La plataforma está formada por los sindicatos y asociaciones
FEP-USO, FE-USO, ACAIP, SIAT, ASI, SISEX, S-LIBRE, STAJ, GESTHA, SATSE, CESM,
USAE, ANPE, STEs-i, UFP, SUP, UNIONGC, FETE-UGT, FSP-UGT, FSS-CCOO, FE-CCOO,
FSC-CCOO CEP, AEGC, CSIF y SPP.
Como señaladas víctimas de
decisiones erráticas, los empleados públicos estamos
convencidos de que la crisis
económica en la que España
está sumida desde hace
ya varios años está siendo
gestionada de manera deficiente por los sucesivos
responsables políticos.
La indudable necesidad de controlar
el gasto público se está traduciendo en una
política de recortes en el número de
efectivos y en la precarización de las
condiciones laborales, retributivas
y sociales de los empleados públicos, y viene
acompañada de una campaña de
descrédito de la labor que realizan en todos los
ámbitos de la administración.
Ante ello, las organizaciones
firmantes de este manifiesto, representantes de la
totalidad de los colectivos de la
función pública, señalamos lo siguiente:
1. Los empleados públicos son los
encargados de desempeñar, en nombre del
Estado, los servicios que éste
presta a los ciudadanos. De igual manera son
quienes hacen realidad las
decisiones políticas y legislativas. Cuestionar el
papel de los empleados públicos
desacredita a servicios públicos esenciales
para la sociedad como los que se
realizan en la educación, la sanidad, la
seguridad, la atención social y la
justicia, entre otros.
2. Esta aplicación práctica de las
decisiones políticas ante la ciudadanía precisa
de un personal cualificado. Los
empleados públicos españoles acceden a sus
puestos de trabajo después de
demostrar ampliamente su cualificación y por
medio de un proceso de selección
establecido de acuerdo con los principios
de igualdad, mérito y capacidad que
exige la
Constitución Española.
3. Los empleados públicos prestan a
la sociedad un servicio insustituible como
garantes de la igualdad de
oportunidades para todos los ciudadanos, al
llevar los servicios esenciales a
los lugares más recónditos del país, a donde
no acudiría nunca una empresa
privada por una sencilla cuestión de
rentabilidad económica.
4. La estabilidad en el puesto de
trabajo, ahora cuestionada por la reforma
laboral, garantiza la independencia
del empleado público ante la ejecución
de las diversas políticas y asegura
la calidad y permanencia de las
prestaciones que se ofrecen a los
ciudadanos.
Estamos convencidos de que hay
soluciones y vías alternativas para reducir el
déficit público que excluyan la
política de recortes en la función pública: soluciones
que pasan por hacer efectivos los
principios de igualdad, capacidad económica y
progresividad que han de inspirar
nuestro sistema tributario (art. 31 de la
Constitución), así como por la
mejora sustancial del control del gasto público, que
conlleve una asignación eficaz y
eficiente de los recursos públicos, sin recortar los
gastos sociales ni afectar
negativamente a los empleados públicos.
Desde ese convencimiento, y
entendiendo la necesidad y urgencia de realizar
ajustes económicos y la contribución
solidaria de todos para sacar a nuestro país de
la profunda crisis económica en que
se encuentra, y observando que no se
extienden al recorte de otros gastos
menos justificados, ni se centran en la
posibilidad de incrementar los
ingresos a través de nuestro sistema fiscal apelando
a la solidaridad de las capas más
favorecidas de nuestra sociedad, proponemos:
· La
adopción decidida y urgente de las medidas necesarias para afrontar una
verdadera lucha
contra la economía sumergida y el fraude fiscal, incluyendo
una reforma en
profundidad de la AEAT que optimice sus recursos y
potencie una
investigación centrada en los grupos y sectores con mayores
bolsas de fraude.
Así podremos reducir la economía sumergida a los niveles
de los países
europeos de nuestro entorno, lo que nos aportaría una
recaudación anual
adicional de 38.500 millones de euros.
· La
modificación de la actual desproporción entre los tipos efectivos a los que
tributan las
grandes sociedades y los que gravan a las microempresas y
pymes, mediante el
aumento de cinco puntos en el nominal a los beneficios
superiores al
millón de euros, acercando así también el esfuerzo fiscal de las
empresas al de las
familias españolas, lo que supondría 13.900 millones
adicionales.
· La
implantación, en los términos aprobados en el Parlamento Europeo, de un
impuesto a las
transacciones financieras, que, según la Comisión Europea,
supondría una
recaudación en torno a los cinco mil millones de euros en
España.
· La
creación ,en el año 2013, de un impuesto sobre la riqueza que supere los
defectos y cierre
las vías de elusión del actual impuesto sobre el patrimonio,
temporalmente
recuperado sólo para 2011 y 2012, que podría aportar 3.300
millones anuales.
· La
exclusión de las ganancias patrimoniales especulativas del concepto de
rentas del ahorro
en el IRPF, así como la modificación de la Ley de
Instituciones de
Inversión Colectiva, para establecer un porcentaje máximo
de participación
en las SICAV que no supere el 5% de su capital máximo
estatutario.
Medidas que incrementarían la recaudación en 1.500 millones
anuales.
Por último, instamos a los gobernantes
y a todas aquellas personas con relevancia
mediática a hacer recaer sus
críticas sobre las verdaderas causas que han llevado a
nuestro país a la situación de
déficit, paro y deuda pública en que se encuentra. En
situaciones de grave crisis, como la
que vivimos, no caben las declaraciones
irreflexivas sobre los servicios que
presta el Estado a través de sus empleados
públicos ni sobre el rendimiento
profesional de éstos, sobre todo cuando su único
objetivo es crear polémica y no
aportar soluciones.
Por todo ello, las organizaciones
sindicales y profesionales firmantes de este
manifiesto, conscientes de que no se
puede devaluar la importancia de la función
pública ni del servicio que presta
al conjunto de los ciudadanos, exigimos a todos
los responsables políticos una
implicación activa en la defensa de los empleados y
servicios públicos.
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