MOCION EN DEFENSA DE LOS DERECHOS CIVILES Y CONTRA LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL.

Moción presentada en el Pleno del Ayuntamiento de Talavera el 28 de febrero:

MOCION EN DEFENSA DE LOS DERECHOS CIVILES Y CONTRA LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Durante los últimos meses, decenas de ciudadanos y ciudadanas de toda nuestra región han sido víctimas del inicio de procedimientos sancionadores por parte de la Delegación del Gobierno de España en Castilla-La Mancha. Muchos de ellos y ellas convecinos nuestros, ya que sólo en Talavera hay 21 personas multadas y/o denunciadas. El Partido Popular, y deshonrosamente para Talavera, el Subdelegado del Gobierno, ex concejal de este Pleno, José Julián Gregorio, inició el pasado año una estrategia de represión y criminalización de la protesta social que, más allá de las actuaciones desproporcionadas y desmedidas ante las movilizaciones, se ha librado ya con cientos de procedimientos sancionadores abiertos, teniendo en cuenta que algunas de estas personas tienen más de un procedimiento en marcha. 

En otros casos hay denuncias de la propia policía, algunas con condenas llamativas sobre desobediencia a la autoridad, como ha sido la condena de un menor talaverano. En la mayoría de los casos, estas sanciones se producen alegando el incumplimiento de la preceptiva comunicación a la Delegación del Gobierno en la convocatoria de algunas concentraciones, o interpretando de forma restrictiva e inconstitucional el derecho de reunión y manifestación. Profesores de la Marea Verde, sindicalistas defendiendo sus puestos de trabajo, ciudadanos defendiendo los servicios públicos, miembros de organizaciones políticas, jóvenes estudiantes y sindicalistas, madres y padres de AMPAs de colegios públicos, profesionales sanitarios defendiendo la sanidad pública, activistas de Stop Desahucios, etc. han sido víctimas de identificaciones y denuncias, con multas que oscilan desde los 400 a los 800 € y que suponen una forma de represión calculada e inaceptable.

Desde la transición hasta ahora, la autoridad gubernativa ha actuado siempre con respeto al ejercicio pacífico del derecho fundamental de reunión, reconocido en el artículo 21 de nuestra Constitución y, como lógica consecuencia, en ningún momento se ha presentado denuncia alguna relativa a esas concentraciones ni se ha cuestionado la constitucionalidad de las mismas, que, en cuanto forma de ejercicio colectivo del derecho fundamental a la libertad de expresión (Sentencia del Tribunal Constitucional 66/1995, de 8 de mayo, Fundamento Jurídico 3), son propias de todo Estado democrático avanzado.

Desde los colectivos afectados, se han iniciado diferentes campañas contra la Criminalización de la Protesta Social y en apoyo a los “represaliados”, denunciando esta estrategia premeditada del Partido Popular y del Ministerio del Interior, en concreto, y apostando por judicializar estas prácticas represivas antes quienes se movilizan legítimamente contra determinadas injusticias o decisiones políticas cuestionables.

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina no puede ser insensible ante estas circunstancias que afectan a nuestros conciudadanos y debe trasladar su respaldo a quienes son sancionados por protestar, al tiempo que denunciar esta estrategia de criminalización de la protesta, así como la necesidad de frenar esta táctica de sembrar miedo y represión, para que los ciudadanos puedan seguir defendiendo sus derechos y libertades desde la movilización. 

Por todo ello, proponemos al Pleno de la Corporación, que adopte los siguientes Acuerdos:

1. El Ayuntamiento de Talavera de la Reina  manifiesta su apoyo a todas las personas que están siendo multadas y/ denunciadas, especialmente a nuestros conciudadanos.  

2. El Ayuntamiento de Talavera de la Reina insta a la Delegación del Gobierno de España en Castilla – La Mancha, a proceder al archivo de estos procedimientos sancionadores abiertos contra quienes han ejercido su derecho constitucional de reunión. 

3. El Ayuntamiento de Talavera de la Reina insta a la Delegación del Gobierno en Castilla – La Mancha y al Ministerio de Interior a que abandone esta estrategia de criminalizar la protesta social a base de multas y denuncias a la ciudadanía. 

4. Dar traslado de estos acuerdos a la Delegación del Gobierno de España en Castilla - La Mancha. 

En Talavera, a 20 de febrero de 2013