El borrador que fue presentado durante la negociación del convenio colectivo se ensaña especialmente con los ordenanzas y con el personal de limpieza. La Junta se niega a explicar las razones de su planteamiento, que los sindicatos consideran "la sentencia de muerte" del personal laboral.
Aquí podéis consultar el borrador:
"El PP es el partido de los trabajadores". Esta frase la pronunció hace hoy un año y cuatro meses la presidenta de Castilla-La Mancha y número dos del PP, María Dolores de Cospedal. Apenas dos meses después de que Mariano Rajoy llegara a la Moncloa y a pesar de los indicadores del momento, ella seguía sosteniendo que en 2012 se iban a crear 300.000 puestos de trabajo. Pero el balance ha sido bien distinto. Desde que los conservadores llegaron al poder, en noviembre de 2011, el número de parados ha crecido en más de un millón, y el propio Gobierno espera acabar la legislatura con un mayor desempleo que con el que se encontró.
La Junta que preside la propia Cospedal tiene pensado dar un paso más en esa misma dirección: pretende acabar progresivamente con hasta 3.656 puestos públicos del personal laboral de la administración regional. Eso es lo que se desprende de la propuesta de convenio colectivo que fue planteada por la Dirección General de la Función Pública (ver PDF) a los agentes sociales en una de las últimas reuniones para negociar dichas condiciones que se celebró el pasado jueves en Toledo, y a la que ha tenido acceso Público.
El borrador, cuya veracidad ha sido comprobada y corroborada por los sindicatos consultados por este diario que estaban presentes en dicho encuentro -a pesar de las numerosas llamadas realizadas, las fuentes de la Junta contactadas se han negado a dar ningún tipo de explicación-, contempla la extinción de esas 3.656 plazas, de manera que en el momento en el que queden vacantes por la salida de los trabajadores que hoy las ocupan -bien sea por su jubilación, por su fallecimiento o por su traslado- esos puestos no se repondrán nunca porque desaparecerán automáticamente.
Nueve colectivos afectados
El colectivo que se verá más afectado será el que engloba las profesiones contempladas en el Grupo V del convenio colectivo. En esa clasificación se encuentran los ordenanzas, que verían extinguidas 1.582 plazas; los peones especialistas, que se quedarían sin 389 puestos; o el personal de limpieza y servicios domésticos, que contabilizarían 1.497 empleos menos al final de todo el proceso.
Respecto a los otros grupos, la Junta propone acabar con 242 plazas más. En concreto, se trata de 10 jefes de mantenimiento, un jefe de artes gráficas, un verificador, siete oficiales impresor repógrafo, 61 oficiales primeros de mantenimiento y 92 oficiales segundos de mantenimiento.
Los sindicatos castellano manchegos consultados por este diario han confirmado que fue el director general de la Función Pública, Juan Manuel de la Fuente, el que les presentó este borrador el pasado jueves durante la ya mencionada reunión para negociar el convenio colectivo, algo para lo que ambas partes tienen de plazo hasta el próximo 8 de julio. Nada más conocer el contenido del texto, todas las centrales presentes en el encuentro -CCOO, UGT, CSIF y STAS Intersindical- se levantaron de la mesa y renunciaron a seguir la negociación.
La "conducta antisindical" de la Junta
"Es la sentencia de muerte del personal laboral público y el comienzo de las privatizaciones de sus labores", lamenta un portavoz sindical. Critica en especial la destrucción de las plazas de personal de limpieza, lo que afectará principalmente, según él, a institutos, residencias de mayores y escuelas infantiles.
Los encuentros entre administración y sindicatos se producen en medio del proceso abierto por el Tribunal Superior de Justica de Castilla-La Mancha para esclarecer si la Junta que preside Cospedal violó el derecho a la negociación colectiva de los sindicatos durante las conversaciones que derivaron en otra destrucción de puestos de trabajo, la de otros 700 empleos. En un escrito reciente que adelantó Público, el fiscal del caso daba la razón a las centrales sindicales -que fueron quienes denunciaron al Ejecutivo de Cospedal-, al considerar que la administración autonómica había mantenido una "conducta antisindical" y había "impedido cualquier negociación" al respecto.
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