Otro editorial del día 30 de abril en El País -Pacto ventajoso- (1) vuelve a apostar por el recorte de las pensiones basándose en el mantra de la “insosenibilidad del sistema“. “La prioridad de la reforma es evidente, a pesar del dolor que cause recortar prestaciones futuras a los pensionistas“, dice el editorialista, a la vez que acusa al PP de “inconcrección” y al PSOE de no haberse “atrevido a concretarlo” durante el gobierno Zapatero.
Según El País, el pacto “representaría ventajas para los ciudadanos y para los propios partidos“. ¿Ventajas para los ciudadanos? “minimizaría el daño sufrido por los pensionistas en prestaciones y derechos” dice El País, mintiendo con descaro.
Por un lado, el pacto representaría un coste electoral porque en la práctica, y hablando de las medidas que se proponen, como aumentar la edad de jubilación por encima incluso de los 67 años, elevar la cantidad de años necesarios cotizados para cobrar el 100% de la pensión, contar toda la vida laboral para calcular la cuantía de la pensión, o desligar la revalorización anual de las pensiones de la subida del coste de la vida (IPC) como ya han declarado Montoro o Sáenz de Santamaría, todas llevarían a una devaluación de las pensiones. ¿Así se minimizaría el daño sufrido por los pensionistas?
Además de repetir el dogma neoliberal de la insostenibilidad del sistema de pensiones, de basarse en una comisión de 12 expertos que exhiben informes de los mismos bancos y organismos internacionales que vienen pronosticando desde los años ochenta la quiebra de las pensiones, pronósticos siempre erróneos, El País miente respecto al daño que se hará a la ciudadanía, asegurando que se minimizaría sin explicar porqué.
La Caixa (en 1998), el BBVA (en 2005 y en 2007), El Banco Santander (en 1992 y en 1999), el Banco de España (en 1995, en 1999, en 2002 y en 2009) y una larga lista, han predicho el colapso de las pensiones para diez o veinte años, y el sistema se mantuvo en superávit sin embargo. Es -precisamente- la creación de empleo la que aumentaría los cotizantes a la seguridad social y garantizaría la salud de las pensiones. El empleo es, por tanto, la prioridad.
El pasado viernes 12 de abril se constituyó la Mesa Estatal pro Referéndum de las Pensiones (MERP) pero El País silenció la noticia y prefirió informar ese mismo día sobre la designación de 12 “expertos” que diseñarán la nueva reforma de las pensiones (3). Es este el tercer frente del diario, la ocultación de la existencia de un tejido social contrario al recorte de las pensiones, la omisión de sus argumentos, de las alternativas o de las advertencias de otros economistas sobre los graves errores metodológicos de los informes liberales.
La MERP ha avisado de que las medidas que se barajan en la reforma “significan un gravísimo ataque a las condiciones de vida tanto de los actuales como de los futuros pensionistas“, y que con la formación de la “comisión de expertos” el Gobierno sólo busca el aval para una serie de recortes que ya tiene decididos.
Otro importante actor silenciado por El País son los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), quienes recomendaron en su día la creación de un nuevo tipo del Impuesto de Sociedades para las grandes empresas -las que superen el millón de euros anuales- del 35%, argumentando que aportaría más a las arcas públicas que lo que finalmente se hizo: subir el IVA, recortar el sueldo de los empleados públicos y congelar las pensiones.
Los técnicos de GESTHA ya opinaban a principios de 2011 que “la caída de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida no justificaban por sí mismos la decisión de elevar la edad de jubilación y el período de cotización, ya que existen diversas alternativas complementarias que permitirían mantener la viabilidad económica del actual sistema público de pensiones sin llegar a estos extremos”. Sobre la reforma de las pensiones pactada entre el Gobierno Zapatero, patronal y sindicatos, que caminaron en el mismo sentido aunque con más suavidad que las que ahora se plantean, GESTHA afirmó que significaba “un retroceso” respecto al sistema actual, y “que la medida venía impuesta y no se adapta a la realidad del mercado laboral español”.
A El País le interesa más difundir las opiniones más liberales del premio nobel de economía de 2010, Peter Diamond, y llevarlas al titular: “Se podrán pagar pensiones razonables, pero trabajando más” (4)… pero ojo, no es lo mismo “trabajar más” que crear más puestos de trabajo.
Igualmente, es complicado encontrar análisis sobre cómo los planes de pensiones privados bancarios se benefician de las medidas contra las pensiones públicas.
Con todo, el actor fundamental, el que mide la calidad democrática de cualquier gobierno, son los propios ciudadanos. El CIS de marzo 2011, tras 13 cuestiones sobre “trabajo voluntario”, preguntaba sobre algunas de las medidas de la reforma de las pensiones pactada entonces por el gobierno del PSOE (pregunta 27). El 20,4% estaba “poco de acuerdo” y el 59% “nada de acuerdo” con “ampliar la edad de jubilación a los 67 años” (79,4% en contra). El 24% “poco” y el 44,3% “nada de acuerdo” con “calcular la pensión sobre los últimos 25 años cotizados” (68,3% en contra). Desde entonces, el CIS no ha vuelto a preguntar (5) sobre la opinión de los españoles acerca de las reformas en vigor o nuevas medidas propuestas en materia de pensiones.
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