A los 393 interinos readmitidos su cese ilegal en agosto de 2012 continúa dos años y medio después siendo su particular "vía crucis" judicial, laboral, administrativo y personal que nunca parece acabar.
Tras litigar duramente con el Gobierno de Cospedal para que cumplieran la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, por la cual se obligaba a la Administración regional a reincorporarlos a sus puestos de trabajo al declarar sus despidos nulos, ahora ha entrado en escena el Gobierno de Rajoy que, además de meterles de nuevo en el laberinto burocrático de las reclamaciones administrativas, les ha dado "un buen susto" a sus menguados bolsillos.
Todo es debido a que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha comenzado a enviarles de manera individual una notificación, a la que ha tenido acceso El Porvenir (ver foto inferior), por la cual les reclama que devuelvan todo el paro que han percibido desde que fueron despedidos en agosto de 2012.
Basan su petición al entender que la sentencia del TSJ ya es firme y estos trabajadores han tenido que recibir los salarios que les debe abonar el Gobierno de Cospedal desde su cese en esa fecha hasta la ejecución efectiva del fallo judicial en diciembre de 2014.
Como ha informado El Porvenir, a estos interinos readmitidos se le debe restar del importe total de los 28 meses de salarios que les adeuda la Junta el dinero que percibieron por prestación de desempleo, pero es una operación que tiene que dilucidar el SEPE con la Administración regional, como empresa, y no directamente con los trabajadores.
Unos empleados que no han recibido hasta el momento de la Junta los salarios que les adeuda y ahora se encuentran que el Gobierno de Rajoy les reclama que paguen de su bolsillo todo el paro percibido porque entiende que con la sentencia ya ejecutada la Administración regional les ha abonado esa deuda salarial.
Una incongruencia que les ha obligado a tener que presentar sus correspondientes alegaciones individuales contra esa reclamación del SEPE, y empezar de nuevo una batalla administrativa pero esta vez contra el Gobierno de Rajoy, para que les deje en paz y resuelva con el Ejecutivo de Cospedal, que es la empresa, esa diferencia entre el paro percibido y los salarios que les adeuda la Junta, además de regularizarles su alta en la Seguridad Social.
Una reclamación que ha llegado no solo a los interinos readmitidos, o a los que rechazaron voluntariamente su reincorporación, sino también a los más de 70 que pidieron su reingreso y la Junta les negó ese derecho al entender que su plaza estaba definitivamente amortizada o había salido a concurso.
Estos trabajadores, agotadas las prestaciones y ayudas y que han tenido que interponer junto con los sindicatos STAS y UGT, que ganaron en el TSJ el reingreso de estos trabajadores, decenas de incidentes de ejecución de sentencia al entender que la Junta hacía una incorrecta interpretación del fallo que lesionaba los derechos laborales de estos empleados que no han podido reincorporarse, se encuentra que deben según el SEPES devolver todo el paro que han recibido.
Asimismo, al ser el SEPE una entidad de ámbito estatal y estar los 393 interinos readmitidos residiendo en varias zonas del país, cada trabajador que le ha llegado la reclamación debe presentar su alegación en la correspondiente delegación provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, lo que dificulta aún más el asunto.
Desde STAS, que se está encargado de asesorar a numerosos interinos readmitidos en la preparación de las alegaciones, no se entiende la absoluta descoordinación entre los gobiernos de Rajoy y Cospedal para resolver esta cuestión "que está perjudicando gravemente" a unos trabajadores, los cuales, como se recuerda en el sindicato, fueron despedidos ilegalmente por una Administración pública hace dos años y medio.
Esta noticia no es verdad. Se les regulariza en la nómina de cada uno. Es la notificación de revocación no que tengan que devolver esa cantidad cada trabajador.
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