El colectivo de los conductores de los parques móviles de la Junta (aquellos que no son de altos cargos) no se rinden y continúan con sus movilizaciones mientras esperan la resolución judicial que determine la validez o no del recorte de la mitad de la plantilla acordada por el Gobierno de Cospedal, que supondrá la privatización de parte de las funciones que llevan a cabo ahora y el despido de decenas de interinos que ocupan las plazas a las que se les quiere trasladar a los afectados por esta reducción de personal, que son de similar categoría pero que no tienen nada que ver con su profesión.
Así, los conductores del parque móvil de la Junta en Toledo han celebrado su particular "Viernes Negro" ante las puertas de la Consejería de Administraciones Públicas, con un ataud de cartón que se ha convertido en un símbolo de su lucha que se inció hace trece meses y que les ha convertido en una referencia de la movilización sindical por el mantenimiento de los puesto de trabajo en los servicios públicos de la Junta ante la política de recortes del Gobierno de Cospedal.
Este colectivo ha anunciado su intención de preparar algún tipo de movilización este mes, así como en enero, e incluso apoyar las que lleven a cabo los sindicatos a favor de los 391 interinos que están pendientes de su readmisión por decisión judicial, para los cuales el Gobierno regional, del PP, ya ha anunciado que a la vez que los reingrese los cesará de inmediato y eliminará otras 100 plazas de la Junta no dotadas, como ha adelantado El Porvenir.
En enero tendrá lugar el juicio en el Tribunal Superior de Justicia sobre la demanda interpuesta por los sindicatos contra el Plan de Ordenación de Recursos Humanos que sustenta la reducción a la mitad de la plantilla de los parques móviles y que su ejecución ha sido suspendida de manera cautelar por ese órgano jurisdiccional hasta que se dicte sentencia.
El Gobierno de Cospedal deberá dar cuenta de manera detallada y completa ante un juez de los contratos que ha formalizado de una decena conductores de altos cargos en calidad de asesores a la vez que ha reducido a la mitad la plantilla del parque móvil de la Junta. Este personal cobra el doble que uno que ha ganado su puesto de conductor a través de oposición y supone un sobrecoste salarial para la Administración regional de medio millón de euros al año.
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