La aparición en los últimos días de una supuesta contabilidad B del Partido Popular, asociada a su extesorero Luís Bárcenas, ha puesto en el ojo del huracán la corrupción política. En un clima de recortes sociales crecientes, la indignación contra este colectivo está alcanzando límites inimaginables hace no tanto, cuestionando incluso las bases del pacto político-social nacido al calor de la transición.
Es innegable que la indignación contra los políticos, contra “la casta”, está sin duda justificada. Pero quedarnos en este nivel de análisis, considerar a los políticos un colectivo con intereses propios independientes del poder económico y responsable único de la crisis, introduce un importante sesgo a un elevado precio: la historia nos enseña, que las opciones de gobierno asociadas a una política deslegitimada van desde populismos con tintes fascistoides a teóricos gobiernos “tecnocráticos”. El remedio se torna peor que la enfermedad.
Tenemos pues que apuntar más allá de lo obvio, superar la capa de bruma que oculta que, detrás de cada sobre, de cada pago en B, había alguien con interés y capacidad de hacerlo. Para que haya una salida, es necesaria la existencia de una entrada. Tautología contable.
Deberíamos superar el reduccionismo que supone considerar a los afamados sobres el centro de la denominada corrupción política. Si superamos la dimensión legalista de ésta para acercarnos a la colusión de intereses entre lo político y lo económico, damos un importante paso para arrojar luz, allá donde es necesario iluminar.
No podemos quedarnos en un nivel superficial porque decidan permanecer en él las voces de gran parte de la opinión publicada. La zona más alumbrada no tiene por qué contener necesariamente la respuesta. Evitemos, por tanto, cegarnos en lo que muchos medios repiten hasta la saciedad y observaremos que la comunión entre los poderes fácticos políticos y económicos trasgrede con mucho aquello que interesa que la ciudadanía perciba.
Pongamos un sencillo ejemplo al respecto. Todos recordamos a nuestro exministro de economía Pedro Solbes y su gran capacidad de predicción de pequeñas desaceleraciones. Más allá de su valía personal, imaginemos un falso escenario: dado que las medidas tomadas para abordar la crisis por su parte se centraron en salvar los muebles de las grandes empresas, la clase empresarial española decide reconocerle “su servicio” a través de uno de los afamados sobres en B. El escándalo habría sido impresionante, su dimisión inmediata exigida y las consecuencias legales inevitables.
Esta es la distopía. Veamos ahora lo que ocurrió en el relato real, que hasta su abandono de la política es compartido. Dado que las medidas tomadas para abordar la crisis por su parte se centraron, como se ha dicho, en salvar los muebles de las grandes empresas, la clase empresarial española decide reconocerle “su servicio” y tras finalizar su estancia al frente del Ministerio de Economía es nombrado consejero de Enel —principal accionista de Endesa— y del banco Barclays. Su remuneración va mucho más allá de la “pecata minuta” recogida en los papeles de Bárcenas. A Rajoy se le estiman unos 25.000 euros anuales de pagos en B, mientras que la remuneración media de un consejero de una empresa del Ibex35 era superior al medio millón de euros anual en 2011. Más del 10% de estos consejeros ocuparon en algún momento un alto cargo político.
Resultado: no hay escándalo alguno. La opinión publicada apenas muestra interés al respecto. Todo es perfectamente legal y no existe conflicto de intereses alguno. Este ejemplo puede ser clarificador, pero no es, desgraciadamente, ningún hecho aislado. Nuestros expresidentes Aznar —asesor externo de Endesa Latinoamérica— o González —en el consejo de administración de Gas Natural Fenosa— muestran que esta convivencia llega a las más altas esferas. También el camino a recorrer puede ser inverso: Manuel Pizarro, presidente de Endesa hasta 2007, se postuló como candidato a la cartera de economía en las elecciones de un año después. El video que ilustra el debate entre este último —que intuye, según sus palabras, una crisis del ladrillo pasajera— y el ya mentado Solbes, es un ejercicio de memoria muy recomendable para los gobernados.
Tampoco el problema es exclusivamente nacional, aunque muchas veces quieran dibujarlo así. El excanciller alemán Schröder y su controvertido paso al sector privado, mediante la empresa a la que su propio gobierno concedió la construcción de un gaseoducto en alianza con el gobierno de su amigo Vladimir Putin, muestra que los honrados y productivos alemanes también entienden al respecto. Si cruzamos el charco la situación no mejora: la línea que separa lo político de los lobbies financieros e industriales en Estados Unidos es anecdótica, como bien señala el Premio Nobel J. Stiglitz con la llamada “puerta giratoria” entre lo económico y lo político.
La artificial separación de ambas esferas en compartimentos estancos, la idealización de lo económico frente a lo político, es una parte importante del mantra neoliberal que todo intenta invadir. Pareciese que fruto de la transición existiera un pacto implícito de despolitización general. Accedimos a un régimen que considerábamos más democrático y nos integramos en la moderna Europa, en una unión que todo lo prometía, en lo que parecía sin duda un buen intercambio.
Al despertar nos dimos cuenta de que votar cada cuatro años no garantiza una sana democracia y que pese a llamarnos europeos no éramos todos iguales. La convergencia de Maastricht fue un espejismo que amargamente se diluyó. Pero tanto en la construcción de los criterios de Maastricht como en las actuales condiciones de los rescates, no solo se encuentra el poder político. Un dato llamativo al respecto: la UE cuenta con un numeroso pero poco conocido grupo de lobistas del sector financiero-industrial. Su número se estima en 15.000, más de 20 por eurodiputado.
La crisis ha sacado a relucir importantes carencias del entramado institucional, tanto a escala nacional como europea, pero no olvidemos el origen económico de la misma y quién es el beneficiario último de privatizaciones y rescates. El problema no reside en lo político, sino en el abandono de la política por parte de los gobernados: dejar a la política a su suerte es dejarla en manos de la oligarquía económica.
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