¿Está ultimando el Grupo Quirón la apertura de algún centro de sanidad privado en nuestra comunidad? En caso afirmativo, ¿esta implantación en una región como la nuestra que hasta hace apenas dos años se había distinguido por la fortaleza del sistema público la llevará a cabo de la mano de un alto cargo nombrado por José Ignacio Echániz? Esas son las preguntas que en las últimas horas se repiten en muchos círculos políticos y sanitarios ante el fichaje de la ya exsecretaria general de Asuntos Sociales y Voluntariado, Paloma Leis, por el grupo hospitalario, que se define a sí mismo como "la mayor red hospitalaria privada de España, con 20 hospitales generales y 24 centros de consultas de diferentes especialidades". Lo cierto es que, igual que ocurrió en la vecina Comunidad de Madrid, también gobernada por el PP, la puerta giratoria se ha vuelto a abrir para franquear el paso desde la Administración pública a la actividad puramente privada y con ánimo de lucro a un alto cargo.
La noticia se ha conocido este jueves, pero desde la Junta de Cospedal no se le ha dado mucho importancia. José María Dívar, hasta ahora jefe de Gabinete del consejero de Sanidad y Asuntos de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, ha sido nombrado secretario general de Asuntos Sociales y Voluntariado en sustitución de Paloma Leis, que ha cesado en el cargo a petición propia y para hacerse cargo de la dirección médica del Grupo Quirón.
Paloma Leis ya tenía experiencia en el sector privado cuando se incorporó a la Secretaría General de Asuntos Sociales de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, fichada por Ignacio Echániz.
Licenciada en Medicina y Cirugía, Leis hora vuelve al sector privado, donde la espera el importante reto de hacerse cargo de la Dirección Médica del Grupo Hospitalario Quirón, el mayor privado de toda España en pacientes atendidos y superficie asistencial. El Grupo Quirón, que preside Pilar Muro Navarro (esposa del fundador), gestiona 45 centros sanitarios, más de 2.250 camas hospitalarias, 6.500 médicos vinculados y 600.000 estancias hospitalarias al año.
Es llamativo que esta empresa no tenga ningún centro en Castilla-La Mancha, donde las posibilidades de negocio se han multiplicado en los dos últimos años, como reconocen a www.dclm.es fuentes médicas que recuerdan que el último informe de los usuarios de la sanidad pública situaba a nuestra región en el puesto número 13 cuando en 2010 estaba en el tercero. "Con las listas de espera descontroladas, hasta el punto de que una cita para Medicina Digestiva preferente se daba hace dos meses para enero del año que viene o una para Dermatología se concede ya para mayo de 2014, sin duda el nicho de negocio será muy grande", apunta un médico del Hospital Virgen de la Salud que prefiere no facilitar su nombre.
"Fíjese, yo sé un caso de Traumatología que recibió una cita en el mes de marzo pasado para el 15 de mayo de 2014 en Toledo, es evidente que esa persona, si tiene recursos, se pagará un seguro o una sociedad", agrega.
Los cambios en el Ejecutivo los ha anunciado la propia presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado en Albacete en el que se ha aprobado el nombramiento de Dívar junto con el de Eva María Arteaga como directora de la Agencia del Agua de la comunidad autónoma.
Arteaga, hasta ahora coordinadora de los servicios periféricos de la Consejería de Fomento en Cuenca, toma el relevo de Aquilino Iniesta, nombrado viceconsejero de Fomento en el último Consejo de Gobierno.
Cospedal ha agradecido la labor desempeñada por Paloma Leis, que entró en el Gobierno regional en febrero de 2012 tras la dimisión de su antecesora, Carmen Balfagón.
EL EJEMPLO DE GÜEMES Y LAMELA EN LA COMUNIDAD DE MADRID
A la vista de este fichaje es inevitable establecer una analogía con la Comunidad de Madrid donde la Justicia ha vuelto a paralizar la privatización ("externalización", según el Gobierno del PP) de varios hospitales públicos. Allí tanto Manuel Lamela como Juan José Güemes, antiguos consejeros del ramo, dejaron la Administración regional y se fueron a empresas vinculadas al sector sanitario de capital privado.
Una puerta giratoria que se abrió velozmente para ambos políticos, denunciados por presuntas irregularidades en la externalización sanitaria de los hospitales Infanta Elena, Rey Juan Carlos y el de Torrejón de Ardoz.
Este caso ha vivido su último episodio hace apenas 48 horas cuando el juez de Instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, suspendió las declaraciones de la viceconsejera de Asistencia Sanitaria, Patricia Flores, y del director general de Hospitales, Antonio Burgueño, en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación para la gestión sanitaria externalizada de los primeros hospitales de la Comunidad de Madrid (Infanta Elena, en Valdemoro; el Rey Juan Carlos, en Móstoles; y el Hospital de Torrejón de Ardoz).
"Ojalá que Madrid no sea el espejo en que se están mirando nuestros gobernantes en Castilla-La Mancha, por muy madrileños que sean algunos de ellos. Está claro que ese camino que sacó a la calle a miles de personas en sucesivas mareas blancas no es el mejor", explica María López, una enfermera de Albacete en un correo electrónico remitido a este diario. "Queremos pensar que esta coincidencia en los fichajes no es más que eso y no que están imitando lo que han querido hacer en la comunidad de Esperanza Aguirre e Ignacio González donde la Justicia de momento les ha parado los pies", concluye.
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