Diario de Toledo, 12 de mayo
Desde hace más de ocho meses el pluriempleado político "popular", Arturo García-Tizón, mantiene bloqueada la puesta en alquiler de 18 viviendas destinadas al alquiler social que son propiedad de la Diputación Provincial que él preside y que están situadas en la C/ Esteban Illán, en el Casco de Toledo.
García-Tizón ni hace ni deja hacer y estas viviendas siguen terminadas, vacías y sin uso, mientras la necesidad de vivienda en alquiler asequible es más que evidente. Aunque poco nos puede extrañar esta actitud de quien teniendo tres pisos en Madrid cobra dietas de alojamiento del Congreso como diputado de provincias o se gasta 226.000 euros de dinero público en reformar cuatro pisitos propiedad de Diputación en la C/ Cardenal Cisneros para uso y disfrute de los suyos el día del Corpus.
La Diputación tenía esas viviendas sin uso y muy deterioradas y mediante Convenio con el Ayuntamiento de Toledo la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Toledo S.A. (EMSVT), adelantando dinero propio, hizo la rehabilitación y repercutió el coste a Diputación y Ayuntamiento al 50 % (algo menos de 800.000 euros incluyendo proyecto, obra y dirección).
Según ese Convenio, la EMSVT se haría cargo también de la gestión posterior del alquiler durante 15 años, con todo lo que ello implica, es decir, asegurar las viviendas, ofertarlas a través del Registro de Demandantes, adjudicarlas, formalizar contratos, gestionar suministros y cobros, atender reclamaciones de inquilinos sobre mantenimiento, asumir riesgos de impagos y desperfectos, relacionarse con el resto de la Comunidad de vecinos... A cambio de esa gestión la EMSVT recaudaría los ingresos de alquiler y al cabo de 15 años la Diputación recuperaría el uso de las 18 viviendas en perfectas condiciones (según compromiso de Convenio), para lo cual la EMSVT haría las obras necesarias a su costa para su entrega. La Diputación encontraría así sus inmuebles revalorizados para poder alquilarlos por su cuenta o venderlos y recuperar de esa forma su inversión.
El Ayuntamiento de Toledo y su Empresa Municipal de Suelo y Vivienda han cumplido su parte, pero la Diputación y su presidente se empeñan en echar por tierra el trabajo realizado perjudicando a los toledanos que necesiten vivienda con un alquiler asequible. El Sr. García-Tizón no reconoce el Convenio firmado en su día y reclama que la Diputación obtenga "rentabilidad" del alquiler social de estas viviendas, porque son de su propiedad y porque paga el IBI y las tasa de basuras. Por ello ha manifestado recientemente, tras meses de silencio sobre este asunto, que está dispuesto a abonar al Ayuntamiento lo que éste ha aportado en la rehabilitación y a gestionar directamente desde la Diputación la puesta en alquiler de las viviendas, aunque reconoce que no tiene mayor interés en su gestión y señala en tono despectivo que a quien interesa es al Ayuntamiento, como si se tratase de una operación lucrativa en lugar de social y como si no fuese él mismo concejal de Toledo.
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