El Ministerio del Interior ha comunicado la estimación de siete recursos de alzada interpuestos por miembros de la Plataforma en Defensa de los Servicios Sociales de Talavera contra las sanciones de entre 300 y 600 euros impuestas por la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha por manifestarse contra los recortes sociales de los gobiernos del PP.
Sonsoles Arnao, portavoz de este colectivo y miembro de Izquierda Unida, ha mostrado sus satisfacción por la anulación de unas sanciones que en su opinión ha quedado demostrado que carecían de fundamento.
Los recursos ahora estimados por Interior, y que suponen un serio revés para el Delegado del Gobierno en la región Jesús Labrador, fueron interpuestos por los interesados en marzo pasado, argumentando que se limitaron a ejercer sus derechos de manifestación y reunión. La respuesta favorable, que llega con casi un año de retraso, obedece según la Plataforma a que cinco de los sancionados, ante la falta de respuesta, habían optado ya por acudir a los Tribunales.
Todavía quedan pendiente de resolver otros tres casos que afectan a Sonsoles Arnao, a un miembro de la asamblea de docentes de Talavera y al portavoz del sindicato de estudiantes, pero se confían en que se archiven igualmente.
La Delegación del Gobierno de Jesús Labrador ha abierto un total de 261 expedientes sancionadores de este tipo entre 2012 y 2013, aplicando un rigor que se verá reforzado con la nueva "Ley Antiprotesta" (Ley de Seguridad Ciudadana) que prepara el Partido Popular. Pocos de ellos son recurridos a los Tribunales dados los costes en los que se incurre que pueden ser incluso mayores que la sanción en sí.
Por ello la Plataforma ha iniciado una campaña para denunciar "la criminalización de la protesta social por entender que estas sanciones responden a una estrategia política del PP para reprimir y amedrentar a la ciudadanía».
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