Al 90% de los trabajadores del sector se les debe una media
de seis nóminas, llegando en muchos casos a ser de ocho mensualidades.
CCOO ha denunciado que "los retrasos en los pagos por parte de la Junta
de Castilla-La Mancha están provocando que los centros no tengan
recursos económicos para pagar a sus plantillas y a sus proveedores; la
viabilidad de los centros es muy precaria".
La situación afecta a más de 300 centros y servicios creados y
gestionados por familias y entidades sin ánimo de lucro, que sostienen
más de 7.000 plazas asistenciales y dan cobertura a más de 50.000
usuarios que son atendidos por más de 10.000 profesionales.
Nos encontramos ante un colapso en la atención a la discapacidad en
la región, ya que el 95% de los centros y servicios dependen de
asociaciones sin ánimo de lucro y se financian exclusivamente a través
de los convenios suscritos con la Administración regional.
Este sindicato "exige una solución. Si la incertidumbre continúa en
los próximos meses y el próximo año, puede que las entidades comiencen a
realizar despidos y, lo que es más grave, dejen de prestar unos
servicios esenciales para un colectivo tan vulnerable y cuyos derechos a
unos servicios sociales de calidad no estarían garantizados".
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