Entre los varios escritos presentados este jueves ante el Juzgado Central de Instrucción número 5, Anticorrupción ha solicitado al PP que aporte a la causa "toda la documentación contable o de cualquier otra índole, así como la información que tuviere" sobre el presunto cobro en 2007 de una comisión de 200.000 euros a cambio de la adjudicación de una contrata municipal en el Ayuntamiento de Toledo.
Tal y como asegura, esta información se cree necesaria antes de citar al gerente del PP en Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas, y al actual presidente de las Cortes castellano-manchegas, Vicente Tirado, cuyo testimonio solicitan varias de las acusaciones particulares.
En su declaración del pasado 15 de julio, Bárcenas aportó al juez el recibí por este presunto cobro de la citada comisión, firmado por Cañas. Relató, además, que un día determinado de 2007 se reunió con el ex presidente de Sacyr, Luis del Rivero, el directivo de esta compañía Manuel Manrique y el actual presidente de las Cortes castellano-manchegas Vicente Tirado, con quienes pactó el pago de esta cantidad para la campaña electoral en Castilla-La Mancha.
"BÁRCENAS TAN SOLO INSINÚA"
Este relato fue negado tajantemente en sede judicial, según da cuenta el propio escrito de Anticorrupción, que señala que los hechos que sustentan la petición de citaciones de las partes "en modo alguno derivan de la declaración" de Barcenas, quien "tan solo insinúa".
Dicha circunstancia obliga a la Fiscalia a ser "cautelosa" para evitar imputaciones sin justificación, y por ello requiere al PP toda la documentación sobre este supuesto pago antes de decidir si Tirado y Cañas deben o no comparecer finalmente en la Audiencia Nacional.
En un tercer escrito, Anticorrupción da por buena la medida adoptada por Ruz tras la filtración por la red social Twitter de parte de la declaración de Bárcenas cuando ésta se estaba produciendo, consistente en apercibir a letrado y evitar la introducción en lo sucesivo en la sala de dispositivos electrónicos.
PIDE EL DISCO DURO DE BÁRCENAS
Por otra parte, Anticorrupción se opone a la investigar la destrucción por el PP de los discos duros del ordenador que Bárcenas utilizaba en la sede del partido, si bien le pide a Ruz que le requiera el disco duro que él sustituyó por otro en octubre o noviembre de 2012.
El Ministerio público se posiciona en contra de la aportación por el PP de la documentación relativa al despido del gerente que sucedió a Bárcenas, Cristóbal Páez, y tampoco está a favor de que se le vuelva a citar junto con De Cospedal para ser interrogados por este asunto, y tal y como solicitaba la acusación popular que ejercita Observatori Drets.
Finalmente, también se opone Anticorrupción a otra petición de esta parte para que se recabe a las compañías telefónicas correspondientes los tráficos de llamadas y datos asociados de los teléfonos de Bárcenas.
Además, el fiscal de la causa en la que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz investiga la existencia de una presunta contabilidad B en el PP, Antonio Romeral, ha informado este jueves a favor de la citación como testigo del jefe de seguridad de este partido, Antonio de la Fuente, para preguntarle por las visitas de donantes que recibían los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta.
En su escrito, el fiscal entiende procedente esta diligencia "en la medida que puede aportar información y aclarar circunstancias relativas" a las visitas que recibían ambos extesoreros "y su relación con las anotaciones de ingresos que constan en los documentos" aportados por la defensa de Bárcenas, "que constituyen según el mismo la contabilidad B del Partido Popular".
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