Fuente: www.dclm.es, 27 de noviembre
Alrededor de 12,7 millones de personas están en riesgo de pobreza y exclusión social en España, lo que supone un 27 por ciento de la población, según se desprende del II Informe 'Impactos de la crisis' elaborado en España por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN, por sus siglas en inglés), que señala que Castilla-La Mancha tiene una tasa superior al 31 por ciento y está entre las regiones con tasas más altas.
El documento constata "un aumento constante y elevado" del número de personas en esta situación ya que, entre 2009 y 2010 el número aumentó en 1,4 millones de personas y, el año pasado, en otras 751.071 personas por lo que, en tres años de crisis, la cifra ha aumentado en 2,1 millones de personas más.
Para medir el riesgo de pobreza y exclusión, se ha utilizado el indicador AROPE, que mide la pobreza y la exclusión en su conjunto. Este método implica que las personas que están en situación de pobreza están contabilizadas aunque no sean pobres, al combinar elementos de renta, posibilidades de consumo y empleo, y tener en cuenta la población que hay bajo el umbral de la pobreza, la que sufre privación material severa --como pagar una hipoteca o afrontar pagos imprevistos-- o con baja intensidad de trabajo por hogar.
En términos generales, el factor más importante es la pobreza, que ha aumentado durante los años de la crisis unos 2,3 puntos porcentuales; el de baja intensidad de empleo en los hogares se ha elevado 4,2 puntos porcentuales y el de privación material severa se ha incrementado en 0,4 puntos porcentuales.
El informe precisa que, a partir de 2008, la clase media y los grupos más pobres de la población española han sufrido "un proceso creciente" de devaluación de su calidad de vida, un hecho que no ha sido contrarrestado "eficazmente" por las políticas sociales y otras medidas de lucha contra la crisis, y se refleja en la evolución reciente de la tasa de pobreza y exclusión social. En este periodo, el indicador AROPE ha crecido 4,1 puntos porcentuales, lo que significa que 2,3 millones de personas han pasado a estar en pobreza y exclusión social cuando antes no lo estaban.
En términos absolutos, en el año 2009 había 9,1 millones de pobres, cifra que ha crecido en los tres últimos años en 1,1 millones personas hasta llegar a los 10,2 millones de personas pobres en el conjunto del territorio nacional. Sin embargo, la evolución de la pobreza ha sido diferente en función del sexo y del grupo de edad. De este modo, la población masculina ha sufrido con mayor intensidad las consecuencias de la crisis, así como los jóvenes, cuya tasa de pobreza ha aumentado 6,4 puntos porcentuales entre la población de 16 a 29 años y 3,4 puntos porcentuales en el grupo de los menores desde 2009.
Por otro lado, la privación material severa alcanzaba al 3,5 por ciento de la población en 2009, al 3,9 por ciento en 2010 y al 3,9 por ciento en 2011, por lo que ha crecido de manera moderada inicialmente y se ha mantenido constante en el último año. A modo de ejemplo, el estudio señala que el 40 por ciento de la población no puede permitirse una semana de vacaciones al año y más de una de cada tres personas no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos.
Por último, la población que vive en hogares con baja intensidad de trabajo prácticamente se ha doblado en tres años y alcanza a 4,4 millones de personas en 2011, el 9,5 por ciento de la población total, con especial repercusión sobre la población más joven y el sector de la construcción.
Finalmente, aunque no forma parte del indicador AROPE, el informe muestra que algo más de una de cada cuatro personas tuvo dificultad o mucha dificultad para llegar a fin de mes el año pasado. Además, otro 30 por ciento tuvo "ciertas dificultades" para llegar a fin de mes.
ANDALUCÍA Y CANARIAS, A LA CABEZA
Por comunidades autónomas, el estudio detalla que las comunidades del norte peninsular mantienen tasas menores de pobreza y/o exclusión social que las del sur. Así, Navarra, País Vasco, Asturias, Madrid y Aragón tienen tasas inferiores al 20 por ciento frente a Extremadura, Castilla-La Mancha, Canarias y Andalucía, con tasas superiores al 35 por ciento.
En el caso de la pobreza, en 2011, las tasas más altas están en Canarias, Extremadura, Andalucía y Castilla La Mancha --todas por encima del 31 por ciento-- y las más bajas en Navarra y Asturias, ambas por debajo del 10 por ciento.
En cuanto a la población en privación material severa, esta cifra ha aumentado en casi 200.000 personas entre 2009 y 2010. En 2011, las tasas más elevadas están en Ceuta (9%), Baleares (7,4%), Andalucía (5,8%) y Cataluña (5,8%) y las más bajas en Asturias, Aragón, Cantabria y Castilla y León, todas con tasas inferiores al 2 por ciento.
Por otro lado, el numero de personas que viven en hogares con baja intensidad de empleo ha subido en todas las comunidades autónomas durante los últimos tres años, excepto en Navarra, en el que prácticamente se ha mantenido constante. En el año 2011, Canarias, Andalucía, Asturias, Cantabria, Comunidad Valenciana y Murcia, además de Ceuta y Melilla, tienen más de un 10 por ciento de su población viviendo en hogares de este tipo.
El estudio también hace alusión al crecimiento de la desigualdad en relación con la renta del 20 por ciento más rico y el 20 por ciento más pobre de la población. Así, entre 2004 y 2007, la renta del porcentaje más rico era unas cinco veces superior a la del más pobre; sin embargo, desde el comienzo de la crisis (año 2008) el porcentaje más rico gana unas siete veces más que lo el más pobre.
Estas cifras, según EAPN, "están lejos" de cumplir del objetivo fijado por España de reducir el número de personas en situación o riesgo de pobreza y exclusión social entre los 1,4 y los 1,5 millones en el período 2009-2019. Cada uno de los países miembros de la UE, recuerda la ONG, se ha comprometido a alcanzar cifras concretas para que, en el conjunto de la Unión, se disminuya a los 20 millones de personas en la década de 2010-2020.
A la vista de estos datos, EAPN ha hecho un llamamiento "a la urgente necesidad de reformular" las medidas de protección a la ciudadanía, al tiempo que ha pedido que la inclusión social se sitúe en el centro de la agenda política y que las estrategias de lucha contra la pobreza sean transversales e incorporen medidas diseñadas para garantizar la cohesión social y territorial.
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