Fuente: www.diarioelaguijon.com, 20 de noviembre
El Tribunal de Cuentas, en su último informe sobre la gestión de las Comunidades Autónomas pone de manifiesto el enorme descontrol en la contratación pública, donde se cometen ilegalidades e irregularidades que han dado lugar a diferentes casos de corrupción que aún investigan los tribunales de justicia.
Andrea Martinez-Lage 19.11.12 La auditoría ha analizado 2.500 contratos de todo tipo adjudicados por casi 10.000 millones de euros entre 2006 y 2007. Esta radiografía del Tribunal de Cuentas sobre las anomalías que se producen en la contratación de comunidades concluye que hay errores especialmente graves en la utilización del dinero público por parte de los Gobiernos autonómicos.
Este informe llegó hace seis meses al Congreso de los Diputados y hoy todavía no se ha analizado ni debatido. El texto desgrana la gestión del gasto de cada una de las autonomías en 2006 y 2007. Fuentes parlamentarias se escudan en que “No hay fecha para analizar ese informe porque llevamos retraso”.
Dentro de los 239 folios que tiene el estudio, se recogen todas las irregularidades detectadas.
Irregularidades tales como “la falta de justificación por los servicios promotores de la necesidad de los contratos para el funcionamiento de los correspondientes servicios públicos o justificaciones carentes de un nivel de concreción razonable o insuficiente justificación de los costes de las contrataciones al haberse aportado los correspondientes datos, cálculos y cuantificaciones”. Otras hablan del “troceo” para evitar concursos públicos, fraccionando indebidamente la cuantía de los contratos para poder tramitarlos mediante negociaciones sin publicidad o contratos menores; eludiéndose así los procedimientos y las formas de contratación establecidos que garantizan el cumplimiento de los servicios de transparencia, publicidad y concurrencia.
También ha detectado el Tribunal falsa urgencia en la tramitación de expedientes, muchas veces sin justificarse convenientemente, que hace que se reduzcan a la mitad los plazos establecidos e incluso que se restrinja la concurrencia.
El informe habla también del abuso de concurso en lugar de la subasta “Utilización desproporcionadamente mayoritaria del concurso en detrimento de la subasta, forma ordinaria de adjudicación de obras, que se aplicó muy escasamente a pesar de que, por el carácter absolutamente reglado del procedimiento, implicaba un menor riesgo de conculcación de los principios de transparencia y objetividad y de que, generalmente, permitía obtener las mayores bajas sin perjuicio del aseguramiento de los medios, la capacidad y la solvencia de las empresas licitadoras”.
Detecta también el estudio la vía injustificada en la elección del procedimiento y la adjudicación de los contratos (sobre todo en los supuestos que permitían la contratación conjunta de proyectos y obras).
El informe ha encontrado una falta de criterios en la adjudicación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares de los concursos, al no haberse expresado con precisión y al no fijarse la metodología para su aplicación y para la asignación de las puntuaciones de los baremos. Dice “al establecerse como criterios aspectos que solo deben utilizarse para la admisión a las licitaciones, referentes a la valoración de los medios materiales y personales o a la experiencia de las empresas. En algunos casos, se establecieron mayores puntuaciones para los licitadores que acreditaban experiencia o medios vinculados con la respectiva comunidad autónoma, lo que resulta contrario a los principios de igualdad y no discriminación, y no siempre se establecieron con precisión límites a las variantes o alternativas que podían establecer los licitadores, lo que implica una especial dificultad para una valoración homogénea y objetiva de las ofertas”.
Encuentra el informe la falta de datos técnicos en las adjudicaciones de los concursos en informes técnicos de valoración de las ofertas sin motivar o incorrectamente motivados”. El estudio del Tribunal de Cuentas encuentra bajas extrañas de los precios de las ofertas en los pliegos e informes de valoración de los concursos, faltando constancia de las circunstancias que justificaran la actuación que va en contra del principio de economía en la gestión de los fondos públicos.
Retrata también la falta de publicidad no habiendo justificación para los supuestos legales que permite que haya procedimientos negociados sin publicidad. Esto implica la mayor discrecionalidad en la selección de adjudicatarios; sobre todo cuando se invocó la una urgencia imperiosa o un fin único de un solo empresario capacitado para la realización de las correspondientes prestaciones.
El Tribunal de Cuentas ha encontrado modificaciones de contratos en ejecución, sobre todo de obras y sin que conste la exigencia de responsabilidades o resarcimientos de los daños causados a las administraciones. Hay incluso contratos complementarios que se modificaron por contener actuaciones cuya ejecución era necesaria e inseparable de lo que se proyectó en un principio.
Las Comunidades Autónomas se plantean el euro por receta, el copago en materia sanitaria y otras fórmulas de recorte en sanidad, mientras que en 2006 y 2007 había una constancia deficiente en las facturas de suministros de bienes fungibles o de material sanitario a hospitales o servicios públicos de salud.
Este informe recoge datos de 2006 y 2007, pero a día de hoy hay causas abiertas en los tribunales de justicia que investigan sobre estos temas. La falta de rigor en la publicidad de los concursos, la asignación de contratos “a dedo” y errores en temas de sanidad se daban en hace seis años, cuando la situación del país no era la de ahora, pero aún hoy se siguen sucediendo.
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