Fuente: ECD Política, 26 de febrero
El Gobierno aparca la huella digital por ser demasiado cara.
Nueva vuelta de tuerca del Gobierno a los funcionarios. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha impulsado una nueva tarjeta de acceso para los empleados públicos que, conectada al ordenador, controlará la jornada laboral de los trabajadores. La huella digital ha quedado aparcada por ser muy cara.
En abril de 2012, Antonio Beteta afirmó: “Los funcionarios deben olvidarse del cafelito y de leer el periódico”. Diez meses después de pronunciar esa frase, el secretario de Estado de Administraciones Públicas ha impulsado una tarjeta electrónica para monitorizar si los empleados públicos están, o no, en su puesto de trabajo.
Según ha sabido El Confidencial Digital, el nuevo mecanismo de control a los funcionarios ha llegado ya a varios ministerios y administraciones estatales, como Hacienda; Empleo; Fomento, Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; y la Tesorería de la Seguridad Social.
En las próximas semanas, el resto de organismos públicos irán recibiendo la nueva tarjeta, con el objetivo de que todos los trabajadores de la Administración sean sometidos al mismo control sobre el cumplimiento de horarios y de la jornada laboral.
Así funciona: firma electrónica para el ordenador La principal novedad de esta nueva tarjeta con respecto a la que ya existe es el ‘chip’ que lleva incorporado con la firma digital específica y única de cada funcionario.
De esta forma, según las fuentes consultadas, “a cada empleado no le valdrá sólo con ‘fichar’ en los tornos de entrada y salida, ya que a partir de ahora necesitará la tarjeta, con el código personal, para acceder a su ordenador y poder trabajar durante su jornada laboral”.
Así, “no sólo se controla cuándo entra y sale un funcionario, sino también su trabajo, qué hace durante la jornada laboral”. Además, si éste decide abandonar su puesto, “necesitará ‘desconectar’ la tarjeta del ordenador”, por lo que se sabrá exactamente el tiempo real que ha dedicado a su labor.
Controlará las vacaciones y los mocosos
La nueva tarjeta con firma electrónica permitirá a los funcionarios gestionar la petición de sus vacaciones y días de asuntos propios –los tradicionales moscosos- a través de la ‘Intranet’ de cada una de las administraciones públicas.
Con este método, las direcciones generales de Personal de los ministerios y del resto de órganos estatales tendrán un registro electrónico del calendario laboral y vacacional de cada empleado, consiguiendo un mayor control sobre las posibles ausencias de los trabajadores.
Las fuentes consultadas añaden: “Al estar todo informatizado, cualquier ausencia injustificada será detectada al instante, al no utilizar el empleado la tarjeta un día en el que tenía que haber ido a trabajar”.
Galicia y Aragón ya han probado su eficacia
Desde Administraciones Públicas explican a este confidencial que la nueva tarjeta electrónica, además de controlar el cumplimiento de horario por parte de los funcionarios, también “tiene como objetivo garantizar la seguridad de las instituciones públicas, para que sólo las personas que conozcan los códigos personales puedan acceder a una documentos reservados”.
Además, las fuentes consultadas afirman que “en Aragón o en Galicia llevan algunos meses usándola, permitiendo a los empleados públicos tener firma electrónica y homogeneizando el control.
El Gobierno central “ha seguido de cerca la implantación de esta tarjeta en ambas comunidades autónomas y se ha comprobado su eficacia”.
La huella digital, aparcada por ser muy cara
La llegada de la tarjeta con ‘chip’ electrónico ha dejado aparcado, por el momento, el proyecto del Gobierno de implantar el control de accesos de los funcionarios a través de la huella digital.
Tal y como se adelantó en estas páginas, ese avanzado sistema de identificación se ha probado en oficinas y delegaciones de los Ministerios de Justicia e Interior (Instituciones Penitencias).
Además, durante la última etapa del Gobierno Zapatero, se instalaron máquinas-piloto en la Tesorería de la Seguridad Social.
Las conclusiones extraídas de esta experiencia son contundentes: “A día de hoy, instalar la huella digital en todas las administraciones conllevaría un gasto demasiado elevado”. Las fuentes consultadas aseguran que el Ejecutivo “no ha descartado el proyecto, pero en la actualidad no es económicamente factible”.
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