lunes, 25 de febrero de 2013

La nueva reforma municipal abre la puerta a privatizar el Patronato Deportivo


El plan de Ajuste aprobado por el Ayuntamiento para reducir el déficit ya propone sacar a concesión el servicio de deportes para compartir los costes con una empresa privada


Fuente: La Tribuna de Toledo, 25 de febrero

El documento definitivo del Plan de Ajuste aprobado por el Ayuntamiento de Toledo y el anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local convergen en la misma idea: hay que ir a un modelo de gestión indirecta del patronato deportivo, es decir privatizarlo o buscar una fórmula de colaboración público-privada.



El documento más claro a este respecto es el Plan de Ajuste del Ayuntamiento de Toledo aprobado en marzo de 2012. Su redacción señala explícitamente que hay «estudiar el modelo de gestión» de este servicio ahora municipal, cuyo déficit para este año podría acercarse a los 300.000 euros. Ylo argumenta. «Actualmente el deporte se ha convertido en un bien de consumo, superando las etapas anteriores de servicio público en instalaciones y práctica. Este hecho se ha visto refrendado recientemente con a viabilidad económica del Centro del Agua».
Por todos estos motivos, la propuesta incluida en el Plan de Ajuste pasa por «compartir junto con la iniciativa privada los costes del servicio de deportes a través de una concesión que se encargaría del mantenimiento y de la conservación de las instalaciones, así como de la explotación del servicio». En este modelo el patronato aportaría el «déficit tarifario» que se situara fuera del riesgo y ventura de la empresa concesionaria.  En 2012, el Ayuntamiento aportó al Patronato Deportivo 3,7 millones de euros y el objetivo es reducir la aportación municipal a este servicio en torno a 1,6 millones de euros anuales. Es decir, que el Ayuntamiento quiere dejar de aportar el 50% del dinero que hasta ahora trasvasa al Patronato Deportivo.
El Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local califica como «competencia propia» de los ayuntamientos la «promoción del deporte y de las instalaciones deportivas y de la ocupación del tiempo libre», un servicio que tiene que prestar atendiendo siempre a los principios de «eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera».
En este sentido, tras la entrada en vigor de la Ley los ayuntamientos estarán obligados a realizar una evaluación de los servicios. Cuando de este informe, que dependerá de los servicios de Intervención, concluya que la prestación es inadecuada, el Ayuntamiento deberá cerrar el servicio si se trata de una competencia es impropia.
En el caso de la promoción de la actividad deportiva, al tratarse de una competencia nata, los ayuntamientos podrán gestionar de forma «indirecta» el mencionado servicio. En caso de no querer privatizarlo, podrán aprobar un plan de reducción de costes para que en el plazo máximo de tres años se sitúen en los costes estándar que se determinen. Sin embargo, la no aprobación de es plan o su incumplimiento tendrá graves repercusiones para el Ayuntamiento incumplidor porque no podrá acceder a los mecanismos de financiación previstos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ni tampoco beneficiarse de la posible aplicación de reducciones en los porcentajes de retención en la participación de los tributos del Estado.

El PDM sube de momento las tasas para los usuarios

Mientras se toma una decisión sobre la posible privatización del patronato Deportivo aplicando el modelo concesional del Centro del Agua, el Ayuntamiento, obligado por el plan de ajuste vinculado al préstamo de pago a proveedores, ha comenzado a aplicar medidas de ahorro para minorar la aportación municipal. El objetivo es que entre el año pasado y este el Ayuntamiento haya dejado de transferir al patronato del orden de 925.000 euros. Para compensar este descenso de la inyección económica municipal, el Patronato Deportivo ha iniciado una política de revisión de precios con el objetivo de reducir la minoración de la aportación municipal. La aplicación de las nuevas tasas, que deberían haber entrado en vigor el 1 de febrero, causó un hondo malestar entre los usuarios de las instalaciones que llegaron a recoger firmas para evitar su aplicación. El edil de Deportes, Alfonso Martín, prometió escuchar las alegaciones de los usuarios.

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