Tras la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha el pasado 27 de enero estimando los recursos interpuestos y declarando las órdenes de 20 de agosto nulas de pleno derecho, la Administración regional presentó recurso de casación ante el Tribunal Supremo, lo que obligó a los sindicatos recurrentes, UGT y STAS, a pedir la ejecución provisional de la sentencia.
Tras varios trámites, entre los que encontramos una llamada de atención de la Sala hacia la JCCM para que fuera más explícita con sus intenciones de ejecutar, el Tribunal ha determinado denegar la ejecución provisional y parcial de la sentencia, ya que no entiende que la Administración pudiera obtener beneficio alguno en el desempeño de unos puestos que no consideró necesarios, lo que supone que tendremos que esperar a la Sentencia definitiva que emita el Tribunal Supremo dentro de 1 año o año y medio.
UGT respeta el fallo del Tribunal, aunque continúa opinando que, a pesar de que la Sala entiende que la falta de ejecución no determina perjuicios de intensidad irreparable para los funcionarios afectados, sí puede aumentar en muchos millones la deuda de esta Comunidad autónoma, ya que los 15 millones estipulados hasta el momento se pueden duplicar si el Tribunal Supremo avala la sentencia.
Por otra parte, lo que resulta inconcebible es la actitud de la Administración regional:
La Presidenta de la Junta declaró el 7 de febrero literalmente que ”se van a volver a crear todos los puestos de trabajo que se amortizaron en 2012 y se va a readmitir a las personas despedidas”, “readmitiremos a estas personas, volveremos a crear los puestos de trabajo y paralelamente se recurrirá la sentencia”.
Además, el Consejero de Presidencia el día 10 de abril anunciaba que “se ejecutará la sentencia aunque se han pedido los datos necesarios que no están en poder del Gobierno”.
Ambas declaraciones absolutamente contrarias a lo que recogen las alegaciones presentadas por su gabinete jurídico en las que se oponen a la ejecución.
Hemos de recordar al Gobierno regional que Castilla-La Mancha es la séptima comunidad autónoma con más personas desempleadas de Europa, en lo que ha colaborado el ejecutivo con 20.000 ceses de empleados públicos en sus dos años de gobierno.
Las personas afectadas por esta sentencia en el mes de agosto dejarán de cobrar la prestación por desempleo. Difícilmente la situación económica de esa región puede mejorar si seguimos generando parados de larga duración.
UGT siempre ha actuado con las cartas boca arriba, diciendo claramente en qué fase del proceso estábamos y en qué términos se desarrollaban sus actuaciones. Sólo pedíamos a la Administración la misma claridad, algo que no ha cumplido, interfiriendo vilmente en las esperanzas y expectativas del personal afectado, de una manera que puede rallar la crueldad. Por ello, pedimos una vez más la dimisión tanto del Consejero de Presidencia como de la propia Presidenta regional.
Recordamos que este Gobierno sigue imputado por conducta antisindical y que, es a ellos a quien se está juzgando por incumplir el artículo 28.1 de la Constitución Española y no a los a los sindicatos ni a los interinos cesados ilegalmente.
Seguimos adelante con la Manifestación prevista para el sábado 26 de abril en la que se iba a pedir la readmisión de los interinos y la retirada del plan de RRHH de Conductores en la que ahora, y con más fuerza y más ganas que nunca vamos a pedir a este Gobierno sólo una cosa “que diga la verdad o que se vaya”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario