El Colegio de Trabajo Social de Castilla-La Mancha denuncia que el Gobierno de Cospedal quieren mandar al paro al centenar de auxiliares administrativos que todavía trabajan en los centros de servicios sociales de Atención Primaria de la región.
Los trabajadores sociales afirman que el Ejecutivo regional del PP ha utilizado la nueva ley de garantías sanitarias que aprobó hace una semana en las Cortes regionales para modificar el artículo 16 de la Ley de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, que les allana el camino para despedir por la "puerta de atrás" a los 104 auxiliares administrativos que aún quedan en estos centros gestionados en su mayoría por entidades locales y financiados por la Junta.
Una denuncia que también hizo patente en las Cortes regionales el portavoz de Sanidad del PSOE, Fernando Mora durante el debate parlamentario de esta nueva ley de garantías.
Desde que el PP asumió el poder en la Administración regional tras ganar las elecciones de 2011, se ha reducido en 33 trabajadores la plantilla de auxiliares administrativos en los centros de servicios sociales de Atención Primaria. Si hace tres años había 137, a finales de 2013 quedaban 104.
De eso 104 trabajadores, 10 trabajan en la provincia de Albacete; 30, en la de Ciudad Real; 18, en Cuenca; 9, en Guadalajara; y 37 en la provincia de Toledo
Asimismo, 57 de estos trabajadores dependen de los planes concertados de servicios sociales de la Junta (en municipios de más 3.500 habitantes) y 47, del PRAS (en municipios de menos de 3.500 habitantes).
Al Colegio de Trabajo Social, respecto a los nuevos beneficiarios que recoge esta ley de garantía, le parece "lamentable" que se deje fuera a las personas mayores de edad que aún residiendo en la comunidad autónoma no dispongan de tarjeta sanitaria del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, "pues esto va a dejar sin atención sanitaria a numerosos colectivos en situación de vulnerabilidad, riesgo y pobreza en nuestra región".
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