Una protesta pacífica durante una visita a esta ciudad por parte de María Dolores de Cospedal y de Marcial Marín, consejero de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, le ha valido a los participantes la apertura de un juicio de faltas por falta al respeto a la autoridad.
¡Traed madera! En Los hermanos Marx en el oeste (1940), Groucho le da a Chico y Harpo la orden de comenzar a desmantelar los vagones del tren que conducen para usar la madera como combustible. ¡Es la guerra! Cuanto más rápido, más despedazado avanza el tren en persecución de un par de forajidos a caballo. Algo así hace el Partido Popular, recurriendo a la represión penal y administrativa de la protesta para intentar acallar las voces que legítimamente se oponen a las políticas más antisociales de la democracia.
Su idea parece ser proteger el Estado de Derecho a costa del Estado de Derecho: salvaguardar la autoridad que le reconocen las instituciones haciendo un uso inconstitucional y antidemocrático de esa misma autoridad y esas mismas instituciones. En su búsqueda de combustible, Harpo parecía encontrar facilidad arrancando las puertas y paredes de los vagones. El PP ha identificado también las partes superfluas de nuestra estructura institucional: los derechos y libertades reconocidas en la Constitución. Y se han puesto, afanosos, a pegarle hachazos a estos derechos que, como las paredes y puertas del tren, deberían proteger de la intemperie del turbulento viaje a los pasajeros, y permitirnos entrar y salir, de camino a nuestros destinos.
Uno tras uno van cayendo en la caldera: el respeto a la ley y a los derechos de los demás (art. 10 CE), la igualdad ante la ley (art. 14 CE) la libertad ideológica y de expresión (arts. 16 y 20 CE), los derechos de reunión manifestación y asociación (arts. 21 y 22 CE), etc., se tambalean, astillados bajo los golpes del filo tosco de los proyectos de reforma del Código Penal, de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, o de la Ley de Seguridad Privada. Todo sea por mantener en marcha la locomotora, que es, curiosamente, uno de los últimos y más feos artículos de la Constitución, el 135, introducido a toda prisa en 2011 para asegurar la prioridad del pago de la deuda frente a cualquier otro interés de los pasajeros del tren. Un penúltimo abuso de esta alegoría ferroviaria y grouchomarxiana: los forajidos a los que persigue el tren son esta vez los bancos, no los ladrones de bancos. Y el PP, con la gorra puesta y tocando el silbato, dirige entusiasta la locomotora para alcanzarles y darles el dinero, no para recuperarlo.
Este lunes 16 de diciembre se juzga a siete personas en Ciudad Real por ejercer derechos fundamentales. Una protesta pacífica durante una visita a esta ciudad por parte de María Dolores de Cospedal y de Marcial Marín, consejero de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, le ha valido a los participantes la apertura de un juicio de faltas por falta al respeto a la autoridad.
No ha bastado con eso: a la represión de derechos fundamentales por la vía penal hay que sumarle la intensa burorrepresión por la vía administrativa. La Subdelegación de Gobierno de Ciudad Real, dirigida por Fernando Rodrigo, dirigente destacado del Partido Popular provincial, ha considerado legal y apropiado prohibir la rueda de prensa convocada delante de los juzgados el día del juicio, a la que iba a asistir por cierto Cayo Lara, por ser varios de los imputados miembros de Izquierda Unida. Nuestras autoridades parecen, así, a un paso de reivindicar el viejo delito de propaganda ilegal, que quizás evocan como característico de esa época de extraordinaria placidez que fue el franquismo.
Es difícil, y una tarea que hay que realizar, contabilizar cuántos casos similares a los de estas siete personas están dándose en todo el país. Son muchos. Las estadísticas judiciales revelan que desde 2011 se ha incrementado notablemente el número de detenciones e imputaciones por hechos que, sin embargo, en sede judicial, los jueces no consideran constitutivos de delito ni de falta: no ha habido más condenas de las habituales. Y, sobre todo, y también quizás debido precisamente a eso, se ha disparado el número de sanciones administrativas impuestas durante el ejercicio del derecho de reunión: según los datos del Anuario Estadístico del Ministerio de Interior, se cuadriplicaron de 2011 a 2012. Solo la Comisión Legal de Sol ha asistido en Madrid a 447 personas detenidas y 1010 personas sancionadas en los dos últimos años.
Más fácil es identificar a quiénes son los responsables políticos de esta deriva represiva, cobardemente escudados tras los jueces, la policía y los expedientes administrativos: los dirigentes del Partido Popular. Precisamente en señalarlos reside una de las principales virtudes de la campaña Cospedal te odia, lanzada hace unos días por los afectados por el juicio del hoy, que le pone la cara de la Secretaria General del Partido Popular a lo que está sucediendo.
Cualquier demócrata en nuestro país debería estar preocupado por los coqueteos autoritarios de nuestro Gobierno y la profunda debilitación del Estado de Derecho que conllevan, y sumarse a las reivindicaciones formuladas al hilo de los casos concretos de represión. En este sentido, es particularmente necesaria la implicación de la comunidad universitaria, de los operadores jurídicos y de las propias instituciones, en la tarea de denunciar públicamente y ponerle freno a este inaceptable uso partidista de las leyes penales y administrativas destinado a desmovilizar la protesta legítima y la imprescindible labor de los movimientos sociales, políticos y sindicales. Último recurso al Go West de los hermanos Marx. De lo contrario, no sabemos hasta dónde llegarán los vagones, pero no parece que vaya a ser muy lejos.
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