El asunto de la subasta de medicamentos en Andalucía es una de esas noticias que pasan inadvertidas, o que parecen tan liosas que nadie se detiene a pensar lo que esconden detrás.
Fuente: www.eldiario.es, 25 de febrero
Todo empezó el 13 de diciembre de 2011, cuando la Junta de Andalucía aprobó un Decreto de Medidas Urgentes de Farmacia para ahorrar en medicamentos sin perjudicar a los pacientes.
La idea era convocar un concurso para que los laboratorios que fabrican los compuestos genéricos más demandados por la sanidad pública andaluza presentaran sus ofertas: que dijeran cuánta cantidad de este o de aquel genérico podían suministrar por cuánto dinero. A continuación la Junta estudiaría las propuestas y elegiría la más barata.
La Gran Farmacia protestó mucho y habló de “cubanización de la sanidad”, pero lo cierto es que esta medida de ahorro no arruinaba a los laboratorios. Verían reducido su margen de beneficio, eso sí, pero seguirían ganando dinero: de hecho, cuando pocos meses después de aprobar el Decreto la Junta convocó el concurso se presentaron 13, cosa que no hubiera sucedido si lo hubiesen considerado un negocio ruinoso.
Uno habría esperado que el Gobierno central se alegrara por esta iniciativa del Gobierno andaluz. Uno habría esperado que Mato y el ratoncito Montoro hubieran felicitado al amigo Griñán. ¿No se trataba de ahorrar para reducir el déficit? ¿No se trataba de remar todos en la misma dirección?
Pues no. En vez de aplaudir la iniciativa, el Gobierno presentó un recurso de inconstitucionalidad contra ella, y pidió al tribunal que suspendiera cautelarmente la subasta.
El Constitucional admitió a trámite el recurso, pero no la suspendió, por lo que la Junta volvió a convocarla con idéntica respuesta del Gobierno: en su reunión del pasado viernes el Consejo de Ministros decidió interponer de nuevo otro recurso de inconstitucionalidad.
Y ahí estamos.
Aunque no soy periodista, sé que en este párrafo que viene ahora debería glosar, por ecuanimidad, las razones del Gobierno para torpedear una medida que respeta su retórica de austeridad y justicia. Sé que debería hacerlo, pero no puedo porque no entiendo una sola palabra de su explicación oficial:
"Se están vulnerando, por una parte —dice—, las competencias estatales en relación con la legislación farmacéutica al establecer previsiones específicas sobre la prescripción de medicamentos careciendo de competencia para ello; y, por otra, en relación con la legislación básica en materia de sanidad al modificar la cartera básica común de servicios establecida por el Estado, al excluir desde el punto de vista del ciudadano presentaciones a las que podría acceder aplicando la normativa básica, y fijando un mecanismo de financiación de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud no previsto en la legislación básica estatal".
Sic.
Pero no hace falta entender este párrafo tan correoso para saber lo que se nos quiere decir. Amiguitos, el párrafo nos explica que hay ciertas medidas fáciles y beneficiosas para la mayoría que no deben ponerse en práctica jamás, no sea que den buen resultado. Eso dice. Y también nos explica quién manda aquí, para quién legisla Rajoy y qué es lo que el Gobierno va a hacer siempre que los intereses de quienes financian al Partido Incompatible Con La Corrupción colisionen con los nuestros.
No hay comentarios:
Publicar un comentario