El Gobierno de Castilla-La Mancha, que preside
María Dolores de Cospedal, pretende aplicar precios para ricos a los
inmigrantes sin papeles que acudan a la sanidad pública. El catálogo de
precios por acto médico para quienes no posean la condición de asegurado
–básicamente, los inmigrantes sin permiso de residencia-- cifra en
hasta 2.824 euros la estancia por día en una UCI de hospital. Eso sí, lo
que no ha explicado el Ejecutivo castellanomanchego es cómo piensa
cobrar los servicios.
Publicado hoy en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, la
resolución del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha desarrolla el
decreto que desde el pasado día 1 deja sin sanidad gratuita a quienes no
consten como beneficiarios de la Seguridad Social. A diferencia de lo
decidido por otras dos comunidades gobernadas por el PP, Castilla y
León y Galicia, el Ejecutivo de María Dolores de Cospedal ha cortado
cualquier atisbo de esperanza de sanidad gratuita. Algunos observadores
anticipan ya que la resolución publicada ayer provocará un éxodo de
inmigrantes hacia otros territorios más benévolos.
Los inmigrantes sin papeles sí que tienen derecho a recibir asistencia
sanitaria en partos y urgencias, pero la administración intentará
cobrarles, y si no es posible, buscará la vía, poco viable, de facturar a
los países de origen. En este sentido, Castilla-La Mancha cotiza en
2.369 euros el parto sin complicaciones y en 4.392 euros la cesárea con
complicaciones. El coste de una sesión de hemodiálisis, por ejemplo,
asciende a 282,64 euros.
A escala nacional, se calcula que el decreto gubernamental que priva
de sanidad pública a los no asegurados afectará a 153.000 sin papeles.
Ocho comunidades, entre ellas las ya citadas de Galicia y Castilla y
León, han optado por no aplicar la nueva norma. Que la medida más dura
conocida hasta la fecha haya partido de la número dos del PP sugiere
que el Gobierno no alberga la menor intención de dar marcha atrás.
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