Fuente: CCOO, 19 de diciembre
Además, CCOO denuncia que la consejera ha dado orden de retirar de todas las dependencias de su departamento la Carta de Derechos del Ciudadano.
CCOO de Castilla-La Mancha ha pedido a sus servicios jurídicos que analicen la posibilidad de denunciar el acuerdo por el que la Consejería de Agricultura cede a Asaja la tramitación de los expedientes de la PAC. El sindicato considera que la adjudicación a entes de naturaleza privada de cuestiones reservadas por la legislación vigente a la gestión por funcionarios públicos viola la ley 4/2011 (Ley de Función Pública) y el Estatuto Básico del Empleado Público.
La consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, ha decidido firmar un convenio con Asaja, abierto a otras organizaciones agrarias, para implantar en su departamento la "colaboración público-privada". Es decir, para que un servicio que hasta hoy era ejercido por empleados públicos a partir de mañana sea ejercido por empresas privadas, que en ningún caso pueden garantizar la igualdad y de objetividad exigidas en la gestión pública.
"A partir de ahora, los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha no tendrán que preocuparse por cumplir la normativa, aunque sí de tener un buen trato con Asaja, y por supuesto estar afiliado a esta organización agraria o a cualquier otra que suscriba el convenio", denuncia Carmen López, coordinadora del Área Pública de CCOO CLM.
Por otra parte, CCOO denuncia que la consejera Soriano ha dado orden de retirar de todas las dependencias de su departamento los carteles con la Carta de Derechos del Ciudadano, que entre otros derechos reconoce a la ciudadanía la gratuidad de los impresos públicos para la tramitación de expedientes; así como la gratuidad de las fotocopias de todos los documentos de obligatoria presentación.
Así mismo, los directivos de la consejería de la señora Soriano han notificado por correo electrónico a técnicos y auxiliares que a partir de ahora se cobrarán tasas por todos los servicios que se presten a los ciudadanos.
"Definitivamente el Gobierno Cospedal ha perdido el rumbo", advierte López. "Ha perdido la cabeza, ha perdido la poca capacidad de razonar que le pudiera quedar y ha decidido que los desmanes de la banca y de la corrupción y las imposiciones de los mercados los han de pagar las capas populares, el conjunto de la clase trabajadora, empezando por los que tiene más a mano: las empleadas y empleados públicos y los usuarios de los servicios públicos".
No aparece la instrucción en este artículo.
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