el de un toledano, o dicho de otra forma que elegir un diputado "sale más caro" en votos en las provincias más pobladas, mucho más de lo que cabría esperar en términos proporcionales, y ello de paso beneficia al PP, más consolidado en las provincias menos pobladas. El argumento para mantener esta situación desigual es que se quiere "proteger" la representación provincial, sobre-representando a algunas, lo cual resulta absurdo cuando se habla de una Comunidad Autónoma consolidada donde la perspectiva provincial carece ya de sentido.
Hay otro efecto perverso, desde el punto de vista democrático, que es la anulación del voto ciudadano a las opciones políticas minoritarias. Ahora mismo hay casi 80.000 votos de castellano-manchegos, un 6,5 % del electorado, que no se encuentra representado en las Cortes porque decidieron no votar ni al PP ni al Psoe. De cara a las próximas elecciones, teniendo en cuenta el crecimiento de la intención de voto de Izquierda Unida o UPyD, que según las encuestas podrían oscilar entre el 20 % y el 30 % conjuntamente, y si añadimos la existencia de otros partidos minoritarios que reciben respaldo en las urnas, tenemos que previsiblemente más de 250.000 ciudadanos de nuestra Comunidad quedarían silenciados, sin representación. Y ello suponiendo tan sólo un 20 % de voto a esas opciones.
Dicho de otra forma, y siempre según el número de diputados que finalmente se dejasen en las Cortes, entre la abstención y el voto que quedaría sin representación, se puede dar el caso de que en las nuevas Cortes, hechas a la medida de la "ahorradora" Cospedal, sólo estuviesen representados el 50 % de los electores y que el nuevo Gobierno se sustentase en un 25 % de los votos o incluso menos, porque con ese sistema se puede ganar en escaños sin ganar en votos. En definitiva visten de austeridad una ley electoral hecha a la medida del PP que es un golpe a la democracia.
¿Cuál sería la alternativa más democrática? Una circunscripción única en la región y sistema proporcional, para que cada voto cuente igual, de verdad. Y en ese caso el número de diputados es lo de menos. Si además se les puede elegir en listas abiertas sería lo idóneo.
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