El Ayuntamiento de Toledo aprueba adherirse al Fondo Social de Viviendas destinadas al alquiler

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Toledo ha aprobado su adhesión al Fondo Social de Viviendas destinadas al alquiler, que es fruto de un Convenio de colaboración suscrito por las entidades financieras, el Gobierno central, la Plataforma del Tercer Sector y la Federación Española de Municipios y Provincias.

Fuente: www.diariodetoledo.es, 24 de febrero

Se constituye con unas 6.000 viviendas propiedad de las entidades financieras para las que se fijan mensualidades de escasa cuantía y a las que podrán acceder personas que hayan sido desalojadas de su primera vivienda desde el 1 de enero de 2008 y que, además, se encuentren en situación especial vulnerabilidad social. 

El Grupo Municipal de Izquierda Unida había solicitado esta adhesión por lo que su portavoz Aurelio San Emeterio ha mostrado su satisfacción porque "aunque se trata de una iniciativa de alcance limitado y que deberá tener continuidad en un futuro para ampliar sus beneficiarios y el número de viviendas ofertadas, el Ayuntamiento de Toledo debe estar presente y vinculado al Fondo para favorecer que puedan ser beneficiadas familias toledanas".

Los solicitantes deben contar con unos ingresos por unidad familiar que no superen el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (unos 24.000 euros) y que ningún miembro de la unidad familiar disponga de vivienda en propiedad. Deberán dirigirse a las entidades de crédito que ya están colgando en sus páginas web las viviendas que ofrecen. Éstas darán prioridad a las situaciones de mayor necesidad o riesgo social y, para conocerlo, solicitarán informe a los servicios sociales del Ayuntamiento o la Diputación correspondiente. Las viviendas serán asignadas antes de la finalización de cada trimestre.

Las condiciones de arrendamiento previstas incluyen una renta comprendida entre 150 y 400 euros al mes, con un límite máximo del 30% de los ingresos netos totales de la unidad familiar. La duración del contrato de arrendamiento será de dos años, aunque puede prorrogarse un año más.

Los servicios sociales de los Ayuntamientos que se adhieren al Fondo son los encargados de emitir, a petición de la entidad de crédito, un informe sobre la necesidad o riesgo social del solicitante de la vivienda, al objeto de priorizar entre los demandantes.