Autor: Jesús Cacho
El indulto de Gallardón al kamikaze que mató a un joven en Valencia "supone una falta de respeto total a la sentencia, a la Fiscalía y a la propia Audiencia. Un escándalo con motivos sobrados para el cese inmediato del ministro de Justicia”.
El 1 de diciembre de 2003, lunes, no amaneció buen día para José Dolz España. Pasadas las siete de la tarde, y una vez finalizada su jornada laboral en la empresa familiar, un matadero de aves en Algemesí (Valencia), José subió a bordo de su Golf GTI para, en compañía de su novia Paula, con la que pensaba casarse en la primavera siguiente, poner rumbo a Valencia por la AP-7 con intención de visitar a un cliente en Alginet, antes de retirarse a descansar en la casa paterna. Iba a ser el viaje más breve de su vida, porque, unos minutos después, iba a tropezar en la citada AP-7, dirección Alicante, con el Opel Magnum de otro hombre joven aparentemente dispuesto a acabar con su vida y la de quien le saliera al paso.
El primero que supo que Ramón Ríos Salgado, un ejecutivo medio de Opel España Automóviles SL, no conducía en sus cabales fue José Gálvez, quien, cerca de las seis de la tarde y a la altura de la salida de Torrente-Calicanto de la A-7, fue violentamente embestido por detrás por el Opel cuando circulaba por el carril rápido. El pasmo de Gálvez se convirtió en terror al advertir que el piloto agresor, en lugar de disculparse, continuaba pegado a él y volvía a embestirlo con saña. En pleno ataque de nervios, el agredido logró librarse del conductor kamikaze dando un volantazo y aparcando en el arcén. Para su sorpresa, el Opel continuó circulando a toda mecha por el carril izquierdo como si nada hubiera pasado, por lo que, con lesiones severas en clavícula y hombro izquierdos, procedió como pudo a dar aviso de lo ocurrido a los servicios de emergencia.
En su camino de perdición, Ramón continuó en dirección a Alicante, accediendo a la autopista AP-7, tras retirar el correspondiente ticket, por el peaje de Silla y prosiguiendo hasta el punto kilométrico 551-552, donde, tras parar en el arcén derecho, efectuó un cambio de sentido para comenzar a circular a gran velocidad en sentido contrario entre los dos carriles. Las escenas de pánico que se vivieron a continuación son fáciles de imaginar. Los conductores que se topaban de frente con el Opel se precipitaban al arcén con sus vehículos o materialmente se echaban sobre la mediana para dejarle el camino expedito, ello entre el sonido desesperado de los claxon y las ráfagas de luces largas que trataban de advertir del error - ¿o no era un error? - al suicida.
La conducta del kamikaze fue “libre y voluntaria, (…) en una decisión plenamente consciente y deliberada”
A pesar de los daños sufridos por no pocos vehículos, y de alguna que otra lesión de sus conductores, muchos fueron los que en aquel anochecer de diciembre salvaron la vida por los pelos. Tuvieron la suerte que le faltó a José Dolz quien, sobre las siete y cuarto de la tarde y a bordo de su Golf, fue a toparse de frente con el Opel de Ramón Ríos a la altura del término municipal de Polinya de Xúquer, en un tramo recto y con buena visibilidad. Para su desgracia, en aquel momento estaba realizando un adelantamiento, por lo que no pudo detectar la llegada del vehículo asesino, que literalmente se le echó encima. Como consecuencia del impacto, José, de 25 años, falleció en el acto, mientras su novia sufría heridas muy graves de las que, estrés postraumático crónico y depresión al margen, tardó en curarse más de un año.
El 17 de enero de 2011, la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia dictó sentencia condenando a Ramón como criminalmente responsable de un delito de homicidio, otro de lesiones, una falta de lesiones y otra de daños, imponiéndole una pena de 13 años de prisión y el abono de 130.700 euros a los padres de José y de 25.200 a su novia, además de cantidades menores a otros afectados por su razia en la AP-7. Tras las correspondientes pruebas médicas, el tribunal, que define la conducta del kamikaze como “libre y voluntaria, tomando la decisión de circular en contra dirección, (…) en una decisión plenamente consciente y deliberada”, rechazó el argumento esgrimido por la defensa de un supuesto ataque de epilepsia que el condenado habría sufrido en el momento de los hechos.
Apenas 10 meses entre rejas
Ramón recurrió en casación ante el Tribunal Supremo (TS), lo que también hizo Opel España como responsable civil subsidiario. A ambos los defendía un equipo del bufete Uría & Menéndez, uno de los más prestigiosos y caros del país, encabezado por Esteban Astarloa, quien se desplazó en numerosas ocasiones de Madrid a Valencia para dirigir la defensa, y cuya minuta, costosa sin duda, corrió a cargo de Opel España. Ambos recursos fueron desestimados en su totalidad por la Sala Segunda de lo Penal del Supremo, en sentencia de 27 de diciembre de 2011, de la que fue ponente el magistrado Carlos Granados.
Convicto y confeso, Ramón ingreso entonces en la cárcel de Alicante para cumplir la pena que le había sido impuesta. Sólo permaneció 10 meses entre rejas, el tiempo que tardó en tramitarse el indulto que le fue concedido por el Gobierno, a propuesta del ministerio de Justicia, en la reunión del Consejo de Ministros del 7 de diciembre de 2012, que conmutó la pena de prisión por una multa de 6 euros diarios durante dos años, según consta en el BOE del 5 de enero de este año, bajo la firma de Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez. “Una burla descarada a la familia de la víctima”, ha comentado Loreto Dolz.
Sólo permaneció 10 meses entre rejas, el tiempo que tardó la tramitación del indulto del Gobierno
La gracia, “que tuvo en cuenta el trato educado, respetuoso y responsable del condenado en prisión”, contó con informe expreso en contra de la Fiscalía, de la Audiencia Provincial (AP) y de las víctimas. “Toda la política de indultos del Gobierno me parece escandalosa”, asegura un magistrado miembro del CGPJ, “pero este caso es particularmente odioso. En el Ministerio de Justicia se han rechazado siempre las peticiones de indulto que no contaban con informe favorable tanto de la Fiscalía como de la AP, y eso por sistema, vamos, es que sin ese requisito la petición ni siquiera pasaba al subsecretario. Lo ocurrido en este caso evidencia un interés personal de Gallardón en concederlo”.
Un interés que apunta directamente a la personalidad de Esteban Astarloa y su condición de hermano de Ignacio Astarloa, diputado del PP, abogado, letrado de las Cortes, ex secretario de Estado de Seguridad y, sobre todo, ex subsecretario de Justicia entre 2000 y 2002. En el bufete Uría, aunque en la oficina de Brasil, trabaja también José Ruiz-Gallardón Utrera, 26, (casi todos los hijos de la "gente bien" de Madrid que se titulan en Derecho quieren trabajar en el bufete Uría, y algunos lo consiguen, dependiendo de las agarraderas del padre, aunque sean unos zotes). Se trata del mismo joven que en julio de 2012 fue víctima de un atraco nocturno en Sao Paulo, en el que murió, víctima de un disparo, su amigo Tommasso Lotto, un joven economista italiano. Horas después del trágico suceso, y con Tommasso de cuerpo presente en la morgue paulista, el joven José, un legionario, era repatriado a uña de caballo a Madrid, sin que los padres de su amigo hubieran llegado aún a Brasil.
Motivos para el cese del ministro de Justicia
“A lo largo del año se producen miles de peticiones de indulto con las que, como es fácil imaginar, se hace una criba brutal”, prosigue la misma fuente, “porque es un derecho de gracia muy restrictivo que solo se debe otorgar en casos excepcionales, por ejemplo, en aquellos en los que la pena impuesta es claramente desproporcionada en relación al delito cometido. Este indulto supone una falta de respeto total a la sentencia, a la Fiscalía y a la propia Audiencia. Un escándalo con motivos sobrados para el cese inmediato del ministro de Justicia”.
"Este indulto supone una falta de respeto total a la sentencia, a la Fiscalía y a la propia Audiencia"
El PSOE ha pedido la comparecencia urgente en el Congreso de Ruiz-Gallardón y la intervención de la Fiscalía para averiguar si hubo tráfico de influencias (¡!). Ante la creciente presión social, ha sido el propio Ministerio, que no Uría & Menéndez, quien, ofendiendo la inteligencia del español medio, ha salido a decir que el hijo del ministro no ha tenido nada que ver en el lance, puesto que su especialidad es el Derecho Mercantil y, además, trabaja en Brasil… En una semana demoledora para la salud de nuestra pobre democracia, con los casos de corrupción amontonándose sobre la piel aterida de un país curado de espantos, y con el tesorero del PP, Luis Bárcenas, en el frontispicio de las desgracias patrias, el indulto de Jorge Ríos marca un punto de no retorno, una aceleración conceptual de esa corrupción consuetudinaria y maloliente de los chorizos de turno, en tanto en cuanto representa la corrupción del Poder y el envilecimiento de las instituciones por obra y gracia de la conducta supuestamente delictiva de los poderes públicos, conducta que priva al Estado de Derecho de toda su sustancia.
Recordatorio, en fin, de los peligros que incluso para un democracia de baja calidad como la española tienen políticos populistas y sin escrúpulos como Ruiz-Gallardón, un “falangista de derechas” en acertada definición de su padre, cuya voluntad de poder apunta directamente a la presidencia del Gobierno. En apenas un año, el personaje ha logrado enfrentarse a todo el estamento judicial, jueces y fiscales conservadores incluidos. A la luz de las prestaciones de tipos como Zapatero o Rajoy, al susodicho le sobran argumentos para aspirar al cargo. Y dada la deriva del Estado de Derecho hacia ese abismo de corrupción galopante que nos ahoga, sus sueños podrían hacerse realidad más pronto que tarde. Talento le sobra. Talento para la arbitrariedad y el nepotismo al por mayor. Estamos advertidos.
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