Alternativas para crear empleo y conseguir crédito

Fuente: Pensamiento crítico, autor Vicenç Navarro, 19 de abril

Una explicación generalizada del hecho de que el Banco Central Europeo (BCE) no ayude directamente a los Estados (comprándoles bonos públicos, por ejemplo, para reducir los intereses de su deuda) es que el Banco Central tiene prohibido hacerlo. La lectura del Tratado que estableció las funciones de las distintas instituciones de la Unión Europea (The Treaty of the Functioning of the European Union), sin embargo, no permite tal interpretación del porque el BCE no ayuda a los Estados. En realidad, tal Tratado así lo permite. Los artículos 3 y 127 de tal Tratado indican explícitamente que, siempre y cuando se cumpla con el objetivo de garantizar la estabilidad de los precios (por debajo del 2% del incremento promedio anual) el BCE tiene la obligación d contribuir a las políticas económicas de la Unión Europea, incluyendo el crecimiento económico, el pleno empleo, la cohesión social y territorial y la solidaridad entre los Estados miembros. El mandato no puede ser más claro.

Tal mandato, sin embargo, ha estado olvidado. Ni el anterior Presidente del BCE, el Sr. Trichet, ni el actual, el Sr. Draghi, han dado mucha importancia a este mandato, al revés, por cierto, de la postura adoptada por el gobernador del Banco Central Estadounidense, el Federal Reserve Board (FRB), el Sr. Ben S. Bernanke, el cual ha enfatizado que un objetivo central de tal Banco es estimular la economía y reducir el desempleo, declaración que sería impensable que hubieran hecho los Presidentes del BCE, fueran éstos los anteriores, o fuera el actual. En realidad, el FRB ha publicado una serie de gráficos que son enormemente ilustrativos. Ha analizado desde 1948 la evolución del déficit federal y la tasa de desempleo en EEUU, mostrando que han seguido una evolución paralela. A menor desempleo, menor déficit del Estado federal. Durante todos estos años, y durante todos los ciclos económicos, los gráficos muestran que, cuando el desempleo baja, el déficit público (como porcentaje del PIB) baja. Y cuando el desempleo sube, el déficit público aumenta. De ahí que el FRB indique que para la reducción del déficit público es esencial que se cree empleo. Como resultado de ello, se están recuperando las políticas para alcanzar el pleno empleo que las administraciones federales anteriores habían aparcado. La evidencia científica acumulada en la literatura económica muestra claramente que la mejor manera de reducir el déficit público es alcanzar el pleno empleo.

Se ha iniciado así todo un debate en EEUU que, en cierta manera, se asemeja a los debates que ocurrieron a principios del siglo XX, y que generaron el establecimiento del New Deal, el programa económico-social desarrollado por la Administración Roosevelt, que terminó con la Gran Depresión. Y lo que es importante subrayar es que el debate se centra, no sólo en estimular la economía, sino en cómo estimularla. En este debate de ahora, el estímulo económico se ve como un objetivo para alcanzar el pleno empleo. Se considera que no es suficiente con estimular la economía. Ésta puede ir creciendo sin crear empleo, lo cual no resuelve el problema mayor, que es la falta de empleo. De ahí que muchos autores concluyan que las propuestas de reducir impuestos, como medida de estímulo de la economía, no resolverán el problema. Es mejor aumentar los impuestos (sin necesariamente afectar a los impuestos de la gran mayoría de la población) y con los fondos públicos así obtenidos, facilitar la creación de empleo a partir de intervenciones e inversiones públicas.

En un periodo en que la producción de empleo en el sector privado es insuficiente, se necesita que el sector público cree empleo, bien directamente, bien indirectamente. Tal empleo debe financiarse mediante el aumento de los ingresos al Estado, cuyo descenso ha sido causado, en parte, por las excesivas ventajas fiscales y fraude fiscal de las rentas más superiores, que son las que se han beneficiado más de las políticas fiscales regresivas que se han ido desarrollando durante los años que precedieron la crisis, antes de que la crisis se iniciara. Según el FRB, si las rentas del capital se gravaran al mismo nivel que las rentas del trabajo, los ingresos al Estado federal de EEUU aumentarían un 8%.

Tampoco es cierto que el BCE no podría pedir prestado dinero a los Estados.

Si bien es cierto que el Banco Central Europeo no está autorizado a prestar a los Estados miembros, sí que puede prestarlo a los organismos públicos de crédito (tal como señala el artículo 21.3 del Estatuto del Sistema Europeo de Bancos Centrales). El BCE podría prestar al 0,01% a cualquier banco público del Estado nacional y/o agencia pública de crédito (el ICO, por ejemplo) que podrían a su vez prestar al propio Estado dinero al 0,02%. Esto tendría un enorme impacto en las cuentas del Estado español y de sus CCAA. Así, el colectivo llamado Roosevelt 2012 (en honor a la política crediticia pública del Presidente Roosevelt) ha mostrado que el Estado español se habría ahorrado 26.000 millones de euros al año, dinero suficiente –según tal colectivo- para crear un millón de puestos de trabajo. Tal colectivo, basado en Aragón, también ha mostrado que tal medida habría ahorrado a la Comunidad Autónoma de Aragón 982 millones de euros, cifra a la que llegan descontando de los 1.232 millones de euros que tal CCAA ha pagado en intereses de su deuda (desde el año 2002), el dinero que se hubiera pagado en intereses a la banca o agencia de crédito público, cuyos intereses habrían sido el 1% (en realidad los intereses del BCE son del 0,75%).

El BCE podría (y debería) haberles prestado este dinero a estos intereses. En realidad, el BCE es, en teoría, un Banco público, en el cual el Estado español tiene el 8% de su capital. Si tal BCE hubiera prestado a los bancos públicos al 1%, éstos podrían haberlo prestado al mismo interés, tanto al Estado como a las familias y empresarios, permitiendo un enorme ahorro, pues ahora pagan un promedio del 6% asegurando así los beneficios de la comunidad bancaria privada. ¿Por qué el Estado español (central y autonómico) no lo hace?