Los funcionarios también lloran

Fuente: publico.es, 19 de diciembre

Ana Garcia Fermosell, funcionaria, posa a las puertas del Instituto Nacional de la Seguridad Social

En la casa de Ana García, administrativa de la Administración Central del Estado, casada y con dos hijos, entran mensualmente sus 1.400 euros y los 420 que cobra su marido y que se terminarán en enero. Ana lo divide en montoncitos para hacer frente al “ahogo” de los 650 euros mensuales de la hipoteca, 200 euros en luz, agua y teléfono, 200 euros más para contribuir al pago del alquiler de sus suegros, perceptores de pagas no contributivas, 80 euros en las clases de inglés de una de sus hijas y, si viene algún pago imprevisto, la incertidumbre se hace presente y el mundo se le viene encima.

Su marido quedó en paro justo al mes de aprobarse la última reforma laboral. Trabajaba como cocinero en una empresa rentable que sigue funcionando. Sin embargo, el empresario alegó que preveía menos ingresos y sobraban el marido de Ana y otros compañeros. Las hijas de Ana, dos adolescentes, saben que no se pueden apuntar a las actividades extraescolares ni a los viajes de fin de curso porque, después de hacer frente a todos los gastos, en casa sólo quedan 690 euros de libre disposición para comer e “ir tirando”.

“Yo no soy una privilegiada por ser funcionaria”, se defiende, “nos están echando encima a la opinión pública y soy tan víctima de la crisis como el que más”, afirma Ana, en un arrebato de indignación contra la estigmatización que sufren los trabajadores públicos. A Ana se le llena la cara de lágrimas sólo de pensar qué pasará en enero, cuando su marido dejará de cobrar la prestación de 420 euros y tenga que sobrevivir con 270 euros después de pagar hipoteca, luz, agua, telefonía, la academia de inglés donde va su hija y los 200 euros con los que contribuye al alquiler de la “casita” donde viven sus suegros.

Lola Ortiz es auxiliar sanitaria, su nómina supera tímidamente los 1.000 euros si trabaja días festivos. “Menos mal, si no, cobraría 900 euros“, dice aliviada esta mujer de 45 años, separada, con un hijo de 17 años a su cargo y empleada pública en una residencia de ancianos de la Junta de Andalucía en Montequinto (Sevilla). Antes de la crisis, Lola cobraba 1.300 euros, iba al cine, de vacaciones, llegaba a final de mes y “tenía proyecto de vida”. Ahora, el día 20 ya está al final de mes con 20 euros en el monedero y se atormenta pensando “si habrá dinero para ingresarnos la próxima nómina”.

Con sus 1.000 euros recortados, Lola paga la letra del coche que la lleva a diario a trabajar, la academia de inglés de su pequeño y da de comer a su hijo y a su único hermano, de 42 años, pintor que hace tres años que no trabaja y que, desde hace año y medio, forma parte de la lista de 600.000 andaluces sin ningún tipo de ingresos, según la Red Andaluza contra la Pobreza y la Exclusión Social.

El proyecto de vida actual de Lola es dar “paseítos” por todos los supermercados. “Allí compro el café, que es más barato; aquí compro la leche, que es más barata; en el otro lado compro el detergente, que es más barato; y en la esquina del barrio compro el pan, que es más barato”. Paseítos para estirar los 1.000 euros que la han dejado sin proyecto de vida.

Nadie imaginaría que Patricia, profesora de Música en un instituto público, no ha pagado este mes la hipoteca. “He tenido que elegir entre comer o pagar”, cuenta esta mujer de Estepa (Sevilla). Tiene dos hijos, de 9 y 11 años, está casada y su marido está en paro.

Con su sueldo de 1.800 euros, hace frente a una hipoteca de 800 euros, a los 350 euros de gasolina que necesita para el viaje de ida y vuelta de los 55 kilómetros que separan Estepa del instituto de Marchena donde trabaja, otros 200 euros para pagar las facturas de agua, luz y telefonía y los 170 euros del crédito del coche sin el cual no podría trasladarse a su centro de trabajo.

A principio de cada mes, a Patricia le sobran 280 euros. Sus hijos, ella y su marido, víctima de un ERE del Ayuntamiento de Estepa, acuden diariamente a almorzar a casa de sus padres. Los niños meriendan por la tarde con sus abuelos paternos. “Y por la noche llego a casa, miro la nevera vacía, suspiro y digo: no tenemos ni yogures”, relata esta joven de 39 años que, antes de que su marido fuera despedido, organizó su vida creyendo que los 3.000 euros que entraban en casa serían para siempre.

Humberto Muñoz, dirigente de CCOO, calcula que los trabajadores públicos han perdido, desde 2010, un 30% de su poder adquisitivo, consecuencia de la subida en 10 puntos del IPC, del incremento del IVA y el IRPF, la aplicación de los recortes y congelación salariales en el sector público y la eliminación o reducción importante de las pagas extraordinarias. Muñoz afirma que los trabajadores autonómicos, como en el caso de Patricia y Lola, son los que más han visto mermados sus ingresos porque acumulan los recortes de los gobiernos español y andaluz.

Miguel Altuna, profesor de Sociología Política de la Universidad de Sevilla, alerta de que el empobrecimiento de la clase media, convertida en clase social baja, “está rompiendo el contrato social” y prepara el terreno político para el mensaje antidemocrático “a ver si viene alguien y arregla esto”. Por su parte, desde CCOO Andalucía hacen hincapié en que la mayoría de los trabajadores públicos tienen salarios que rondan los 1.000 euros y que “rebajar sus condiciones laborales repercute directamente en la calidad del servicio público que prestan”.

Lola, auxiliar que trabaja con ancianos que son grandes dependientes, se pregunta: “¿Qué será de nosotros como sociedad si abandonamos a las personas mayores?”. Ella, mientras tanto, entre paseíto y paseíto en busca de lo más barato, sigue levantando, movilizando y acostando a los residentes de su centro de trabajo que ni saben ni deben saber que los meses de Lola solamente tienen 20 días.