Fuente: iniciativadebate.org, 23 de agosto
Sí, es cierto, los funcionarios van a ser, a poco que nos descuidemos, una especie en extinción.
Las Administraciones públicas, como
cualquier empresa, precisan de personas que impulsen y desarrollen su
actividad. Estas personas a las que comúnmente
llamamos funcionarios forman un colectivo heterogéneo compuesto
por funcionarios de carrera (quienes tienen encomendadas las tareas que
implican ejercicio de autoridad y prestación de servicio público),
interinos, laborales y eventuales.
La existencia de cuerpos
de funcionarios no es un capricho. Nuestro modelo de función pública (y
nótese que hablo de los funcionarios y no de la pléyade de eventuales
nombrados a dedo por el político de turno, responsables de la mayor
parte del descrédito y desafecto con que la ciudadanía trata al
funcionario) es fruto de una evolución histórica que, con las
constituyentes de Cádiz rompió con la compraventa de cargos públicos y
sentó las bases, desarrolladas por el Estatuto de Bravo Murillo, de
la organización burocrática española, que es el fundamento mismo de la
seguridad jurídica, de que la Administración no va a someterse a los
caprichos políticos de turno.
Quienes sirven a la Administración, sean
archiveros, agentes forestales, conservadores de
museos, inspectores de hacienda, profesores, médicos, orientadores
de empleo o quienes día tras día aseguran que las contrataciones se
celebren de acuerdo con la legalidad, son profesionales que han accedido
tras rigurosas pruebas selectivas y gozan de estabilidad en el puesto
de trabajo como garantía de su independencia respecto de quien gobierne
en cada momento; ello nos asegura a los ciudadanos, que van a tomar sus
decisiones de acuerdo con los criterios de legalidad, imparcialidad y
justicia , con sometimiento pleno al a ley y al derecho. Porque esa
misma estabilidad en el empleo implica que a un funcionario no se le
puede despedir por no cumplir con los mandatos de su superior político
si dichos mandatos contradicen la legalidad vigente.
¿Qué mejor garantía puede tener un
Estado democrático que la seguridad de que sus servidores públicos no
están al albur del interés político de quien gobierna?
¿Quién sino un funcionario con garantía de que seguirá siéndolo puede poner impedimentos a una decisión injusta?
¿Quién se atreve a llevar la contraria a su jefe en la empresa privada y más después de la última reforma laboral?
Esa y no otra es la ventaja real de
los funcionarios públicos, su patrón no puede despedirles si le
contradicen o contrarían; sí puede, y de hecho hay quien lo hace y cada
vez mas descaradamente, rebajarles el sueldo, vilipendiarles, moverles
de puesto de trabajo (ya que la estabilidad no implica inamovilidad) ,
desprestigiarles de mil maneras, decirle a la sociedad que no es justo
que tengan trabajo estable, que son muchos (bastantes menos que en
Francia o los países nórdicos por cierto) que sería mejor que fuesen
contratados como en la empresa privada, decir hasta la extenuación que
no son eficientes ni eficaces, que son más costosos, que lo privado es
más barato… pueden hacerlo y lo están haciendo. Por supuesto que con un
objetivo: si se acaba con los funcionarios se acaba con la única
posibilidad de asegurar el correcto funcionamiento de la Administración y
su sometimiento a los principios de legalidad, imparcialidad y
justicia.
Los funcionarios que han accedido a sus
puestos con vocación de servicio público (ya sabe todo el mundo que si
uno quiere hacerse rico justo esa no es la opción) deben, por mandato
constitucional, servir con OBJETIVIDAD LOS INTERESES GENERALES (y no los
particulares de su temporal patrón) y cumplir la ley y formalizan ese
juramento cuando acceden a su puesto.
Pensad, si
esos funcionarios pudiesen ser contratados a dedo por el político de
turno ¿Qué seguridad tendríamos de que las cosas se realizarían conforme
a la legalidad?
Que contentos se pondrían algunos
políticos si cada vez que fuesen elegidos pudiesen nombrar a todos los
miembros de la Administración ¿imagináis las redes clientelares? Si ya
las hay amplísimas por causa de esos eventuales que no son sino amigos
nombrados a dedo, que no sería si se tratase de toda la Administración.
Ese es el objetivo, no otro.
Con la crisis, de nuevo la excusa, una
nueva ofensiva, pero a esta tarea del descrédito llevan
muchos neoliberales de mullido sueldo y sillón público, muchos años
dedicados.
Hay que denunciarlo, no hay que parar de
hacerlo y hacer una defensa a ultranza de lo público, y de
los trabajadores de lo público, porque lo público es de todos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario